Por Clément Paule
Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°39
Source : Flickr
Según la edición del 3 de mayo, del Diario Asahi Shimbun, el gobierno japonés evaluó el monto de las compensaciones a cerca de 50 millones de dólares, que debieron haber sido depositados por TEPCO (Tokyo Electric Power Company). Casi tres meses después del sismo del 11 de marzo de 2011 el accidente ocurrido en la central de Fukushima Daiichi no parece haber sido bien gestionado por el gigante de la electricidad en Asia. Por lo tanto, la cuestión de la indemnización de las victimas –individuos y comunidades locales – suscita algunas controversias mientras que las autoridades y las industrias son fuertemente criticadas por su mala gestión de la crisis. De esta manera, el presidente de la potente organización patronal Nippon Keidanren (Federación de organizaciones económicas japonesas), Yonekura Hiromasa, pone en duda la responsabilidad del Estado, supuesto obligado a asegurar la integralidad de las indemnizaciones. Por ahora, según el grupo JP Morgan Chase, el costo financiero de la catástrofe se eleva a 24 millones de dólares para TEPCO, mientras que el Banco Bank of America-Merrill Lynch evoca un monto cinco veces superior.
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Tercer productor mundial de energía nuclear, – detrás de los Estados Unidos y Francia –Japón cuenta hoy con aproximadamente cincuenta reactores en actividad, generando cerca del 30% de la actividad del país. Con el objetivo de reducir su fuerte dependencia frente a los combustibles fósiles, el Estado nipón opto desde los años setentas por una estrategia privilegiando la industria atómica. Estimulado por la gigantesca inversión y la cooperación americana, dicho sector se desarrolló considerablemente comprendiendo Toshiba, Hitachi, o Mitsubishi Heavy Industry. En 2006, el METI (Ministerio de Economía, Comercio y la Industria) afirmó su objetivo de producir, desde ahora y hasta el 2030, 50% de las necesidades eléctricas a partir de dicha tecnología. A ese efecto, la construcción de una docena de nuevas estructuras ha sido planeada por las próximas décadas.
Igualmente recordemos que TEPCO, líder del mercado japonés, cuarta firma mundial – después de RWE, EDF (Electricidad de Francia) y E.ON – fue creada en 1951 en el marco del final del monopolio energético del Estado. Desde los años sesenta, la empresa conoce un fuerte crecimiento permitiéndole invertir en el sector nuclear: el complejo de Fukushima Daiichi se volvió operativo en marzo de 1970. En poco tiempo TEPCO se impuso como la primera multinacional productora de electricidad en Asia. Dicho ascenso fue paralizado por numerosos escándalos: en agosto del 2002, las autoridades revelaron la falsificación de decenas de documentos producidos para disimular los incidentes ocurridos en sus instalaciones desde los años setenta. De forma general, las polémicas implicando la industria se multiplicaron con los incidentes de Tokaimura en 1999 o de Mihama en 2004.Tratandose de TEPCO, el sismo de Chuestu en 2007 provoco el cierre, durante 21 meses, de la más grande central – Kashiwazaki-Kariwa, localizada a 250 kilómetros al Norte de Tokio. Para ese entonces, la compañía había registrado sus primeras pérdidas en veintiocho anos, estimadas a 4,4 millones de dólares.
1. Red de fidelidad en el sector nuclear. Denunciadas por los movimientos ecologistas bajo el término de “oligarquías”, las colusiones que unen los actores nucleares, públicos y privados parecen estructurantes en el desenvolvimiento de la crisis. Caracterizados por su irresponsabilidad política y judicial, los responsables buscan mantener una solidaridad de facto frente al desarrollo de críticas profanas.
2. Estrategia de desvío (blame avoidance): La gestión del desastre se vuelve igualmente teatro de tensiones entre los mismos interesados en cuanto a la imputación del error. En este caso el gobierno fragilizado, antes del sismo, trata de otorgar la responsabilidad del accidente a TEPCO.
Primeramente, conviene de poner en evidencia las similitudes del evento con la implicación de la gran petrolera BP en la marea negra del Golfo de México en 2010. Efectivamente, la estigmatización de la multinacional marginal, la inculpación por la subcontratación o la caída de la firma en la bolsa, aparecen como elementos comunes a dicha coyuntura post-accidente. Aun mas, TEPCO no parece ser capaz de controlar la situación puesto, que su primer plan de salida de crisis fue presentado el 18 de abril del 2011. En lo que se refiere a sus dirigentes, se refugiaron en manifestaciones públicas de remordimientos. Aun más, la comunicación de la compañía se encuentra lacunaria, casi falsa. Los repetidos fracasos que terminaron por arruinar la reputación de dicho actor, criticado por el Estado, estimularon el surgimiento de controversias socio técnicas y de experiencias alternativas. Sin embargo, al contrario de BP en 2010, es importante retener el fracaso de las agencias nacionales de regulación, particularmente de la NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency), responsable de las inspecciones del METI y de la comisión NCS (Nuclear Safety Commission) dentro de las cuales las reglas no fueron examinadas. A pesar de la acción de los alarmistas – whistleblowers – como los sismólogos Katsuhiko Ishibashi y Kiyoo Mogi denunciando, no solamente las reglas sino también los conflictos de intereses. Recordemos que las recomendaciones de la AIEA fueron ignoradas igualmente, dentro de las cuales la moratoria de cinco anos sobre el enriquecimiento y la recuperación, aun si esta había sido reclamada por el antiguo director Mohamed El Baradei.
Por otro lado, notemos la ambigua actitud del gobierno frente a TEPCO, amenazada de nacionalización pero apoyada por el Estado. Al respecto el alejamiento de la ONG Greenpeace – para proceder a la medida de las radiaciones o a la creación de un fondo de indemnización destinado a evitar la bancarrota de la empresa – traduce este apoyo. Recordemos que en el pasado, las autoridades cubrieron los accidentes comprometedores del operador y que el escándalo de 2002 tuvo un gran impacto en el grupo. Subrayemos también los efectos de la internacionalización de los actores nucleares japoneses, que acompañaron la creciente regulación de los anos noventas. Citemos por ejemplo el acuerdo de la JINED (International Nuclear Energy Development of Japan Co. Ltd) establecido en octubre de 2010 entre el Estado y la Industria para la exportación de la tecnología en el extranjero. Además, mencionemos también el papel de TEPCO en el marco del Protocolo de Kioto, con el objetivo de alcanzar los objetivos del país en materia de reducción de las emisiones de CO2. Efectivamente vemos que las proximidades institucionales y estratégicas se refuerzan gracias a la red de fieles uniendo la alta administración y los grandes de la electricidad cristalizados en el METI, oscilando entre promoción de la energía atómica y controles de seguridad.
Por ahora, esta configuración trajo consigo el cierre del espacio de gestionarios de la catástrofe, principalmente sobre las evaluaciones de los escapes radioactivos. Es una prueba la renuncia por desacuerdo de las medidas tomadas por el gabinete del presidente Toshiko Kosako – consejero científico del Primer Ministro- a finales del mes de abril. Conjuntamente, los comentadores críticos castigaron la circulación circular de la información –según la expresión de P. Bourdieu- destilada por los léales responsables del sector nuclear. Contrariamente a los Estados Unidos, frente a BP, las autoridades japonesas oscilaron entre una cierta solidaridad hacia TEPCO y una estrategia de desvío, pasando por la estigmatización de un actor de antemano marginalizado. En todo caso, la colusión y el encimo – staddling- entre público y privado, no son cuestionados como tales. Aparece el riesgo de free-riding – o hacer rancho aparte- de un Estado participando al control, la disimulación de información en nombre de las prioridades estratégicas. Esta organización del secreto – que no sabrá ser imputada a una pretendida especificidad japonesa – representa un peligro no solamente para la población sino para los bienes públicos mundiales, más precisamente. Esto se revela aún más problemático que si las instancias internacionales de regulación – la AIEA – estuvieran mucho más preocupadas por la vertiente militar de la tecnología para uso civil, no obstante, particularmente arriesgada.
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