Por Florian Hévelin
Traducción: Eva Doya-Le Besnerais
Passage au crible n°109
Pixabay
El 30 de enero de 2014, la flota de pesca del grupo francés Intermarché – la “Scapêche”- se comprometió a no hundir sus redes a más de 800 metros de profundidad. Además, las asociaciones de protección de la biodiversidad marina tienen acceso a los datos de sus nueve barcos para la pesca en aguas profundas. Intermarché se suma así a un grupo de iniciativas privadas de las grandes cadenas de distribución francesas tales como Casino, Auchan o incluso Carrefour. Paradójicamente, el compromiso con la protección de la fauna abisal llega inmediatamente después de que el “Scapêche” conociera, para su satisfacción, que el Parlamento Europeo emitió el día 10 de diciembre del 2013 una opinión contraria a la propuesta de ley formulada en el año 2012 que pretendía prohibir la pesca de arrastre en aguas profundas. Aunque vencidas a nivel comunitario, las ONG ecologistas han conseguido convencer a algunos empresarios para que regulen sus actividades para poder así prevenir la destrucción de los fondos marinos. Para estas ONG, sensibilizar a los consumidores sobre los riesgos medioambientales se ha convertido en una tarea tan importante como la de hacer lobby ante las instituciones comunitarias.
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> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
La conservación de los recursos pesqueros cobra todo su sentido en el marco de la PPC (Política Pesquera Común). En los años 70 las primeras normas comunitarias adoptadas a ese respecto no le atribuían todavía esta función ecológica. Estaban principalmente orientadas a la creación de una organización sectorial, una copia de la PAC (Política Agrícola Común), el financiamiento de la modernización de la herramienta de producción y de la mutualización de las aguas nacionales. Aunque el agotamiento de las reservas de peces es objeto de una atención particular desde los años sesenta, la PPC no ha dado respuesta hasta el año 1983 y lo ha hecho a través de un texto poco modificado desde entonces. Este texto establece, país por país, cuotas de pesca e impone normas técnicas estrictas sobre el trenzado de las redes, el tamaño de las capturas e incluso la motorización de los barcos de pesca.
El debate actual sobre la prohibición de la pesca en aguas profundas y sobre las técnicas de pesca asociadas no es nuevo. En un contexto político marcado por la apertura a la sociedad civil de las instituciones comunitarias, las negociaciones concluyeron en un acuerdo en 1998 que prohibía el uso de las RED (Redes de Enmalle y Deriva). La Unión Europea se alineaba entonces con una resolución de Naciones Unidas que concretizaba la campaña internacional de Greenpeace en favor de la protección de los delfines. Durante ese periodo, surgieron iniciativas privadas que anticipaban la legislación europea. Recordemos a modo de ejemplo, que Unilever propuso en 1997 a la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) – es decir, un año antes de la prohibición de las RED- la creación de un Consejo para la Buena Gestión de los Recursos Pesqueros. Sin embargo, encargada de emitir ecoetiquetas esta instancia entraría en competencia directa con la Comisión Europea, que deliberaba sobre el tema paralelamente. La ecoetiqueta MSC (Marine Stewardship Council), que ella elabora, monopoliza actualmente el mercado de la certificación ecológica de la pesca y paraliza las iniciativas de la Unión Europea en ese sector. En realidad, la relación de fuerzas actual en el seno del sistema europeo obliga a las ONG ecologistas, defensoras de la prohibición de la pesca de arrastre en aguas profundas, a orientar prioritariamente sus estrategias hacia una gestión privada de los océanos.
La existencia de una comunidad epistémica. La calidad del trabajo de las ONG ecologistas, reconocida por la Comisión Europea, facilita su acción de lobby y la incorporación de sus proposiciones políticas en la agenda comunitaria.
La privatización de lo político. La regularización de la pesca en aguas profundas toma la forma de contratos informales entre las ONG y los productores/distribuidores de pescado de los grandes fondos a fin de paliar el déficit de gobernanza europea en la materia.
La representación de los intereses medioambientales en el seno de la Comisión Europea coincide con la creación de una Dirección General dedicada al medioambiente (1973) y con un avance del derecho comunitario en ese tema (Acta Única Europea, 1986). El elevado costo del lobbying en Bruselas ha permitido la estructuración de dos redes. Por un lado, organizaciones federativas compuestas de múltiples asociaciones nacionales ecologistas trabajando sobre temas comunes. En el marco de la lucha contra la pesca de arrastre en aguas profundas, más de setenta de ellas se han unido en el seno de la Deep Sea Conservation Coalition. Por otro lado, Green 10 coordina desde 1991 la actividad de lobby de las diez ONG más importantes en el plano europeo e internacional (WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, Birdlife International, etc.). Así pues, considerarlas como simples “organizaciones no gubernamentales” (Nielson) puede ocultar la “comunidad epistémica” (Haas) que representan para la Comisión Europea. Respondiendo a la necesidad de entender mejor las transformaciones actuales de la acción pública (internacionalización y transnacionalización) en general y la influencia de los grupos ecologistas sobre las políticas públicas en particular, el concepto de comunidad epistémica es totalmente adecuado para analizar los canales por los cuales han podido circular las nuevas ideas de las ONG hacia la actual comisionada de asuntos marítimos y de la pesca). De entre estas organizaciones, la asociación francesa Bloom ilustra la manera en la cual la producción científica privada puede obtener el reconocimiento de la Comisión Europea y basar la legitimidad de la inclusión en la agenda de propuestas políticas. La eficacia de esta apuesta reside en la crítica pluridimensional de la pesca de arrastre en aguas profundas, siempre planteada bajo la perspectiva del desarrollo sustentable. Bloom ha demostrado que: 1) esta actividad no era rentable y que dependía -sobre todo en el caso francés- de las subvenciones otorgadas por los Estados. 2) El empleo en el sector de la pesca sólo es significativo para una parte ínfima ya que sólo un 2% de los barcos operando en el Noreste Atlántico son creadores netos de empleo. 3) esta técnica pesquera, considerada como “la más destructiva de la historia”, agota los ecosistemas para utilizar finalmente sólo tres especies de peces – granadero de roca, sable negro, maruca azul- y tirar por la borda centenares de peces muertos de especies diferentes.
El campo de la acción de lobby europeo resulta ser profundamente asimétrico. Estas ONG intervienen en un terreno dominado por los grupos de interés económicos que disponen de los medios económicos suficientes para producir un expertise que compita con el de las ONG. Así, la mayoría de diputados europeos y de Estados afectados por el tema de la pesca de arrastre en aguas profundas (Francia, España, Reino Unido, Portugal) se han inclinado hacía la industrialización de la pesca. En el impasse institucional, las ONG de defensa de los océanos han en consecuencia incrementado sus esfuerzos para no tener que aceptar la oferta de conformarse con una ética del consumo. La difusión de las buenas prácticas en la materia pasa entonces por la vulgarización de su conocimiento. En este sentido, Bloom ha organizado una conferencia gravada, popularizó un comic (Pénélope Bagieu) e incluso estableció el ranking de los principales supermercados, entre los cuales Intermarché estaría a la cabeza. Frente al éxito de esta estratégica de denuncia (show and shame), que pone en evidencia la repartición forzada de la publicidad, las grandes empresas han tenido que negociar con las ONG para poder así recobrar parte de su credibilidad. Éstas últimas han entonces simbólicamente recompensado los compromisos voluntarios en favor de la biodiversidad marina. WWF, por ejemplo, publicó en su página web oficial un artículo titulado “Las ONG celebran el compromiso de la flota de Intermarché”. Esta estrategia de revalorización de la imagen de las empresas que demuestran cierta responsabilidad social (show and fame) parece formar parte del repertorio de acciones de estos actores no gubernamentales. Sin embargo, la privatización de la gobernanza europea de los océanos, prevista de manera temporal, podría volverse perenne en un contexto internacional caracterizado por la anomia. Dicho de otro modo, los océanos aparecen más que nunca como un bien público amenazado.
Berny Nathalie, « Le lobbying des ONG internationales d’environnement à Bruxelles », RFSP, 58 (1), 2008, pp. 97-121.
Haas Peter M., « Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination », International Organization, 46 (1), 1992, pp. 1-35.
Le Monde, « Pêche en eau profonde : Intermarché ne pêchera plus au-delà de 800 mètres », 31 janv. 2014.
Lequesne Christian, L’Europe bleue. A quoi sert une politique communautaire de la pêche ?, Paris, Sciences Po, 2001.
