Por Jean-Jacques Roche
Traducción : Maria Elisa Alonso
Passage au crible n°3
La cumbre anual de la International Peace Operation Association (IPOA) reunió en Washington del 25 al 27 del pasado octubre más de 400 participantes en torno al tema del apoyo del sector privado en las operaciones de estabilización regional en Afganistan. En esta ocasión, se trataba también de difundir la imagen de un consorcio que reune actualmente 72 SMP (Sociedades Militares Privadas) y de destacar su implicación en el dispositivo de la Alianza Atlántica puesto en marcha en Afganistán.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Fundada en 2001, la IPOA se situó en el primer plano de la actualidad en el 2003, cuando Kofi Annan amenazó con recurrir a sus servicios si las potencias occidentales ne se comprometían en el Congo. Desde entonces, los conflictos en Irak y en Afganistan se han convertido en una fuente de expansión contínua para las SMP. Según los datos publicados por el Congreso Americano en 2008, los Etados Unidos habrían invertido en el sector, 89 mil millones de dólares entre 2003 et 2007 únicamente para la escena irakí (de los que 22 mil millones han sido destinados a logística y entre 6 y 10 estrictamente a operaciones de seguridad). De este modo, la sociedad Blackwater (actualmente rebautizada XE) ha recibido 832 millones de dólares entre 2003 y 2007 únicamente para asegurar la protección de diplomáticos americanos. Una inversión a priori rentable, porque sólo un diplomático ha sido asesinado desde el principio de la invasión. Con un número de entre 25 a 30.000 hombres desplegados en el país, el contingente de las MO representaba durante esta período la segunda fuerza presente en el territorio. Se podría pensar que esta elección de la administración Bush sería cuestionada por el nuevo presidente. En efecto, la intención anunciada por Barak Obama, de acelerar la retirada americana, así como su voluntad de intensificar la lucha contra los talibanes gracias al envío de 10.000 hombres adicionales a Afganistán, ha representado, sin embargo, una formidable bocanada de aire fresco para estas empresas. Parece evidente que al último Premio Nobel de la Paz no le preocupa mucho lo que concierne a la seguridad privada. Entre enero y junio del 2009, la retirada de Irak y las necesidades del repentino aumento en Afganistán ¿no se han traducido en un incremento del 20% del personal civil armado empleado por el Departamento de Defensa, es decir 13.232 hombres para Irak y 5198 para Afganistán (cifras suministradas el 30 de junio del 2009 por el US Central)? A partir de ese momento, un total de 24.500 empleados armados sustituirían en la escena afgana a los SMP relevados.
Las conciencias más críticas podrán argumentar que esta inclinación americana a exteriorizar el aumento del número de funcionarios militares, no es compartida por sus aliados de la coalición, empezando por Francia. Una vez más, el sentido común se equivoca, porque el Ministerio de Defensa francés está a punto de otorgar a los técnicos de la DCNS el status de militar del que ya beneficia – desde el 6 de octubre del 2009 – el personal de Dassault et de Thalès presente en la escena internacional. La razón de esta súbita generosidad del Estado, parece clara. Se trata simplemente de evitar que estas personas sean consideradas como parte implicada en los conflictos llevados a cabo por los gobiernos para los que conservan el material, como ocurrió en Karachi en mayo del 2002. La ley del 14 de abril del 2003, prohibiendo la actividad de los mercenarios, ya había sido objeto de una interpretación extensiva durante el pasado otoño, cuando se decretó que en el texto nada impedía al ejército francés recurrir a los servicios de SMP francesas. Profundizando más, de ahora en adelante en la lógica de las Cooperaciones Público- privadas (CPP), este nuevo status de los técnicos de la industria armamentística, debería permitirles beneficiarse del status de ex combatiente, al mismo tiempo que pueden proporcionar a sus empresas una cobertura comparable a la de sus competidores anglosajones. Como señalaba Philippe Chapleau en el Ouest-France del 17 y 18 de octubre del 2009, se puede considerar que una sociedad especializada en la seguridad marítima pueda participar en la lucha anti-piratería a lo largo de Somalia.
Si la seguridad no es ni un bien púbico, ni un bien completamente comercial ¿no sería mejor que los economistas inventasen una categoría de bienes intermediarios para denominarlos? Desde un punto de vista teórico, este debate debería constituir una ventaja, al plantear bajo un enfoque original el recurrente debate sobre el declive del Estado. Paradójicamente, constatamos que la escuela realista ha sido la que ha ido más lejos en el análisis de las consecuencias de un rompimiento de un compromiso del poder público. Para este enfoque, llamado estadocéntrico, la delegación de la ejecución de las misiones de seguridad no perjudicaría el monopolio de la decisión y un poder público renovado debería reinventar sus poderes de arbitraje respecto a los actores privados cuya emancipación queda garantizada por la tutela pública. Por el contrario, a los enfoques más liberales, en ocasiones, les cuesta admitir que el Estado pueda renunciar a su monopolio en materia de seguridad. De este modo, no es asombroso ver a un autor transnacionalista, como Susan Strange, olvidar la cuestion de la seguridad en su análisis sobre la Retirada del Estado (Retrait de l’État).
Ya ha llegado el momento de analizar la privatización de la seguridad al abrigo de un referente modernizado en el que el Estado dejaría de ser omnipotente y condescendiente. En este caso, es lamentable que decisiones de esta embergadura puedan ser tomadas a escondidas. Las actividades de l’IPOA permiten, por lo menos, evitar estos ardides. ¿Hasta dónde se puede llegar en la exteriorización de las misiones de seguridad? ¿En qué medida la privatización de la seguridad constituye el corolario de la profesionalización del ejército? ¿A partir de qué momento se cuestionará el monopolio de la violencia física legítima atribuída al poder público? ¿La seguridad es un bien comercial o un bien público? Estas cuestiones no conciernen lo accesorio, y es justamente porque tratan sobre la esencia misma del Pacto social por lo que deberían ser objeto de un debate abierto. Seguir refiriéndose al modelo tipo ideal de un Estado poseedor del monopolio de la violencia física legítima aparece aún más problemático porque el mismo Estado está en el origen del desmantelamiento de sus funciones de suministrador de prebendas.
Una de las características principales de este nuevo mercado de la seguridad consiste, en efecto, en enfrentar una oferta privada con una demanda pública. Confiando el cuidado de la Escuela militar a una empresa privada, ¿el Estado francés ofrece una imagen clara de sus responsabilidades? Aun más, considerando que la fuerza pública no podrá utilizarse para obligar a aplicar las decisiones de la justicia en el caso de desorden público ¿el Estado no es el primer actor en rechazar la idea de que la seguridad pueda ser un bien común? Si la seguridad de una minoría sólo puede asegurarse con el riesgo de perjudicar a la de la mayoría, entonces ésta no constituye un bien público y debe ser, por el contrario, considerada como un bien comercial.
Chapleau Philippe, Sociétés militaires privées, Paris, Éditions du Rocher, 2005.
Roche Jean-Jacques (Éd.), Insécurité publique, sécurité privée ? Essais sur les nouveaux mercenaires, Paris, Economica, 2005,
Roche Jean-Jacques, Contractors, mode d’emploi, http://www.cedoc.defense.gouv.fr/Contractors-mode-d-emploi-par-Jean
Scahill Jérémy, Baker Chloé, Blackwater – L’Ascension de l’armée privée la plus puissante du monde, Acte Sud, 2008. De forma general, consultar http://www.privatemilitary.org
