Nov 22, 2016 | África, Defensa, Passage au crible (espagnol), Seguridad
Por Philippe Hugon
Traducción : Roberto Hinestrosa Mejía
Passage au crible n° 140
Source: YouTube
Luego de haber sido un modelo de transición democrática, Burkina Faso fue sacudido por un atentado de gran magnitud en Ouagadougou, el 16 de enero de 2016. Se deploran al menos treinta muertos de más de catorce nacionalidades diferentes. Este atentado interviene dos meses después de aquel cometido en Bamako, en el Hotel Radisson Blu. Reivindicado por el grupo Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), fue directamente atribuido al grupo Al Murabitún, dirigido por el jefe yihadista Mokhtar Belmokhtar. Las fuerzas especiales francesas intervinieron en conjunto con las tropas burkinesas y estadounidenses para liberar a los secuestrados del hotel Splendid y ajusticiar a los asaltantes.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Burkina Faso es un enclave del Sahel con fronteras porosas: al sur, con Costa de Marfil; al norte, con Malí y Nigeria. Siendo uno de los países más pobres del mundo, Burkina Faso se sitúa en una zona de numerosas vulnerabilidades relacionadas con la explosión demográfica, el incremento de jóvenes sin oportunidades, las vicisitudes del clima y el control imposible de sus fronteras.
Luego de haber sido dirigido por Blaise Compaoré durante veintisiete años, ese Estado conoce hoy una grave crisis política. Sin embargo, y durante mucho tiempo, su presidente había desempeñado un rol de intermediario entre los grupos yihadistas y sus enemigos. Campaoré concluyó un pacto implícito de no agresión con los islamistas, pudiendo así intervenir como mediador durante la liberación de prisioneros. En el marco del sistema neo-patrimonial que había establecido, los recursos movilizados gracias a diversas alianzas y al control de numerosos tráficos, le permitieron financiar su juego político a nivel interno. No obstante, Blaise Compaoré finalmente perdió el poder luego de haber intentado modificar la constitución en búsqueda de un nuevo mandato.
A finales de octubre de 2014, la movilización de los jóvenes de ese país condujo a la salida del “presidente de por vida”. El movimiento “Balai Citoyen” (o “barrido ciudadano”, “escoba ciudadana”) presentó entonces un ejemplo de “primavera africana”. Se instaló un gobierno transitorio, hasta las elecciones legislativas y presidenciales del 11 de octubre de 2015. Pero el clan político, militar y chanchullero de Compaoré quiso obtener su revancha fomentando un golpe de Estado fallido el 17 de septiembre de 2015, liderado por Gilbert Diendéré. El ejército obtuvo finalmente la rendición de los golpistas. El proceso de transición democrática siguió su curso. Roch Marc Kabor, el antiguo primer ministro de Campaoré, obtuvo las elecciones – luego de haber sido aplazadas – en la primera vuelta, con el 53,49 % de los votos.
El ataque terrorista sucedió tres días después de la formación del gabinete ministerial; el mismo día en que las autoridades judiciales de Burkina Faso lanzaron una orden de captura contra Guillaume Soro, presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, acusado de haber participado en la tentativa de golpe de Estado. Sobre todo, el ataque llega en un momento en el que el país se esfuerza por reconstruir su sistema de seguridad, luego del debilitamiento del Régimen de Seguridad Presidencial (RSP) y de los demás servicios de inteligencia.
Marco teórico
Los atentados de Burkina Faso corresponden principalmente con dos líneas de fuerza transnacionales:
1. Una reconfiguración de las fuerzas islamistas. El atentado, atribuido a Al Murabitún, lo beneficia con una importante visibilidad mediática. Demuestra, entre otras cosas, una extensión territorial de sus intervenciones. Finalmente, en un juego de alianzas y antagonismos, este confirma la lealtad que tiene esa organización hacia AQMI, rival del Estado Islámico.
2. Una estrategia de desprestigio de las fuerzas occidentales. Además de Burkina Faso, Francia es el gran blanco de esa acción yihadista, vulnerada en sus intereses económicos, en la seguridad de sus expatriados y en su intervención militar. Simbólicamente, no es anodino subrayar que esa operación se desplegó en una ciudad donde están instalados los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales francesas y estadounidenses. Golpear Ouagadougou pone de relieve el punto neurálgico de los servicios de inteligencia (operación Sable, Dirección General de Seguridad Exterior del Ministerio de Defensa francés, inteligencia militar) en el dispositivo Barkhane.
Análisis
Los atentados están relacionados con las estrategias de grupos islamistas, que han venido reclutando jóvenes de diferentes países africanos. Se han concentrado desde hace cuatro años en el territorio sahelí-sahariano. En el presente caso, los asaltantes eran jóvenes peuls (o fulani), tuaregs y árabes originarios del norte de Burkina Faso. En efecto, sin acceso a oportunidades, ellos tienen que escoger entre pequeñas actividades informales, el tráfico y el reclutamiento por parte de las milicias. Las encuestas nos muestran sin embargo que ese terreno favorable conduce a las milicias yihadistas a reclutamientos heterogéneos en los planos socioeconómico y escolar, así como étnico y religioso. Razón por la cual las grandes organizaciones terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico se encuentran en un estado de rivalidad permanente en cuanto a las estrategias de reclutamiento.
Al Murabitún, quien reivindicó los atentados de Ouagadougou, está afiliado a AQMI, si bien una de sus facciones se declaró parte del Estado Islámico. Luego de haber sido miembro de Al Qaeda, su jefe Mokhtar Belmokhtar se disoció de AQMI y terminó creando el grupo de Los Firmantes con Sangre, al fusionar sus tropas con las del grupo Mujao. Luego, Belmojtar se sumó nuevamente a Al Qaeda y es ahora considerado como el Bin Laden del Sahara. Al respecto, se le atribuye la responsabilidad de los atentados de In Amenas (Argelia), de Arlit (Nigeria) y del Radisson Blu en Bamako (Mali). Hay otros grupos del Sahel con filiación a Al Qaeda, tales como Al Shabbaab en Somalia, el Frente de Liberación de Masina (FML); así como el grupo Ansar ed-Dine, liderado por el tuareg Lyad Ag Ghaly, en Mali.
Más allá de la referencia al salafismo y al takfirismo, se trata de grupos terroristas que controlan diversos tráficos. Por ejemplo, Al Murabitún ha perpetrado secuestros con fines económicos y ha participado en el tráfico de cigarrillos. También evitó la confrontación directa con las fuerzas de seguridad, para poder consolidarse mejor en términos armamentísticos y de combatientes. Gracias a esta estrategia dispone hoy en día de una gran capacidad de acción que le permite rivalizar con el Estado Islámico. Sus acciones terroristas han afectado sobre todo a los expatriados. Aun así, más allá de las víctimas y la desestabilización de los países africanos, Al Murabitún busca suscitar un nivel de terror que llevaría a los occidentales – inversionistas o en misiones humanitarias – a abandonar Burkina Faso. De hecho, se trata igualmente de una manera de confrontar a las grandes potencias regionales a su propia impotencia. En efecto, la operación Barkhane, apoyada por las fuerzas africanas multilaterales, ha mantenido a raya el control territorial de los yihadistas en el arco sahelí-sahariano; pero ha facilitado por otro lado, la diseminación de numerosos grupúsculos en ese vasto territorio. Los objetivos de los atentados son múltiples. Muestran las rivalidades entre los diversos grupos yihadistas por el control del tráfico y el reclutamiento de nuevos fanáticos. Al mismo tiempo, movilizan el miedo como un arma en la guerra mediática a escala mundial. Por último, le apuntan a aumentar la vulnerabilidad de los países occidentales, disuadiéndolos así de prolongar su presencia en la zona sahelí-sahariana.
Referencias
Hugon Philippe, Géopolitique de l’Afrique, 3e ed, Paris, SEDES 2013.
Jacquemot Pierre, « Les trois paradoxes du Burkina Faso, Lettre de l’IRIS, 2 nov 2014.
Serge Michailof, Africanistan, Paris Fayard 2015.
Oct 21, 2016 | África, China, Comercio internacional, Crisis financiera, Economía Política Internacional, Passage au crible (espagnol)
Por Moustafa Benberrah
Traducción : Roberto Hinestrosa Mejía
Passage au crible N°139
Source: Pixabay
El sábado 18 de octubre, el ministro de comercio argelino Bekhti Belaïb anunció que su gobierno había solicitado un préstamo ante la República Popular de China (RPC) con el fin de financiar “ciertos grandes proyectos de infraestructura”. Su homólogo de industria y minas, Abdessalem Bouchareb, añadió ese mismo día que hay negociaciones en curso sobre un proyecto chino-argelino de ensamblaje de vehículos. Al hacerlo, el responsable político lanzó un llamado a desarrollar actividades de subcontratación de las piezas de repuesto en Argelia, recordando así la importancia de la experiencia china en aquel campo. Luego de una conferencia de prensa organizada junto a Lyu Xinhua, presidente del Consejo para la promoción de la cooperación sur-sur de China, Bouchareb incluso alentó a firmas chinas a participar en la explotación del yacimiento de hierro de Gara Djebilet (Tindouf), la cual exige el uso de tecnología de punta y de recursos financieros considerables.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Mencionemos en primer lugar algunos elementos coyunturales que no permitan entender que Argelia requiera un endeudamiento. Según cifras del Banco de Argelia, la deuda externa del país se estima en 3,7 mil millones de dólares (2,27% del Producto Interno Bruto), mientras que las reservas de cambio se elevaban en junio pasado a 159 mil millones de dólares. Por un lado, la caída del precio del petróleo afectó la economía argelina, basada principalmente en el sector de los hidrocarburos, conduciendo al gobierno a congelar numerosos proyectos de desarrollo. Se optó entonces por un aumento de los precios de la electricidad y del carburante en el marco de la ley de finanzas de 2016. Además, el artículo 66 de dicho texto prevé la apertura del capital de las empresas públicas y su cesión total a los socios al cabo de cinco años, lo que relanza la dinámica de privatización. En pos de una justificación, el ministro de finanzas evoca una gestión “prudente” de los recursos del Estado.
Por otro lado, conviene anotar la desaceleración del crecimiento del PIB chino: según cifras oficiales publicadas en octubre de 2015, esta se estima en 6,9% anual en el tercer trimestre del año. Se trata del rendimiento más bajo desde la crisis financiera de 2009. Eso significa que el país se encuentra en apuros. La producción industrial, la cual conoció en septiembre pasado una sensible baja, lo demuestra claramente. De tal manera que las ventas al por menor, consideradas como el barómetro del consumo de los hogares chinos, conocieron tan sólo un aumento limitado del 10,9% en 2015. Dicha recesión condujo entonces a la República Popular a intensificar sus intercambios con ciertos de sus socios, tal y como sucede con Argelia. La primera ha buscado sobre todo diversificar sus actividades más allá de sectores como la construcción, las obras públicas e hidráulicas, abriéndose por ejemplo hacia las industrias mecánica y electrónica, la siderurgia y también la minería.
Marco teórico
1. La monetización de una economía emergente. Asistimos hoy en día al traspaso cada vez más frecuente de las funciones básicas del Estado a intermediarios, aunado a una división de las prerrogativas: por un lado, la transformación de los medios de producción y de transporte, y por el otro la monetización y financiación de la economía. De hecho, el detentor de capital asegura su dominación disponiendo de la capacidad de imponer sus condiciones.
2. Una alianza donde todos ganan. Ante el estallido de su burbuja financiera, China busca consolidar sus alianzas con el fin de mantener su dinamismo económico. Recordemos que una relación semejante se fundamenta en la especialización poscolonial establecida entre los proveedores de materias primas y los tratantes de productos manufacturados y de servicios. Esa lógica permite entender la reestructuración china en África y en Asia, caracterizada por sus prácticas de straddling, las cuales excluyen toda distinción entre lo público y lo privado, el Estado y el mercado, entre las redes de poder y las de acumulación económica.
Análisis
Conviene señalar que los países emergentes, así como China, están siendo fuertemente afectados por la tercera fase de la crisis financiera mundial iniciada en el 2007. Aquella secuencia que coincide con el desplome de los precios de las materias primas es la prosecución del estallido de la burbuja financiera intervenida en Estados Unidos en 2008 y de sus impactos sobre la deuda europea en 2011. Según la firma Goldman Sachs: “la gran incertidumbre en cuanto a las recaídas y el debilitamiento de las economías de los países emergentes, la caída de los precios de las materias primas y potencialmente el alza de las tasas de interés estadounidenses, han infundido nuevas inquietudes en cuanto a la perennidad del alza de los precios de los activos, marcando una nueva etapa de la crisis financiera mundial”.
Para hacerle frente esa situación, la República Popular busca reforzar sus relaciones comerciales con sus socios para responder a los imperativos de una competencia mundial. Razón por la cual sus actividades pasan a ser transnacionales con el fin de establecer una coherencia entre sus políticas nacionales y las exigencias internacionales. Citemos la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII en sus siglas en francés) el 29 de junio de 2015, la cual exigió la movilización de 800 mil millones de dólares al año destinados a la inversión. Esa iniciativa expresa la ambición china de proponer una alternativa a otros socios capitalistas como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo. Semejante dispositivo corresponde a tres necesidades de la RPC: 1) reforzar su rol diplomático, 2) establecer sus reservas de cambio con el fin de confortar el yuan, y 3) ofrecer a sus grupos enfocados en la construcción, y en las obras públicas e hidráulicas, relevos transnacionales de crecimiento.
Esa política se inscribe en la continuidad del proceso de la nueva ruta de la seda (para China, un fondo estimado en 40 mil millones de dólares), así como del banco de los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica). Si bien esos mediadores disponen de un poder estructural que refuerza su ascendente político y su legitimidad, Philip Cerny constata que el Competition State resiste y mantiene su dominación a través de las asociaciones público-privadas. Según esta perspectiva, el gobierno chino multiplica las medidas de ayuda como la eliminación de deudas y los préstamos con bajas tasas de interés susceptibles de atraer a países en vías de desarrollo. En este sentido, las relaciones privilegiadas que mantiene la RPC con Argelia desde 1958 – y el hecho de que sea el primer proveedor en materia de comercio exterior de Argelia – facilitan ese tipo de cooperación.
Para justificar su recurso a la deuda, el gobierno argelino avanza por su parte desarrollando grandes proyectos en curso atribuidos en su mayoría a firmas chinas, empleando en el territorio nacional a más de 40 mil obreros. Además, las autoridades indican que ese hecho debería contribuir a reforzar la producción, asegurando al mismo tiempo ingresos indispensables para reembolsar la deuda y procurando excedentes para cubrir los sectores en déficit. No obstante, subrayemos que un estudio del Banco Africano de Desarrollo (BAFD), publicado en 2012, mostró que Argelia había concedido 20 mil millones de dólares en contratos a empresas chinas entre 2002 y 2012, sin que se viera beneficiada por lo tanto la tasa de empleo en modo significativo.
Por consiguiente, compañías chinas como la China State Construction Engineering Corp (CSCEC) aparecen claramente como los principales beneficiarios de aquella ayuda financiera en búsqueda de fortalecer la economía argelina. Colaborando con grandes bancos en su país de origen, esos actores al margen de la soberanía nacional ocupan hoy en día una posición privilegiada para responder a la oferta gracias a tarifas competitivas y a su buen conocimiento de las modalidades políticas y económicas locales. La economía argelina en cambio no puede jactarse de perspectivas tan positivas. Más bien al contrario, su dependencia se incrementó significativamente.
Referencias
Cabestan Jean-Pierre, Le Système politique chinois. Vers un nouvel équilibre autoritaire, Paris, Presses de Sciences Po, 2014.
Cerny Philip G., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Pluralism, New York, Oxford University Press, 2010.
Chiu Justin, « Une banque multilatérale entre coopération et prédation. La signature des statuts de la BAII », consulté le 12 novembre 2015 sur Chaos International
El Watan consulté le 15 novembre 2015 sur l’adresse : www.el-watan.com
Hibou Béatrice, « Retrait ou redéploiement de l’État », Critique internationale, (1), aut 1998, pp. 151-168.
Hugon Philippe, « La Chine en Afrique. Néocolonialisme ou opportunité pour le développement ? », Revue internationale et stratégique, (72), 2008, pp. 219-230.
Strange Susan, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. (more…)
Oct 4, 2016 | Bienes públicos mundiales, Calentamiento Global, Medio ambiente, Passage au crible (espagnol)
Por Valérie Le Brenne
Traducción : Daniel Del Castillo R.
Passage au crible n° 138
Source: Pixabay
Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, se llevó a cabo en París la veintiuna Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCNUCC), llamada la COP21. Luego de intensos intercambios, los negociadores pactaron un acuerdo de unas cuarenta páginas el cual apunta a limitar el calentamiento global más allá de dos grados.
Presentados como los grandes ausentes de esta cumbre, los océanos fueron finalmente tomados en consideración al margen del texto. Al respecto, el preámbulo del anexo precisa que « las Partes en el presente acuerdo […] señalan que es importante vigilar la integralidad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos ».
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Firmada en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Rio, la CCNUCC agrupa hoy en día a 196 Estados-miembros. Todos estos reconocen la existencia de un cambio climático de origen antropogenético, y se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Puesta en vigor en 1994, el texto prevé el desarrollo de una Conferencia anual de las Partes (COP), con el fin de erigir el balance de las políticas llevadas a cabo en esta área y negociar nuevas disposiciones.
En 1997, la COP3 concluyó con la firma del Protocolo de Kioto, el cual fijó « objetivos cuantitativos en materia de reducción de GEI a los países desarrollados y las economías en transición » (Aykut, 2015). Pero su no ratificación por parte de los Estados Unidos, además de la comprobación ulterior de una falta fehaciente de resultados, provocaron una crisis profunda cuyo paroxismo fue Copenhague, en el 2009. Después de dos años de discusiones, los Estados-miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre el contenido del próximo tratado, el cual debía surtir efecto para el 2020. Este encuentro fue entonces un fracaso. Enseguida, se aplazó la fecha para obtener un acuerdo hasta el 2015, por lo que la Cumbre de París aparentaba una última oportunidad.
Por otro lado, recalquemos el papel que jugó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) en la formulación, así como en la inscripción de los problemas climáticos en la agenda política internacional. Fundado en 1988, su vocación es proporcionar « evaluaciones detalladas del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socio-económicos sobre los cambios climáticos, sus causas y repercusiones potenciales, así como las estrategias a llevar a cabo ». Desde su creación, ha publicado cinco reportes (1990, 1995, 2001, 2007 y 2013-2014). Todos estos comportan una síntesis destinada a los decisores políticos, elaboradas por el Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice (SBSTA).
En su último documento, estos expertos alertaron al mundo sobre las consecuencias del cambio climático sobre los océanos. Además de los riesgos que inducen un crecimiento de sus niveles, estos científicos reportaron un doble fenómeno de acidificación y calentamiento de los mares, por la absorción de un 30% de las emisiones antropogenéticas de dióxido de carbono en la atmósfera. En efecto, estas brutales transformaciones biogeoquímicas afectan en conjunto a todos los ecosistemas marinos, poniendo en riesgo la supervivencia de una gran cantidad de especies.
Marco teórico
1. La legitimación científica de una causa medio ambiental. La publicación por el IPCC de las conclusiones científicas más recientes sobre la situación de los océanos contribuyó a incrementar la legitimidad de esta causa medio ambiental. Lo cual tiende a demostrar en qué medida la estructura del conocimiento (Strange, 1994) juega un papel central en la formulación e inclusión en la agenda política de los problemas climáticos.
2. La puesta en común de recursos híbridos. A pesar de la alerta que lanzó el IPCC, el tema de los océanos no fue integrado al programa de la COP21. Con el fin de remediar esto, diversos actores de la sociedad civil, del mundo científico, así como de los sectores público y privado, se reunieron en la Ocean and Climate Platform (POC). De esta manera, ellos organizaron, al margen de las negociaciones llevadas a cabo en Le Bourget, el evento Ocean for Climate Days del 2 al 6 de diciembre.
Análisis
En primer lugar, subrayemos que este tema no surgió de repente en el debate internacional sobre el cambio climático. En efecto, los reportes precedentes publicados por el IPCC ya rendían cuenta de una situación preocupante respecto a los océanos del mundo, anticipando especialmente los riesgos que representa un aumento de su nivel. No obstante, el último informe del grupo de expertos reveló nuevas urgencias. En lo que a esto concierne, esta racionalización participó en el proceso de legitimación, al mismo tiempo que fomentó las iniciativas a favor de la conservación del medio marino. Comencemos de este modo por señalar la creación en Londres, en febrero de 2013, de la Global Ocean Commission (GOC). Compuesta por personalidades políticas como el ex ministro británico de Asuntos Exteriores David Miliband y el antiguo presidente de Costa Rica José Manuel Figueres, la GOC publicó en 2014 un informe titulado Del declive a la restauración. Un plan de salvamento para el océano mundial, cuyo contenido prescriptivo se constituyó como una guía para los decisores políticos. Igualmente, recalquemos el proyecto de investigación TARA Expeditions, cuyos resultados fueron publicados en la prestigiosa revista norteamericana Science en mayo de 2015. Estos trabajos identificaron, por ejemplo, las consecuencias del calentamiento climático en el plancton, conjunto de organismos básicos para la vida marina. Recordemos también la creación en 2014, por el secretario de Estado estadounidense John Kerry, de la conferencia anual Our Ocean. La segunda edición, que se llevó a cabo en la ciudad chilena de Valparaíso en septiembre de 2015, se caracterizó por numerosos anuncios oficiales concernientes a la creación de imponentes santuarios marinos, en particular aquel localizado alrededor de la isla de Pascua. Finalmente, al día siguiente de la apertura de la COP21, once países firmaron el llamado Because the Ocean, realizado por los gobiernos chileno y francés, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, la Comisión Océano Mundial, el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI en sus siglas en francés), y TARA Expeditions. Esta declaración reclama en particular: « 1) La publicación de un reporte especial sobre el océano por el IPCC, 2) El respeto del Objetivo de Desarrollo Sostenible no. 14 (ODD 14) dedicado al océano y a los recursos marinos y 3) La creación de un grupo de trabajo « Océano » bajo el auspicio de la CCNUCC ».
Este sobresalto de interés por la protección de los océanos no fue, a pesar de todo, suficiente para inscribir el tema en el programa de la Cumbre de París. Es la razón por la cual una coalición internacional conformada por actores de la sociedad civil, del mundo científico, así como de los sectores público y privado, pusieron en común sus recursos en Ocean and Climate Platform (POC). Creada el 10 de junio de 2014 con el apoyo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, esta instancia apunta hacia « un mejor reconocimiento del océano en las negociaciones climáticas ». Además de un Llamado del océano por el clima – que es una petición en línea bajo la supervisión de la oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle – la POC también formuló nueve recomendaciones que retoman y completan aquellas propuestas por la GOC en 2014. Por último, la organización Ocean for Climate Days, en el Espacio Generación del Clima de El Bourget, ofreció un stand en el corazón de la zona azul del mismo, con el fin de favorecer las interacciones con las partes implicadas en la negociación. Sin embargo, estas diversas iniciativas no sabrían en ningún caso ocultar el hecho que la COP21 no tuvo en cuenta los océanos sino al margen del acuerdo. Esto no deja de sorprender, de frente a la difusión de los alarmantes datos científicos.
Referencias
Aykut Stefan, « Désenclaver les négociations climatiques. L’enjeu crucial de la COP 21 à Paris », Passage au crible (133), Chaos international, 20 sept. 2015.
Aykut Stefan C., Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
Strange Susan, States and Markets : An Introduction to International Political Economy, Londres, Pinter, 1994.
Site officiel du GIEC, disponible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml. Dernière consultation le: 9 janvier 2016.
Site officiel de la Plateforme Océan & Climat, disponible à l’adresse suivante : http://www.ocean-climate.org/. Dernière consultation le : 10 janvier 2016.
Oct 4, 2016 | Diplomacia no estatal, Passage au crible (espagnol), Política simbólica, Premio Nobel
Por Josepha Laroche
Traducción: Ulises Aquino Jiménez
Passage au crible n° 137
Source: Wikipedia
El comité Nobel reunido en Oslo atribuyó este año (9 de octubre de 2015) el premio de la paz al cuarteto que conduce desde hace más de dos años el “diálogo nacional” en Túnez. Elogió en este caso “su contribución decisiva en la construcción de una democracia pluralista en Túnez después de la “revolución del jazmín” en 2011”. Este grupo, se compone de cuatro organizaciones las cuales emanan de la sociedad civil: 1) el sindicato UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo). 2) la Federación Patronal Utica (Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía). 3) La liga Tunecina de los Derechos Humanos. 4) La Orden Nacional de los Abogados. El jurado estimó que habrían solidariamente permitido desactivar un conflicto entre los islamistas y anti islamistas quienes amenazaban con hundir al país en el caos.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
En el invierno 2010, como muchos otros compatriotas, un joven licenciado desempleado, el tunecino Mohamed Bouazizi, vende frutas y legumbres para sobrevivir en el mercado de Sidi Bouzid. Desprovisto de toda autorización administrativa, es arrestado por la policía y su mercancía confiscada. Sin poder hacer valer su causa, elige entonces inmolarse el 17 de diciembre de 2010. Así, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, una gran parte de la población tunecina manifiesta su solidaridad hacia el joven hombre. Al mismo tiempo, se movilizan contra el poder al mando, acusado de ser responsable del desempleo y de la corrupción que minan la economía. En los días siguientes, todo el país está ardiendo al grado que el gobierno responde a las manifestaciones populares mediante una implacable represión policiaca. Finalmente, después de un mes de disturbios y la organización de una huelga general, el régimen se derrumba. A pesar de un ligero reajuste gubernamental y algunos vagas propuestas de apaciguamiento, el presidente Ben Alí tuvo que huir a Arabia Saudita el 14 de enero de 2011, poniendo así fin a 23 años de reinado ininterrumpido. Por lo tanto, vamos a hablar de la “Revolución del Jazmín” para caracterizar esta secuencia histórica.
Mohamed Ghannouchi forma enseguida un gobierno de transición y de unión nacional. Paralelamente, todos los presos de conciencia son liberados, mientras que la Liga de los Derechos Humano es restaurada en sus derechos y el principio de la libertad total de la información es proclamado. Finalmente, el Ministerio de Comunicación, acusado bajo Ben Alí de censurar a la prensa y de prohibir la libertad de expresión, es eliminado. Frente a las presiones, Ghannouchi es obligado a renunciar el 27 de febrero de 2011. Él es reemplazado por el antiguo ministro de Bourguiba, Béji Caïd Essebsi. El estado de excepción, en vigor desde enero de 2011, será mantenido. Después de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2014, las cuales ven al partido anti islamista Nidaa Tounès (Llamado por Túnez) llegar a la cabeza, la Asamblea de Representantes del Pueblo reemplaza a la Asamblea Constituyente. En la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el 21 de diciembre de 2014, Caïd Essebsi gana las elecciones con 55.68% de los votos contra 44.32% para Marzouki. Se convierte así en el primer presidente resultado de una elección democrática y transparente. Después de haber conocido múltiples años de inestabilidad política, problemas de improvisación institucionales, Túnez parecía entonces haber conquistado una cierta estabilidad. Sin embargo, fue posteriormente golpeada duramente por diversas operaciones islamistas. Primeramente, el ataque perpetrado por el Estado Islámico contra el Museo del Bardo el cual tuvo lugar el 18 de marzo de 2015, matando a 24 personas (21 turistas, un agente de las fuerzas del orden y dos terroristas) y dejando 45 heridos. Después, el ocurrido el 26 de junio de 2015 en el centro vacacional de Port El-Kantaoui, el atentado dijo de Sousse también fue revindicado por Daesh, dejando 39 muertos y 39 lesionados. Finalmente, esta organización nuevamente revindicó el ataque suicida que tuvo lugar en Túnez el 24 de noviembre de 2015 y que golpeó a la guardia presidencial.
Marco teórico
1. El Nobel a un proceso de secularización. Construida en el transcurso de las décadas, la diplomacia Nobel aparece por lo tanto bien afirmada y claramente identificable. Fundada sobre los valores del humanismo enunciados desde 1895 por Alfred Nobel en su testamento, se observa hoy en posición de tomar partido con fuerza en los grandes temas internacionales. Así, por ejemplo, otorgando el premio Nobel de la paz a los militantes a favor de un Túnez laico y democrático, el Comité Noruego ha manifestado su apoyo frente a los islamistas de los cuales son víctimas. En este caso, tratan de hacer uso de todo su peso simbólico en el combate político que se juega actualmente en ese país. Incluso, más allá de ésta última, toma resueltamente una postura a favor de todos aquellos que luchan en el mundo contra Daesh.
2. El Nobel a una sociedad civil completa. Las condiciones tan estrictas de atribución de los premios detallados por Alfred Nobel e instituidos en 1901 no permiten a los Comités cuales quiera que sean – física, química, psicología-medicina, literatura, economía – de otorgar el premio Nobel a más de tres galardonados al mismo tiempo. Notamos entonces, en este caso, que el jurado de Oslo ha eludido – si no transgredido – esta prohibición designando al cuarteto como sólo y único destinatario. Sin embargo, a través de ellos, es importante entender que es el conjunto de la sociedad civil a la cual la institución Nobel ha decidido distinguir, gratificar y por lo tanto apoyar políticamente.
Análisis
Contamos actualmente varios centenares de miles de muertos en la guerra que agobia desde hace cuatro años a Siria. Una guerra que, recordemos, inició en 2011, a raíz de la primavera árabe iniciada por la revolución tunecina del Jazmín. Los islamistas de Daesh (el Estado Islámico), quienes llevan a cabo los combates contra las tropas del presidente chiita Assad y contra los Kurdos, conquistaron múltiples ciudades y sobre todo amplios territorios al este de Siria. Al punto de que este conflicto en consecuencia se ha internacionalizado y Rusia e Irán apoyan militarmente al régimen, mientras que una coalición internacional, conducida por Estados Unidos, se esfuerza por contener los avances de los islamistas. Sin embargo, los éxitos en combate de estos últimos no se reduce a esta zona geográfica, ni mucho menos. En efecto, Iraq, Kenia, Libia, Mali, Nigeria, Somalia y Afganistán – por citar sólo los principales puntos débiles – aparecen permanentemente golpeados y desestabilizados por los movimientos islamistas, trátese de Daesh, el Frente Islámico, Al Qaeda, Boko Haram, AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico) o incluso el GIA (Grupo Islámico Armado).
En un contexto internacional como ese, elegir otorgar el Nobel de este año al cuarteto tunecino se reviste evidentemente de un amplio significado. Atribuir el Nobel a estas cuatro asociaciones tunecinas que militan en favor de los derechos humanos y de la laicidad se debe analizar como un compromiso político de estar resueltamente de su lado y de apoyarlos en su misión. Dotándolos de esta recompensa, la institución Nobel sacraliza no solamente sus orientaciones políticas transfiriéndoles la notoriedad mundial del premio, sino también reafirma al mismo tiempo su línea diplomática la cual construye año tras año. Así, ésta se caracteriza ya por una fuerte coherencia global y una constante determinación de hacer prevalecer la doxa Nobel frente a los Estados. Para hacerlo, la institución no duda – vía su sistema de recompensas mundial – en inmiscuirse en algunos asuntos en curso, con el objetivo afirmado de influenciar las lógicas dominantes, de cambiarlos de dirección, incluso oponerse. En muchos sentidos, hace falta verla como una política de injerencia diplomática. Así, recordemos simplemente como ejemplo que en 2013, el Comité Noruego designó como galardonada a la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) encargada desde 1997 de velar por el respeto de la Convención Sobre la Prohibición de las Armas Químicas firmada en 1993. En ese momento, esta institución intervenía precisamente sobre el asunto sirio, desde el ataque químico perpetrado el 21 de agosto de 2013 cerca de Damasco. En este caso, la diplomacia Nobel se invita entonces por la fuerza a participar en sus High Politics. Irrumpe entonces en la arena mundial para inmiscuirse en el tratamiento del conflicto sirio. Además, al elegir rendir un homenaje reiterado a la seguridad colectiva y al multilateralismo, poniendo en la agenda internacional estas nociones, se posiciona inmediatamente como interlocutor obligado de los actores estatales, implicados en esta guerra.
El premio Nobel de 2015 revela la misma matriz diplomática. Ésta se presenta de la siguiente manera: 1) distinguir un conflicto, 2) tomando claramente partido al otorgar el premio Nobel a uno de los protagonistas, 3) intervenir como definidor de normas internacionales trabajando, tanto como sea posible, para otorgarles un sentido sacro. Hace falta, sin embargo, distinguir el hecho de recompensar la sociedad civil tunecina en su conjunto, un premio Nobel en efecto innovador. Esta elección inédita testifica en efecto un nuevo avance de procedimiento. Confirma además un nuevo apoyo simbólico del dispositivo Nobel que decididamente no deja de marcar la escena internacional con su huella y de influir la política de las potencias estatales de acuerdo con sus orientaciones.
Referencias
Benberrah Moustafa, La Tunisie en transition. Les usages numériques d’Ennahdha, Paris, L’Harmattan, 2014. Coll. Chaos International.
Bono Irène, Hibou Béatrice, Meddeb Hamza, L’État d’injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie, Paris, Khartala, 2015.
Laroche Josepha, Les Prix Nobel. Sociologie d’une élite transnationale
Oct 4, 2016 | China, Economía Política Internacional, Globalización, Medio ambiente, Passage au crible (espagnol), Seguridad humana
Por Clément Paule
Traducción : Daniel Del Castillo R
Passage au crible n° 136
Source: BBC
La noche del 12 de octubre de 2015, una poderosa explosión sucedió en la ciudad de Tianjin, la cuarta aglomeración más poblada de la República Popular de China. Según los medios chinos, este incidente habría sido provocado por el incendio accidental de una estructura en la cual se almacenaban etanol y otros productos a base de alcohol. No es la primera vez que esta metrópolis de 15 millones de habitantes, localizada al noreste del país – a unos cien kilómetros de la capital Beijing – se enfrenta a este tipo de accidentes. Dos meses antes, una serie de deflagraciones gigantescas devastaron el barrio popular de Binhai y las zonas residenciales adyacentes, dejando oficialmente 173 decesos y aproximadamente unos 700 heridos. El origen del desastre fue identificado en una bodega perteneciente a la firma china Rui Hai Logistics, en la cual se acopiaban grandes cantidades de peligrosos productos químicos. Al respecto, los medios evocaron el almacenamiento de cientos de toneladas de cianuro de sodio en el edificio – particularmente empleado en la minería aurífera – exponiendo de este modo a la población a un riesgo mayor en cuanto a la probable contaminación del agua y del aire. Es la razón por la cual las autoridades chinas lanzaron un plan de urgencia que implicaba la evacuación de 6 000 personas, así como la limpieza a gran escala de las zonas en riesgo. En total, 17 000 hogares y 1 700 empresas se vieron afectados por estos eventos, según la agencia de prensa Xinhua; mientras que un estudio del Crédito Suizo estimó las pérdidas en unos 1,3 mil millones de dólares.
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> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Mencionemos en primer lugar algunos elementos de coyuntura que nos permiten situar esta crisis en la historia reciente del país. El contexto económico se encuentra actualmente marcado por una desaceleración del crecimiento, cuyas cifras se encuentran cada vez más cuestionadas; mientras que el gobierno acaba de devaluar el yuan en dos oportunidades. A nivel político, conviene subrayar la intensificación de la lucha anticorrupción, impulsada por el primer secretario Xi Jinping, lo que condujo al arresto de varios dirigentes del Partido Comunista Chino (PCC). Ciertos autores, como el sinólogo Jean-Pierre Cabestan, hacen referencia a un aumento del militarismo en el régimen, para hacer frente al estancamiento de un modelo preconizado desde los años ochenta. Aunado a esto, se ha producido una serie de catástrofes industriales de gran envergadura: citemos la explosión, en agosto de 2014, de una fábrica de piezas para automóviles en Kushan cuyo resultado fue de 146 víctimas; o también el incendio mortal en un matadero en 2013 en la provincia de Jilin. En lo que a esto concierne, la Organización No Gubernamental (ONG) China Labour Bulletin reportó desde finales de 2014 más de 300 accidentes de este tipo, que condujeron al fallecimiento de cientos de trabajadores chinos.
En este contexto, la municipalidad de Tianjin tiene una importancia estratégica ya que se trata de la puerta marítima de Beijing, así como de un hub internacional de transporte y logística. Cerca de 540 millones de toneladas de materiales transitan anualmente por aquí, posicionándolo como uno de los 10 primeros puertos mundiales. Próxima al poder central, la ciudad conoce un auge sin precedentes desde hace varias décadas, al punto de apodarse “la nueva Manhattan”. Cuenta con la zona económica especial de Binhai, la cual encarna la innovación tecnológica en materia aeronáutica, electrónica, petroquímica y farmacéutica. Su Producto Interno Bruto (PIB) se estimó en 143 mil millones de dólares en 2014, marcando un aumento de 15,5% en relación al de 2013, ya sea más del doble del PIB nacional. Sin embargo, este notorio despegue se acompañó de una urbanización anárquica, así como de una degradación medioambiental relacionada con la industrialización masiva de los últimos treinta años. El cataclismo del 12 de agosto de 2015 golpea en el corazón de la vitrina económica china, materializando las paradojas de una modernización llevada a cabo a la fuerza.
Marco teórico
1. Un hueco negro en la globalización. La inseguridad industrial que revela este accidente demuestra que las industrias eluden sistemáticamente la regulación, ya por sí debilitada a causa de las actividades económicas. Más aún, las lógicas del capitalismo basado en la confabulación – crony capitalism – crean zonas de no-gobernanza que en últimas amenazan la autoridad del régimen chino.
2. La imputación selectiva de la responsabilidad. Confrontado a esta compleja crisis, el gobierno chino aplica los mismos métodos que ya fueron utilizados después de los desastres precedentes, a semejanza de aquellos asignados luego del seísmo de Sichuan en el 2008. Más allá del control de las corrientes de información, se trata de identificar a los culpables que asumirán de forma particular el fracaso general del sistema político-administrativo.
Análisis
Las diversas investigaciones llevadas a cabo sobre la catástrofe rápidamente revelaron toda una serie de irregularidades y falta de respeto de las normas en vigor. Esto a pesar del refuerzo reciente de la legislación en la materia. El depósito que fue objeto del siniestro contenía en efecto 40 veces más cianuro de sodio que el límite autorizado por la ley, además que sus propietarios procedieron al almacenamiento del mismo sin haber obtenido con anterioridad la licencia requerida para este tipo de stock. Por otro lado, las primeras casas se encontraban a unos 600 metros del lugar de la explosión, mucho menos del mínimo legal fijado en un kilómetro. Señalemos que la firma Rui Hai Logistics no operaba fuera de todo marco legal puesto que había aprobado varios controles, e incluso una sociedad especializada le había realizado una auditoría. No obstante, las observaciones formuladas por esta entidad no mencionaban la proximidad problemática de las zonas residenciales. Las continuas infracciones a los procedimientos de seguridad delatan la amplia colusión entre los dignatarios de la ciudad y la empresa incriminada. Por su lado, sus accionistas admitieron recurrir a sus redes de relaciones – llamadas guanxi en China – así como a la corrupción de funcionarios para desarrollar estas actividades. Estas tácticas de depredación dejan entrever tanto la generalización de los comportamientos desviados, como la incapacidad de las autoridades municipales para contenerlos, a falta ya sea de voluntad política, como de medios.
Señalemos que la respuesta de urgencia no se encuentra exenta de disfunciones ya que ciertas fuentes apuntan hacia inexperiencia de los bomberos contratistas, que fueron enviados para apagar lo que en principio no era sino un incendio puntual. De tal manera que las explosiones habrían sido causadas por el uso de agua sobre ciertas sustancias, como el cianuro de sodio, que resultan inflamables a su contacto. De otro lado, la evacuación precipitada de miles de personas y la falta de una comunicación clara durante este proceso estimularon una lluvia de críticas bastante inhabitual. Muchas manifestaciones espontáneas agruparon a un centenar de habitantes preocupados por una eventual contaminación del agua y del aire por los productos químicos nocivos. Los protestantes también reclamaron soluciones en materia de relocalización ya que tan solo una parte de los afectados fueron indemnizados. Frente a estos embriones de protesta, el Estado chino estableció una censura sistemática de las voces disidentes en contra de los rumores y la desinformación. Una decena de portales web fueron cerrados por la Administración del ciberespacio, así como cientos de cuentas de usuarios de las redes WeChat y Sina Weibo. En un comunicado fechado del 18 de agosto de 2015, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó sobre este estricto control que implicaba la marginalización, a veces brutal, de los periodistas extranjeros. Sometidos a hacer el relevo de los comunicados oficiales, ciertos medios nacionales cercanos al PCC denunciaron a pesar de esto la actitud poco transparente de los responsables municipales, quienes favorecían el surgimiento de teorías de la conspiración.
Nunca puesto en duda formalmente, el gobierno central llevó a cabo una serie de investigaciones judiciales que condujeron al arresto de unas doce personas, comenzando por los directores de Rui Hai Logistics. Algunos altos funcionarios también fueron investigados por Yang Dongliang, director de la autoridad pública de la seguridad laboral. Conviene observar que esta represión dirigida se inscribe en la lucha anti-corrupción enarbolada por Xi Jinping desde su ascenso al poder en 2012. Por el momento, esta táctica de individualización de la reprobación parece destinada sobre todo a calmar a la población. Sin embargo, los efectos de estos anuncios no pueden seguir ocultando el déficit de reformas estructurales apuntadas a desarrollar una cultura de la gestión del riesgo en el país. Si bien este desastre logra frenar las estrategias empresariales en Tianjin de forma temporal, la amplitud de los estragos suscita en el corto plazo la intervención de otro tipo de actores. Al respecto, los aseguradores chinos e internacionales ya absorbieron una buena parte de los perjuicios causados. Este sector podría participar indirectamente en el establecimiento de una regulación más eficaz, que aquella llevada a cabo por un sistema político basado en el secreto y corrompido por los conflictos de intereses.
Referencias
Cabestan Jean-Pierre, Le Système politique chinois. Vers un nouvel équilibre autoritaire, Paris, Presses de Sciences Po, 2014.
Laroche Josepha, « La mondialisation : lignes de force et objets de recherche », Revue internationale et stratégique, (47), 2002, pp. 118-132.
Site de l’ONG China Labour Bulletin : http://www.clb.org.hk [25 octobre 2015].
