Por Clément Paule
Traducción: Ulises Aquino
Passage au crible n°78
Source : Wikipedia
Publicado el 19 de septiembre de 2012, el estudio dirigido por Gilles-Eric Séralini – profesor de biología molecular en la Universidad de Caen – reavivó los debates sobre los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y su utilización en el sector agroalimentario. Las conclusiones de esta investigación afirman en efecto la toxicidad de dos productos de la firma Monsanto: el herbicida Roundup y el maíz transgénico NK 603. Los resultados han sido cuestionados por una gran parte de la comunidad científica, quienes han señalado las debilidades estadísticas y metodológicas de la demostración. Ciertos comentaristas han evocado los eventuales conflictos de intereses de una encuesta financiada por una asociación reputada por sus posturas de tipo militante. Por otra parte, múltiples organismos franceses similares al HCB (High Council for Biotechnology) y de la ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) – e internacionales – como la EFSA (European Food Security Authority) o las agencias sanitarias alemana y australiana – han sucesivamente invalidado las investigaciones del Prof. Séralini y de su equipo. Notemos que en esta polémica se han involucrado rápidamente actores del campo político – entre los cuales cuatro ex ministros para el Medio Ambiente – y asociativo, sobrepasando las fronteras nacionales. La necesidad de evaluar en el largo plazo el impacto de las plantas transgénicas ha estado desde este momento en las agenda de los que toman las decisiones, abriendo la perspectiva de una regulación más exigente a nivel europeo.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Las primeras manipulaciones genéticas tuvieron lugar a principio de los años setenta, dando origen una década más tarde a las culturas pioneras de los OGM. Estos avances técnicos estimularon inversiones considerables del sector privado en la biotecnología. Principalmente empleados por las firmas farmacéuticas, las aplicaciones de lo transgénico van a ser empleadas rápidamente en la agricultura bajo el auspicio de empresas transnacionales como Monsanto o Bayer. A este respecto, señalemos la puesta en marcha en 1994 del tomate Flavr Savr, primer alimento genéticamente modificado en obtener la autorización de la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos. Aún más general, la industria agroquímica nacida de la revolución verde, hasta ahora especializados en los agroquímicos – herbicidas y pesticidas – se ha diversificado en la producción de semillas transgénicas ampliamente utilizadas en el continente americano. De acuerdo con la ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) – organización de lobbying en favor de las biotecnologías vegetales-, 160 millones de hectáreas serán ahora afectadas por estas técnicas – contra 1.7 millones en 1996 -, una superficie en aumento de 8% sólo en el año 2011. Si bien estas cifras parecen sobrevaloradas según Greenpeace, es necesario tener en cuenta que la proporción de maíz transgénico cultivado en Estados Unidos, evaluado en 30% en 1998, ha alcanzado el 85% en 2009.
Bajo esta lógica, este modelo agrícola se ha difundido en los países emergentes como lo muestra el ejemplo emblemático de la soya en Brasil y Argentina. Este desarrollo exponencial de la biotecnología agroalimentaria se ha beneficiado de la ausencia de una verdadera regulación hasta el inicio de los años noventa. No obstante, la aparición de crisis sanitarias repetidamente en los Estados occidentales – como la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) – ha provocado el auge de movilizaciones ciudadanas de envergadura transnacional – desde asociaciones de consumidores hasta ONG (Organizaciones no Gubernamentales) medioambientales – así como un refuerzo de las legislaciones puestas en marcha por agencias especializadas. Los OGM son entonces percibidos como un problema público en varios países europeos. Como testimonio la moratoria de hecho sobre la comercialización de productos genéticamente modificados, adoptada por la UE (Unión Europea) en nombre del principio de precaución de junio de 1999 a mayo de 2004. Mencionemos finalmente, en la escena internacional, el Protocolo de Cartagena sobre la prevención de los riesgos biotecnológicos – relativos a la Convención Sobre la Diversidad Biológica de 1992 – que entró en aplicación en 2003, contando con 164 signatarios entre los cuales no figuran ni Estados Unidos, ni Canadá.
1. Internacionalización de una controversia sociotécnica. Cargada de una fuerte incertidumbre, la cuestión alrededor de los OGM en el sector agroalimentario parece encarnar esas situaciones difícilmente gobernables donde la política parece en retroceso. Entonces, los expertos juegan un rol determinante en la regulación de un sector con implicaciones mundiales.
2. Construcción de una señal de alarma. Bajo esta lógica, los estudios cuestionando los productos transgénicos constituyen entre otras cosas movimientos tácticos en los cuales los efectos se miden principalmente por los múltiples usos sociales, escapando en gran parte al sólo campo científico.
Así, la controversia sobre las biotecnologías vegetales se caracteriza ante todo por su complejidad, ya que hace intervenir a numerosos actores situados en diferentes escalas. La producción y difusión de los OGM controlados y apoyados por el grupo oligopólico de las firmas agroquímicas, esencialmente estadounidenses – Monsanto, DuPont, Dow Agrosciences LLC – y europeas similares a Bayer Cropscience, BASF, o incluso Syngenta. Evidentemente, la dimensión económica se refleja fundamentalmente tanto en la guerra comercial que libran los Estados Unidos y la UE en el seno de la OMC (Organización Mundial del Comercio) como en la dominación ejercida sobre los PED (Países en Desarrollo) que importan esas técnicas agrícolas. Pero no puede ser disociado de las problemáticas sanitarias y medioambientales, defendidas por las redes militantes y algunas gubernamentales. En la práctica la complejidad de estas problemáticas permite desglosar las estrategias de legitimación empleadas por los industriales. Citemos el argumento humanitario presentando los alimentos transgénicos – notoriamente la iniciativa del Golden Rice – como una solución pragmática a la malnutrición crónica dañando el Sur. Mientras tanto los productores de semillas han buscado paralelamente proteger sus patentes apoyándose en los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y por el desarrollo del gen Terminator, por el momento no comercializado.
Globalmente, estas múltiples arenas de conflicto revelan dinámicas de transnacionalización de una controversia que se desarrolla de manera diferenciada según los Estados. Si los OGM alimenticios constituyen un problema público en numerosos países europeos – entre los cuales Francia, Grecia e incluso Austria – ellos son considerados como equivalentes en sustancia a los otros productos por la FDA. Bajo esta lógica el principio de precaución toma todo su sentido en el seno de la UE, justificando una reglamentación exigente en términos de rastreo y etiquetado. Al contrario estas exigencias no existen en Estados Unidos como lo muestra la propuesta 37 en California. En la ausencia de un consenso sobre la inocuidad a largo plazo de esos productos, los actores políticos se refugian frecuentemente sobre medidas de evasión – blame avoidance – caracterizados por la carga de responsabilidad sobre los expertos. A medida que se desarrolla el debate sobre los alimentos transgénicos, las acciones simbólicas – a la imagen de los segadores voluntarios en Francia – tienden por ende a ceder el paso a una tecnificación de la polémica.
Es importante bajo esta relación circunscribir el impacto de los estudios científicos: difundidos en 1999, la investigación del Prof. Losey sobre la toxicidad para la mariposa monarca de un maíz tipo Bt había sido utilizado con la finalidad de justificar la moratoria europea sobre la extensión de la cultura y de la comercialización de los OGM. Hablando de la encuesta dirigida por Prof. Séralini, remarquemos que se trata de una verdadera campaña de comunicación. En efecto, los resultados fueron transmitidos a una parte de la prensa dos semanas antes de la publicación oficial, protegida por una cláusula de confidencialidad. El tratamiento mediático se caracterizó entonces más por su lado sensacionalista que los periodistas no pudieron hacer uso de otras opiniones científicas. Después, dos libros y un documental acompañaron la aparición del artículo del Prof. Séralini, consagrando su posición de señal de alarma y asegurando el éxito de la movilización a pesar del desacuerdo quasi unánime de sus pares. A este respecto, el concepto mismo de expertise parece aquí redefinido, en la medida en la cual asistimos a una reconfiguración militante de sus fronteras y de su rol. Más allá de las estigmatizaciones recurrentes llevan sobre eventuales conflictos de interés, esta actividad situada ante todo – entre saberes y poderes – contribuye así a recalificar políticamente las problemáticas abandonadas por las autoridades.
“OGM : comment ils conquièrent le monde”, Alternatives internationales (43), juin 2009.
Bérard Yann, Crespin Renaud (Éds.), Aux Frontières de l’expertise. Dialogues entre savoirs et pouvoirs, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. Coll. “Res Publica”.
Kempf Hervé, La Guerre secrète des OGM, Paris, Seuil, 2003.
