Por Clément Paule
Traducción Ulises Aquino Jiménez
Passage au crible 98
Source : Wikipedia
Un inmenso proyecto, que se espera dure cerca de un año, inició el 18 de noviembre de 2013: se trata de la extracción de más de 1500 barras de combustible nuclear sumergidas en la piscina del reactor 4 de la central dañada de Fukushima Daiichi. Encargados de esta operación urgente, los dirigentes de TEPCO (Tokyo Electric Power Company) evocaron una etapa mayor en el proceso de desmantelamiento de las infraestructuras siniestradas desde el 11 de marzo de 2011. Señalemos sin embargo el carácter extremadamente riesgoso de esta intervención, mientras que un sismo de 7.1 grados de magnitud ocurrido el 26 de octubre de 2013 en el Océano Pacífico obligó la evacuación inmediata del personal trabajando sobre el sitio accidentado. Además, las múltiples fallas del sistema de tratamiento de aguas radioactivas – al igual que de fugas recurrentes en los tanques de almacenamiento – mostraron los límites de la gestión del desastre por la firma nipona nacionalizada en julio de 2012. Este estado de crisis permanente, que perdura sin embargo después de dos años y medio, continúa así estructurado por la incertidumbre, comenzando por el futuro de las instalaciones de Fukusima Daiichi de la cual el cierre definitivo deberá extenderse varias décadas. Por lo tanto, el gobierno japonés ha desarrollado en el transcurso de los últimos meses un discurso tranquilizador que testifica la voluntad de retomar el control – al menos simbólico – de una situación compleja que parece lejos de ser estabilizada.
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Mencionemos en primer lugar algunos datos sobre la contaminación consecutiva a los eventos de marzo de 2011. En julio de 2013, l’IRSN (Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear) declaraba que las emisiones a la atmósfera y al océano eran estimadas respectivamente en 60 y 27 petabecquerels (billones de becquereles). Si el nivel global de contaminación parece disminuir, el impacto a largo plazo sobre el manto freático podría resultar más importante de lo esperado. Notemos que en julio de 2013, TEPCO ha finalmente reconocido que 300 toneladas de agua radiactiva se vertían cotidianamente en el Pacífico. Estas cifras no permiten sin embargo medir todavía de manera precisa las consecuencias sanitarias sobre las poblaciones siniestradas que son objeto de apreciaciones concurrentes y controvertidas.
Confrontadas a la incertitud de la crisis post accidente, las autoridades japonesas habían rápidamente organizado una serie de evacuaciones en un radio de varias decenas de kilómetros, significando el exilio perene de más de 150,000 personas. A este respecto, un sistema de zonas de acceso restringido fue establecido a partir de un umbral de inaceptabilidad fijado en una dosis de 20 mSv (milisieverts) por año. La definición de un perímetro de exclusión se acompañó entonces de una política de descontaminación de las regiones irradiadas. Sin embargo, estos límites han sido reducidos desde 2012, el gobierno está tratando de motivar el regreso de los desplazados modificando las normas de evaluación de la radioactividad.
1. Liquidar simbólicamente el desastre. Desde la elección a finales de 2012 del Primer Ministro Shinzo Abe, el nuevo equipo dirigente trata de retomar el control por medio de discursos que intentan minimizar las consecuencias del accidente a nombre de la recuperación nacional.
2. Las insuficiencias del dispositivo de protección. Sin embargo, las medidas implementadas para proteger a la población son objeto de polémicas recurrentes. De modo que la administración de la catástrofe se distingue por su opacidad y sus contradicciones que entran en conflicto con la retórica del poder.
Dos años y medio después del inicio de la crisis, se constata que si las movilizaciones antinucleares han disminuido en intensidad, no son menos presentes sobre el terreno del contra expertise. Instalado desde el 11 de septiembre de 2011 frente al METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria), el campamento permanente bautizado Tento hiroba – Lugar de las tiendas de campaña – mantienen sus actividades de protesta a pesar de los procesos judiciales entablados en su contra por las autoridades. Por ahora, manifestaciones periódicas relevadas por peticiones nacionales reclaman el fin definitivo de lo nuclear, contestando las estimaciones oficiales que minimizan los riesgos sanitarios y medioambientales. Señalemos que la controversia recientemente se ha ampliado por el reporte de l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) remitido a la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de octubre de 2013. Las conclusiones de los ochenta científicos que contribuyeron a esta evaluación fueron rechazadas por numerosas ONG (Organización no Gubernamental) y asociaciones niponas, así como por el Relator Especial del Derecho a la Salud. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este experto independiente ha redactado desde mayo 2013 un informe sobre el dispositivo de protección implementado teniendo notablemente como objetivo la definición del umbral de inaceptabilidad en materia de exposición radioactiva.
Sin embargo, este documento fue objeto de una respuesta rápida y detallada por parte del gobierno japonés desde el 27 de mayo de 2013, refutación que se inscribe en el marco de una contra ofensiva a gran escala conducida por el equipo del Primer Ministro Shinzo Abe. Desde su llegada al poder en diciembre 2012, este último se ha empeñado en mostrar le recuperación de Japón sobre el plano económico – con los Abenomics, conjunto de medidas apoyando la depreciación del yen para aumentar la oferta monetaria, la estimulación fiscal y el anuncio de reformas estructurales – pero igualmente diplomático. El Estado nipón trata, bajo esta lógica, de imponerse como un actor mayor de la seguridad regional en Asia Pacífico – citemos el despliegue militar humanitario de las FAJ (Fuerzas de Autodefensa de Japón) en Filipinas después del paso destructivo del tifón Haiyan – adoptando una posición de entereza sobre sus diferencias territoriales y memoriales con China y Corea del Sur. A este respecto, la designación de Tokio para recibir los Juegos Olímpicos de 2020 interviene como una consagración de esta retórica de reafirmación. Recordemos que el Primer Ministro había afirmado, durante su audiencia en Buenos Aires frente al COI (Comité Olímpico Internacional) el 7 de septiembre de 2013, que la “situación [en Fukushima estaba] bajo control”. Esta declaración fue fuertemente criticada en los medios nacionales y calificada de mentira de Estado por los activistas mientras que un alto funcionario de TEPCO la contradijo la semana siguiente.
Esta fisura en la comunicación oficial parece lejos de ser aislada, en la medida en que la clase política japonesa no parece adherirse únicamente a ese discurso de liquidación metiendo en segundo plano la gestión inacabada del desastre. El antiguo primer ministro Junichiro Koizumi, mentor de Shinzo Abe, se expresó recientemente a favor del abandono del átomo, estigmatizando el fin del mito de la seguridad. Eso constituye un desacuerdo flagrante para su ex protegido que sostiene el reinicio de las centrales y la exportación de la tecnología nipona, llegando incluso hasta a apoyarse en la experiencia adquirida en Fukushima. Más aún, algunos miembros del gobierno de Naoto Kan revelaron que TEPCO había disimulado deliberadamente durante dos años información sobre fugas de agua contaminada a fin de no debilitar su posición en los mercados internacionales. A estos elementos discordantes se suma el testimonio de Tetsuya Hayashi, ex trabajador en el sitio del accidente e informante – whistleblower – quien denunció el sistema turbio de subcontratación y la explotación de los liquidadores implicando organizaciones criminales yakuza. Estas contradicciones en el seno mismo de la administración de la catástrofe podrían llevar al actor estatal a asumir el control directo y exclusivo de las acciones de descontaminación, según las recomendaciones recientes de un comité PLD (Partido Liberal Demócrata) en el poder. Pero más allá de esta eventual toma de posesión pública, las cuestiones de transparencia y de responsabilidad parecen continuar en retiro en el post Fukushima. Tras el rechazo de las demandas depositadas contra los tomadores de decisiones gubernamentales e industriales por el Parquet de Tokio en septiembre de 2013, la Cámara de Representantes japonesa viene de adoptar una ley penalizando fuertemente las fugas de información a la prensa. En estas condiciones, el regreso del Estado parece más un factor de riesgo susceptible de perpetuar la inestabilidad y la opacidad de un peligro mundial.
Grover Anand, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Mission to Japan (15-26 November 2012) – Advance Unedited Version, 2 mai 2013, consulté sur le site de l’OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) : http://www.ohchr.org [25 novembre 2013].
Ribault Nadine, Ribault Thierry, Les Sanctuaires de l’abîme. Chronique du désastre de Fukushima, L’Encyclopédie des nuisances, Paris, 2012.
Site de l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) consacré à Fukushima : http://www.unscear.org/unscear/en/fukushima.html [22 novembre 2013].
