Por Clément Paule
Traducción: Daniel Del Castillo
Passage au crible n°66
Source : Wikipedia
Desde hace poco más de un mes, el gigante petrolero Total trata de contener la fuga de gas que fue declarada el pasado 25 de marzo, en el pozo G4 de la Plataforma Elgin, en el Mar del Norte. Con este fin, la compañía lleva a cabo simultáneamente un procedimiento de dynamic kill – relleno por inyección de barro pesado – además de una solución a largo plazo, que se basa en dos excavaciones de urgencia. Tras evaluar las pérdidas diarias en más de 2,5 millones de dólares, la supermayor afirmó el 20 de abril que el volumen de emisión de gas, estimado en un principio en 200 000 metros cúbicos diarios, había sido dividido por tres. Según los responsables de la compañía, las consecuencias medioambientales serían incluso limitadas, información que fue confirmada en los análisis llevados a cabo por la marina escocesa, a principios de mayo. Este discurso tranquilizador fue sin embargo criticado por la OING (Organización Internacional No-Gubernamental) Greenpeace que, el 02 de abril, envió un barco para tomar unas muestras cerca al emplazamiento del siniestro. Más allá de su impacto inmediato en lo económico – los resultados de la empresa y el mercado del petróleo bruto del Yacimiento Forties – además del ecológico; esta crisis relanza la controversia sobre los riesgos internacionales relacionados con las plataformas offshore.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Durante las tres últimas décadas, la demanda de gas natural ha aumentado regularmente y la producción mundial ha sobrepasado el doble. En este sentido, la industria se estableció desde finales de los años sesenta en el Mar del Norte, principal reservorio de hidrocarburos de Europa Occidental. No obstante, la disminución de la extracción en esta zona – medida a 6% por año en promedio, el máximo fue alcanzado en el año 2000 – condujo a las compañías a desarrollar nuevas técnicas con el fin de extraer en yacimientos cada vez menos accesibles, en condiciones extremas de temperatura y presión. Al iniciar operaciones en 2001, la infraestructura de Elgin fue presentada como una vitrina de la innovación tecnológica, que ha ido un paso más allá en la explotación petrolífera en aguas profundas. En 2011, las inversiones realizadas solamente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) británica ascendieron a 8,6 mil millones de euros.
Sin embargo, los avances tecnológicos no anulan el riesgo, como nos lo recuerda el desastre de la Plataforma Piper Alpha acontecido en julio de 1998. En lo que a esto concierne, la explosión seguida del incendio de esta Plataforma, operada por la Occidental Petroleum Corporation (Oxy), provocaron la muerte de 167 personas y varios miles de millones de dólares en daños. Citemos también las anomalías que fueron recientemente reveladas en el yacimiento de Gullfalks Center en noviembre de 2009 y mayo de 2010: el reporte de la agencia noruega Petroleum Safety Authority (PSA) recalcó entonces fallas en los procedimientos de seguridad. Según el ministerio británico Department of Energy and Climate Change (DECC), estos cuasi accidentes se producirían casi diariamente. En efecto, se censaron 69 fugas de hidrocarburos o productos químicos solamente durante el primer semestre del año 2012.
Siendo la tercera empresa que interviene en Mar del Norte – después de Shell y la BP, ex British Petroleum – Total detiene la mayor capitalización bursátil de la zona euro, con 93,2 mil millones de euros a finales de 2011. La participación del grupo en el yacimiento de Elgin-Franklin se eleva a 46,2% de estos dos campos petrolíferos, que proveen 2% – ya sea 53 000 barriles de crudo diarios – de su producción total. En cuanto a Greenpeace, asociación fundada en Canadá en 1971, ésta dispone de representaciones en unos cuarenta países: en 2010, esta red internacional ya contaba con cerca de tres millones de miembros – entre los cuales hay varios miles de asalariados y voluntarios – además de su presupuesto, basado exclusivamente en las cotizaciones de sus adherentes, que se eleva a 225 millones de euros. Si bien esta OING cuenta con una gran reputación por sus espectaculares intervenciones; el lobbying, los procedimientos judiciales y la experticia se encuentran a partir de ahora en el corazón del repertorio de acción de esta organización centralizada y profesional.
1. La gestión privada de una crisis limitada. El escenario post-accidental es embestido por los actores privados, mientras que las autoridades británicas permanecen apartadas. Esta configuración favoreció la comunicación de Total, que se encuentra sin embargo compitiendo con el despliegue militante de Greenpeace.
2. Una regulación regional del sector offshore. Este acontecimiento contribuye a la intensificación de la polémica sobre la intervención de la Unión Europea (UE) en la reglamentación de la explotación en el Mar del Norte. Apoyado por la OING medioambientales, como por ciertos diputados europeos, este proyecto – que prevé un refuerzo de las obligaciones en materia de actividades petroleras y gasíferas – es combatido con mucho ahínco por la industria de este sector.
Desde el 28 de marzo de 2012, Greenpeace condenó a la multinacional al invocar el desastre precedente de la Plataforma Deepwater Horizon, que implicó a la BP en 2010. Además, la movilización de la OING se concentró en la crítica del monopolio del diagnóstico, detenido por los administradores del incidente, en este caso Total y los expertos del Wild Well Control. Esta acción de estigmatización no ocasionó sin embargo el naufragio económico de la compañía, a pesar de producirse inicialmente un derretimiento de la capitalización bursátil de la supermayor, cuya cotización ciertamente bajó de 8% entre el 25 de marzo y el 08 de abril de 2012. Total parece en efecto haber logrado atenuar las consecuencias del escape de gas al desarrollar una comunicación de crisis enfocada en el control de la información. La ausencia tanto de víctimas como de marea negra, el supuesto bajo impacto a nivel medioambiental y el apoyo tácito de los gobiernos británico y escocés jugaron, en este reporte, a favor del operador de Elgin. Subrayemos que el director financiero de Total se dirigió rápidamente a los accionarios anunciando que el evento no modificaría su política de dividendos, basada en beneficios avaluados en 12 mil millones de dólares para el año 2011. Lo cual pone en evidencia la relación ambigua que se establece entre la degradación de la imagen de la empresa – acentuada en abril de 2012 por un nuevo incidente en Nigeria y el curso del caso Erika – y la reacción del mercado. Los principales brokers – entre los cuales encontramos a Exane BNP Paribas, el Crédit Suisse o HSBC – conservaron de esta manera una posición neutral, incluso moderadamente optimista, en cuanto al funcionamiento del grupo. Sobre todo teniendo en cuenta que la aseguradora de éste cubre los daños ocasionados hasta por mil millones de dólares.
Total parece haberse salvado relativamente bien del siniestro. En cambio, el sector entero enfrenta un realce de las críticas dirigidas por parte de las ONG – en primera línea Greenpeace – y los euro diputados que preconizan una reglamentación más vinculante de la explotación offshore en el Mar del Norte. Estructurado sobre una base nacional, el sistema actual reposa en la cooperación entre la entidad reguladora del Estado – por ejemplo el Health and Safety Executive (HSE) del Reino Unido – la industria y los sindicatos. A pesar de la reforma consecutiva a la catástrofe de Piper Alpha, esta organización fue acusada de perpetuar las fallas, así como favorecer una cierta colusión entre los diferentes interventores de la situación. En 2010, el Comisario Europeo a cargo de la energía se declaró incluso a favor de un control de los controladores, acompañado por un moratorio sobre la extracción en aguas profundas. A pesar de esto, el proyecto de iniciativa reglamentaria formulado por la Comisión en octubre de 2011 insistió sobre todo en la homogeneización de los procedimientos y el endurecimiento de las condiciones de obtención de nuevas licencias, lo cual incluiría la posibilidad financiera de cubrir cualquier tipo de accidente. Según la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, el monto de estas provisiones contra todo riesgo alcanzaría los 10 mil millones de euros, lo cual causaría sin duda un efecto en las cuentas de las empresas que operan en el Mar del Norte. Estas medidas se enfrentaron entonces a una oposición generalizada, desde la industria – las 200 compañías representadas por Oil & Gas UK – hasta los sindicatos de trabajadores – National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), así como la Unite the Union – pasando también por el gobierno británico. Al recalcar la calidad de sus estándares de extracción, estos actores denuncian la transferencia de esta competencia hacia una nueva entidad, desprovista de experiencia, en detrimento de un enfoque pragmático y concertado en el centro del sector.
Evidentemente, la movilización de Greenpeace por la fuga de Elgin se inscribe en su campaña global Go Beyond Oil, apuntada especialmente hacia los riesgos inducidos por los proyectos de inversión en el Ártico. Basándose en un reporte de la compañía de seguros Lloyd´s, el empresario medioambiental denuncia esta oleada hacia el polo norte, simbolizada por el proyecto Shtokman Development AG (SDAG). Recordemos igualmente que la Agencia Internacional para la Energía (AIE) teme nuevos accidentes luego de que las firmas petroleras se liberen de sus compromisos de producción en el Mar del Norte. El costo del desmantelamiento de las 500 plataformas y los 8 000 pozos petrolíferos de este espacio marítimo podría alcanzar los 100 mil millones de dólares, según las estimaciones de Douglas-Westwood y Deloitte Petroleum Services. Éstos son los múltiples aspectos disimulados por la carrera tecnológica de la explotación petrolífera, estimulada por un mercado altamente competitivo, apoyado por los Estados. Estas experticias alternativas nos indican que la regulación de la extracción offshore se estructura más a partir de las lógicas financieras y de seguros, sin orientarse hacia la preservación de los bienes públicos mundiales.
Ravignan Antoine de, « Greenpeace, entre contestation et négociation », L’Économie politique, (18), 2003, pp. 86-96. Greenpeace International, Annual Report 2010, Consultable en la página web: http://www.greenpeace.org [25 de abril de 2012].
Lloyd’s & Chatham House, Arctic Opening: Opportunity and Risk in the High North, 2012. Portal de Total dedicado al incidente: http://www.elgin.total.com/elgin [1ero de mayo de 2012].
