Jan 7, 2011 | Crisis financiera, Finanzas internacionales, Passage au crible (espagnol)
Por André Cartapanis
Traducción : Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°32
La cumbre del G 20 que se llevo a cabo en Seúl el 11 y 12 de noviembre 2010, fue objeto de comentarios un poco desengañados. Después de la Cumbre de Washington (el 15 de noviembre de 2008), teniendo como ambición de reconstruir el capitalismo y de preparar un nuevo Bretton Woods, de esta última reunión se esperaba un buen dominio de distorsiones en el tipo de cambio, con frecuencia llamado la guerra de monedas. Finalmente, se esperaba igualmente un esquema de nuevas reglas en materia monetaria. Así entonces, el balance del G20 aparece altamente decepcionante. Aun así, los jefes de Estado o de Gobierno aprobaron el corolario de una reforma de reglamentación financiera ambiciosa. Pero su aplicación se hará efectiva hasta 2019.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
A partir del desencadenamiento de la crisis sistémica, en el otoño de 2008, los jefes de Estado o de gobierno inmediatamente iniciaron una acción colectiva adoptando un vasto plan de consolidación de sistemas financieros para evitar que un tal escenario se reproduzca nuevamente en el futuro. El G20 de Washington elaboró un Plan de acción con el fin de extender y profundizar las reglas aplicables a los intermediarios financieros. El 20 de abril de 2009, la hoja de ruta se examinó durante la cumbre del G20 de Londres con el motivo de volver operacionales las opciones retenidas en Washington. La cumbre de Pittsburg, celebrada el 24 y 25 de septiembre de 2009, y de Toronto el 26 y 27 de junio de 2010, persiguieron la tarea sin mayor inflexión sobre el plan de objetivos financieros. Al mismo tiempo, extendieron la discusión a la gobernanza de las instituciones internacionales – particularmente el FMI – y a la coordinación de políticas macroeconómicas y de las políticas de cambio. Finalmente la cumbre de Seúl elaboro una nueva Declaración incluyendo un Plan de acción sobre una mejor coordinación de políticas monetarias y de tasas de cambio. Este texto aprueba las proposiciones del Consejo de estabilidad financiera y del Comité de Bâle bajo la forma de un nuevo conjunto de standards macroprudenciales – a partir de ahora llamados Bâle III– que debe de aplicarse a los bancos.
Marco teórico
1 Desequilibrios globales y guerra de monedas: La crisis financiera esta ligada en parte a los desequilibrios globales de las balanzas de pago, que se acumularon desde el ano 2000 entre los países emergentes (China, Rusia, OPEP) y la economía americana. Efectivamente, la acumulación de reservas oficiales en dólares volvió posible una gran expansión de la liquidez internacional. Se acompañó, entre otros de distorsiones de tasas de cambio, ciertas monedas se encontraron sobre evaluadas -como el Yuan- mientras que el dólar se quedó en una situación de sobre estimación pesando sobre la competitividad americana. En cuanto al euro, se mantuvo en la misma situación que antes de la crisis. Esta configuración se ha imputado a la política de cambio china, puesto que apunta efectivamente a un anclaje del Yuan frente al dólar americano, favoreciendo un proceso de crecimiento aventajado por las exportaciones. Hoy se encuentran distorsiones comparables, ciertos países -China, Alemania, Japón- continúan registrando importantes excedentes de balanza corriente de pagos alimentando la transferencia masiva de capitales y entreteniendo la sobre evaluación de ciertas monedas, en Asia, en América latina. Esto provoca en sus economías nuevas burbujas especulativas en el mercado de activos financieros o en el sector inmobiliario. De ahí la idea de limitar los desequilibrios globales dentro de un marco cooperativo, por ejemplo, según la posición del Secretario del Tesoro americano, Tim Geithner. En especie, se trata de un ajuste de políticas macroeconómicas en el momento en que esos desequilibrios rebasan el umbral del 4% del PIB, en situación de excedente o de déficit de pagos corrientes. Otra opción consistiría a dejar las tasas de cambio ajustarse en función de las fuerzas del mercado con el objeto de neutralizar los riesgos de guerra de monedas y de manipulación de tasas de cambio.
2 Reglamentación macroprudencial: La reglamentación prudencial que se aplica a los bancos tiene por objetivo de frenar los comportamientos a riesgo y de minimizar la probabilidad de crisis apuntando hacia dos objetivos. Contribuir a la seguridad de cada intermediario bancario con el fin de proteger los depositantes y los inversores, frente a eventuales fallas individuales. Tal es la dimensión tradicional de los dispositivos prudenciales –calificados de microprudenciales llamados Bâle I ou Bâle II– que buscan limitar el riesgo de desamparo financiero a favor de instituciones individuales, independientemente de su impacto sobre el resto de la economía. La reglamentación bancaria debe igualmente estabilizar el sistema monetario y financiero en su arquitectura global, tomando en cuenta sus funciones macroeconómicas. Dicho de otro modo, tiene por objeto contener el riesgo sistémico. La finalidad de tal enfoque microprudencial consiste en asegurar la estabilidad y continuidad de intercambios dentro de la esfera financiera, aunque esto implique limitar las fuentes de sobre endeudamiento. Finalmente, aspira a detener todo riesgo de desamparo financiero que induciría a pérdidas significativas en términos de crecimiento, como fue el caso de la crisis sistémica de 2008-2009.
Análisis
Dentro del dominio de la coordinación de políticas monetarias o de cambio, la cumbre de Seúl constituye un fracaso. En efecto, ningún acuerdo político fue posible, China también se opuso a la reducción de los desequilibrios globales y a la gobernanza mundial del sistema monetario y sus políticas de cambio. Mas que adoptar nuevas reglas, los participantes se contentaron modestamente de confiar al FMI el cuidado de profundizar sobre la reflexión de la compatibilidad global de las políticas macroeconómicas. Por otro lado, concerniendo las reglamentaciones microprudenciales, el G20 de Seúl marca progresos reales, insuficientemente señalados. El nuevo dispositivo macropurdencial, ahora llamado Bâle III, prevé aumentar significativamente las provisiones de capitales propias de los bancos y de introducir nuevos ratios –de liquidez de palanca- que deberán respetarse imperativamente. Se trata de medidas capaces de limitar la toma de riesgos – falta de liquidez, insolvencia, transformación de plazos de vencimiento- de los bancos. En cuanto a los riesgos de contagio y de fallas bancarias en cascada se refiere, diversas líneas de acción se han establecido: 1) reducir la importancia sistémica de ciertos establecimientos techando su tamaño o restringiendo la gama de sus operaciones sobre el mercado de activos; 2) reforzar la provisión de fondos propios en función del riesgo sistémico alcanzado por un establecimiento; 3) Ampliar el perímetro de la reglamentación prudencial a los establecimientos tales que el Hedge Funds- o de productos financieros –tales los derivados- que hasta ahora no se han reglamentado. En un futuro, en función de su contribución al riesgo sistémico, ciertos bancos –calificados de too bigs to fail– deberían sujetarse a provisiones de capitales propios mas elevadas en comparación a otras instituciones bancarias mas modestas. Si todas estas medidas van ciertamente en el buen sentido y marcan una inflexión mayor en materia de desreglamentación financiera, lamentaremos que el calendario de aplicación de estas medidas se extienda hasta 2019. Finalmente, subrayamos que el traslado operacional del principio de Bâle III esta sometido al consentimiento de los gobiernos.
Referencias
Cartapanis André, La crise financière et les politiques macroprudentielles: inflexion réglementation ou nouveau paradigme? Conférence présidentielle, 59e Congrès de l’AFSE, Unversité de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, 10 septembre 2010 ; http://www.touteconomie.org/index.php ?arc= v25.
G20, The Seoul Summit Leader’s Declaration November 11-12, 2010.
http://media.seoulsummit.kr/contents/dlobo/E1._Seoul_Summit_Leaders_Declaration.pdf
Cartapanis André, « Les architectures de la crise financière », in : Josepha Laroche (Ed.) Un Monde de sursis, dérives financières, régulations politiques et exigences éthiques, Paris, L’Harmattan, 2010, coll. Chaos international pp. 41-52.
Dec 15, 2010 | Derechos Humanos, Diplomacia no estatal, Passage au crible (espagnol), Paz, Premio Nobel
Por Josepha Laroche
Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°31
Source: Wikipedia
El 10 de diciembre pasado, durante la ceremonia de entrega del premio Nóbel de la paz, el galardonado – el oponente chino Liu Xiaobo- se encontraba ausente purgando actualmente en su país una pena de once anos de prisión por “actividades subversivas”. A pesar de la presión ejercida por Pekín, se le consideraba desde hace ya mas de un año como uno de los favoritos. Finalmente el comité Nóbel le entregó la recompensa el 7 de octubre de 2010 “por sus esfuerzos durables y no violentos a favor de los Derechos Humanos en China”, la recompensa fue calificada de “obscenidad” por las autoridades chinas.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Desde 1901, la ceremonia de entrega de premios Nóbel se desarrolla cada año el 10 de diciembre. Ese día preciso marca el aniversario de la muerte de Alfred Nóbel (1833-1896), fundador del sistema de premios. Inventor, Industrial, financiero, hombre de letras y además pacifista, dicho filántropo sueco a la cabeza de una de las primeras firmas transnacionales decide, por testamento el 27 de noviembre de 1895, consagrar su inmensa fortuna a la creación de cinco premios anuales de los cuales, cuatro serán otorgados en Estocolmo [1] : física, química, fisiología, medicina, literatura. En cuanto al premio de la paz, este exige expresamente que la atribución sea confiada al Parlamento noruego, el Storting. En esa época, la cámara de Oslo representaba efectivamente, una de las raras asambleas en Europa realmente democráticas. Por otra parte, la actividad que dicha cámara ya había desplegado a favor de la paz pareció a Alfred Nóbel más determinante que el conflicto Sueco-noruego, para ese entonces aún activo. El empresario nombra entonces, la Cámara noruega para asegurar la gestión estimándola como la mas calificada y legítima. Como Nóbel no compartía la visión utopista de sus amigos pacifistas buscó promover una nueva tecnología pacifista forjando un dispositivo tanto inédito como original. Para hacerlo, concibió una herramienta simbólica marcada por el sello del humanismo, del cientismo y de la ideología meritocrática. De esta manera, toma forma desde hace mas de un siglo, un sistema de gratificaciones internacionales que honra individuos y transciende fronteras, rechazando los nacionalismos que su fundador aborrecía.
Recordemos que el disidente chino Liu Xiaobo jugó un papel central en la redacción de la carta 08, un manifiesto publicado por los intelectuales y los militantes reclamando libertad de expresión y elecciones pluralistas en China. Este antiguo profesor de literatura igualmente fue uno de los lideres de las manifestaciones de estudiantes de la plaza Tiananmen en 1989, evento por el que se había puesto en huelga de hambre. Tratándose de su ausencia en el momento de la ceremonia, hay que saber que no es la primera vez que un Nóbel no es autorizado a recibir su recompensa. Esta interdicción es el resultado de varias decisiones análogas. En 1958, por ejemplo, el escritor soviético Boris Pasternak no pudo ir a Estocolmo para recibir su Nóbel de literatura, lo mismo pasó en 1970 con el novelista Alexandre Soljenitsyne. Nuevamente en 1975, el académico y físico Andrei Sakharov, no pudo obtener su visa de las autoridades soviéticas para recibir su premio de la paz. Finalmente, el oponente de la junta birmana Aung Sang Suu Kyi, no fue autorizado a viajar a Oslo en 1991.
Marco teórico
Una diplomacia no estatal. La atribución de premios Nóbel –cualquiera que sea su mención- ha instituido con el tiempo, una diplomacia –la diplomacia Nóbel- caracterizada por una fuerte coherencia global y una fuerte determinación a prevalecer la doxa Nóbel frente a actores estatales. Es por esta razón que la mayoría de las veces, el proceso de nobelización tiene la finalidad de contradecir – casi condenar- la política de uno o varios de ellos.
Una diplomacia moral. La institución Nóbel se asienta como conciencia universal y empresaria de moral. En especie, esta diplomacia entiende encarnar la irreductibilidad de valores como la libertad, el saber o la imparcialidad. Así, ella se considera como la más sólida defensora de los Derechos Humanos contra la razón del Estado. A través los galardonados, ella representa una elite militante, una verdadera clericatura internacional que se permite un derecho de ingerencia en los asuntos interiores de los Estados en nombre de la universalidad de los Derechos Humanos y de la preservación de la paz mundial.
Análisis
Frente a la radicalidad de la diplomacia Nóbel, las autoridades chinas se lanzan en una gran ofensiva diplomática para primeramente, modificar la decisión del Comité y prevenir toda distinción acordada a Liu Xiaobo. Sin embargo, la proclamación del 7 de octubre sonó como un primer fracaso y una estigmatización de dicha política. Desde entonces las autoridades han intervenido como avales frente a cancelerías extranjeras con el fin de hacer que estas últimas boicoteen masivamente la ceremonia. Aun así, y a pesar de las presiones reiteradas, solo veinte países –dentro de los cuales se encuentra Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Irán y Pakistán, Rusia y Sri Lanka y Venezuela- finalmente declinaron la invitación del Instituto Nóbel. En cambio los sesenta y cinco países con representación diplomática en Oslo decidieron, en su gran mayoría, de estar presentes. Así por ejemplo, los Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y también Brasil resolvieron no ceder frente a las intimidaciones y amenazas notificadas por Pekín.
La elección de Liu Xiaobo se inscribe dentro de una línea diplomática, demostrando en cuanto la diplomacia Nóbel hacia China, es constante en el tiempo. En efecto, no olvidemos que en 1989, el jurado de Oslo otorgo dicho premio al jefe espiritual del Tibet, el Dalaï-Lama, solamente cuatro meses después de la primavera de Pekín treinta años después del levantamiento de Lhassa. En esa época, la decisión ofrecía, de forma significativa, un reconocimiento internacional a la causa tibetana mientras que la apertura al mercado chino ya incitaba la pusilanimidad. En efecto, si el Dios viviente se hubiera esforzado en obtener la autodeterminación del Tibet por medios pacíficos… pero se habia quedado desde entonces como una diplomacia aislada. Se hicieron varios intentos proponiendo a Pekín compromisos moderados sugiriendo por ejemplo; para el Tibet un estatus análogo al de Hong-Kong, en virtud del principio de un país, dos sistemas. Designándolo, el jurado de Oslo señaló que el galardonado se había “sistemáticamente opuesto a la violencia”. En otros términos, este premio representa a la vez, una condena a la política china y una invitación a sus dirigentes a negociar un reglamento al problema tibetano con el nuevo galardonado.
Aunque China no se abra a la democracia, ella no ha dejado, desde hace ya mas de veinte anos de reforzar su potencia en la arena internacional, al punto de volverse al día de hoy, el principal rising challenger frente al hegemónico Estado Americano. En ciertos aspectos, China no estará formando un directorio del mundo, un G2? No obstante, a pesar de esta nueva información la línea Nóbel sigue siendo estrictamente la misma; oscilando entre condenación moral e incitación al dialogo. Es decir que decidiendo coronar la lucha de un ciudadano chino por la paz, la democracia y los Derechos Humanos, el Comité Nóbel se niega – a la diferencia de la mayoría de Estados- a ser condenado a cumplir su penitencia frente a las reprobaciones chinas.
Referencias
Laroche Josepha, Les Prix Nobel, Paris, PUF, 1995, ouvrage qui sera prochainement réédité.
http://nobelprize.org/nobel_organizations/
http://fr.rsf.org/chine-liu-xiaobo-biographie-28-10-2010.38695.html
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/10/12/46516
[1] El premio de economía fue creado hasta 1968 por el Banco de Suecia, con motivo de su tricentenario y en memoria de Alfred Nobel.
Nov 14, 2010 | Humanitario, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)
Por Clément Paule
Traducción: Maricarmen González Cisneros
Passage au crible n°30
El 29 de octubre de 2010, varios portavoces de agencias humanitarias de la ONU (Organización de Naciones Unidas) reafirmaron sus inquietudes sobre la frágil situación de millones de desplazados paquistaníes. Dichas declaraciones alarmistas insisten en la falta de techo y alimento frente al invierno que se aproxima, tres meses después del comienzo de las lluvias torrenciales que destruyeron Paquistán. Desde el 26 de julio de 2010, las inundaciones masivas se extendieron sobre cerca de una quinta parte del país, desde la provincia du Khyber Pakhtunkhwa – situada al Noroeste – hasta la región meridional de Sindh. Por ahora el balance humano se eleva a cerca de 1800 muertos y cerca de 14 millones de siniestrados. Tanto que los daños materiales fueron estimados a 43 millones de dólares y que el sector agrícola – crucial para la economía nacional – fue duramente afectado. Según responsables de la ONU, se trata de la peor catástrofe de la historia pakistaní. Desde entonces, varios analistas evocaron el futuro incierto de un Estado inestable mientras que se intensifica el conflicto interno oponiendo autoridades y grupos islámicos.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
En primer lugar, no olvidemos que Paquistán – sexto país más poblado del mundo – se encuentra particularmente expuesto a los riesgos naturales, sobre todo islámicos e hidrológicos. Desde principios de los años noventa, varias inundaciones de gran amplitud han golpeado el territorio, también vulnerable a los terremotos. Recordemos como un ejemplo que seis millones de personas fueron afectadas – y entre ellas 1300 muertos – por las fuertes lluvias que acompañaron al monzón de 1992. La base de datos de la EM-DAT (Emergency Events Database) del CRED (Centre for Research of the Epidemiology of Disasters) enumera decenas de fenómenos similares desde 1900. Por tanto estas cifras muestran que el costo socioeconómico aunado a este tipo de riesgos, parecen muy superiores al impacto de los grandes sismos aun más fuertes.
Resulta importante mencionar algunos antecedentes históricos que establecen un vínculo estructurante entre la gestión de catástrofes y la coyuntura política. A ese efecto, el ciclón de Bhola azotando fuertemente Paquistán Oriental – el actual Bangladesh – en noviembre de 1970 parece revelar esta interdependencia. La pasividad del gobierno federal fue estigmatizada por la oposición separatista – la Liga Awami – permitiendo a esta última de reportar las elecciones provinciales un mes más tarde y de proclamar la sucesión bengalí. Si el éxito de la escisión se debe a la implicación hindú en el conflicto, queda a precisar que este accidente natural fue fuertemente instrumentalizado por los actores políticos. Finalmente, el reciente sismo de octubre 2005 – ocurrido en la difícil región de la Cachemira – igualmente produjo una fuerte movilización transnacional. Sin embargo, diversas tensiones opusieron les ONG (Organizaciones no gubernamentales) occidentales y la armada pakistaní, fuertemente criticada por su magro marco de asistencia. Finalmente, la Agencia Nacional ERRA (Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority), puesta en marcha por las autoridades para centralizar el auxilio, fue acusada de corrupción y de malversación masiva de fondos.
Marco teórico
1. Internacionalización de la catástrofe. En este punto tratamos de recordar que el desastre se inscribe dentro de un sistema de impedimentos históricos, políticos y estratégicos. Dentro de esta lógica las dinámicas internacionales de intervención humanitaria deben de analizarse en vista de las estrategias regionales.
2. Gestión competitiva de la ayuda. Es una evidencia que numerosas discrepancias recorren el espacio de los operadores de la ayuda y orientan la distribución de los recursos raros y sus modalidades. En otros términos, la dispersión de estrategias – y de objetivos – transforma la asistencia en objetivos de competencia, tanto dentro de la escala diplomática como en el seno del mismo Estado paquistaní.
Análisis
Primeramente precisemos algunas características de esta catástrofe que se presenta como un proceso lento – contrariamente al Tsunami de 2004 o al sismo en Haití – dentro del cual el impacto se manifiesta en mediano plazo. En este caso, los daños causados por las inundaciones se demultiplicaron por la crisis económica castigando severamente el país quien recientemente solicito al FMI (Fondo Monetario Internacional). Remarquemos que cuatro millones de hectáreas cultivables fueron sumergidas, obligando Paquistán a importar productos alimentarios tratando de interrumpir un probable disparo de precios. Esto permite presagiar una aumentación de tensiones sociales en un Estado profundamente dividido por los conflictos étnicos – aunados a une controvertida centralización, religiosa pero sobre todo política. Como ejemplo, es importante recordar el rol específico de los militares que tomaron el poder desde 1999 hasta 2008 con el general Musharraf, y sus relaciones ambiguas con el actual gobierno civil. Además de esta consideración, las autoridades nacionales – aliadas tradicionales de los Estados Unidos – se enfrentan desde hace mas de una decena de años, a la insurrección de grupos de armados vinculados a los Talibanes Afganos. Esta compleja configuración de intereses opuestos se re transcribió en la crisis post-accidental. Aun más, la gestión del desastre aparece como un medio de modificar la relación de fuerza existente entre los actores locales y también internacionales.
Detrás de la retorica consensual de la solidaridad mundial, se despliega efectivamente, una verdadera diplomacia de la catástrofe estructurada por los objetivos estratégicos de los donadores. A este efecto mencionemos la importante ayuda americana elevándose a cerca de cinco mil millones de dólares. Si este compromiso puede permitir la mejora de la imagen de Washington – manchada por los errores de la guerra en Afganistán –, se trata sobre todo de apoyar un aliado tradicional e indispensable para su implantación regional. Dicho imperativo de seguridad nacional, según la expresión del Senador John Kerry, fue confirmado por el reciente anuncio de una asistencia militar de dos mil millones de dólares en cinco anos. Dentro de esta misma lógica, la considerable movilización musulmana puede difícilmente ser reducida a una simple manifestación de ayuda mutua. Así la contribución saudiita – 365 mil millones- e iraní – 100 mil millones- evocan, por la amplitud de su proceso de soft power a afirmar su presencia dentro de la región siniestrada. De la misma forma, el vecino chino, donador emergente, prometió cerca de 250 mil millones de dólares el 23 de septiembre de 2010. Por otra parte, la transposición de dimensiones simbólica y política también se expresan dentro de la negativa del gobierno paquistaní de toda ayuda directa que venga del rival hindú.
Remarquemos igualmente que el procedimiento de solicitud a las Naciones Unidas – de 1,9 mil millones de dólares – reunió únicamente 39% de la cantidad solicitada. Más allá de la crisis mundial, las modalidades de financiamiento permiten la explicación de esta carencia: los países musulmanes y China parecen privilegiar la ayuda bilateral, mientras que los donadores occidentales desconfían y sobre todo, atribuyen sus fondos al SNU (Sistema de Naciones Unidas), a las ONG internacionales, al movimiento internacional de la Cruz Roja. Las autoridades paquistaníes recientemente trataron de afirmar su leadership dentro del plan de reconstrucción, rechazando la gestión directa de proyectos por los actores externos. Dicha reivindicación de control de la ayuda parece vital para un gobierno debilitado y extremamente criticado por su ineficacia, principalmente la de los responsables regionales. Más aun cuando, según analistas, la fuerte movilización de la armada – 60 000 soldados desplegados a finales de agosto – ocultó el poder civil, haciendo posible un golpe de Estado similar al de 1999. Finalmente, varios comentaristas subrayan el papel creciente de las organizaciones islamistas – como Jamaat-ud-Dawa ou Ahle Sunnat Wal Jamaat – en la ayuda, organizaciones susceptibles de acentuar la deslegitimación de un régimen aliado de los americanos. Esta fragilidad extrema del Estado Paquistaní dentro de sus fronteras, refuerza el impacto de una ayuda internacional en la que el control sigue siendo más que nunca, crucial.
Referencias
Jaffrelot Chistophe (Ed.), Pakistan, Carrefour de tensions régionales, Bruxelles, Complexe, 2002.
OCHA (Office of the Coordination of Humanitarian Affairs), FTS (Financial Tracking Service), Table A: Liste of all Commitments/Contributions and Pledges as of 02 Novembre 2010, consulté sur le site: http :www.reliefweb.int/fts [2 novembre 2010]
“Les catastrophes naturelles”, Questions internationales, (19), mai juin 2006.
Site internet de l’agence pakistanaise NDMA (National Disaster Management Authority) : http//www.ndma.gov.pk/.
Nov 12, 2010 | Derecho internacional público, Derechos Humanos, Justicia internacional, Passage au crible (espagnol)
Por Yves Poirmeur
Traducción: Maricarmen González Cisneros
Passage au crible n°29
El 11 octubre 2010, las autoridades francesas arrestaron Callixte Mbarushimana, Secretario Ejecutivo de las Fuerzas democráticas por la liberación de Ruanda –Fuerzas combatientes Abacunguzi, a través la orden de arresto de la CPI (Corte Penal Internacional) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que supuestamente había cometido en 2009, en las provincias de Kivu, al Este de la Republica democrática del Congo. El arresto de un ciudadano Ruandés viviendo en Francia desde 2002, bajo el status de refugiado político, ilustra los avances de la lucha contra la impunidad ahora posibles gracias a la creación de la CPI dentro de la cual, Francia ha sido uno de los primeros países europeos a ratificar el estatuto de Roma (9 de junio de 2000). La CPI pudo proceder a dicho arresto porque a la diferencia de Estados menos colaboradores, había adaptado desde 2002 (ley de febrero de 2002) su procedimiento penal para responder a las demandas de investigación y de arresto de sospechosos emanadas de la CPI. Sin embargo, la impunidad ocupa todavía un lugar importante dentro de la legislación francesa. En efecto, la reciente Ley del 10 de agosto de 2010 dando el último toque a “la adaptación del Derecho penal a la institución de la CPI” procede a una armonización restrictiva del Derecho penal interno con la definición de incriminaciones retenidas por el estatuto de Roma. Es decir, conserva una concepción estrecha de la competencia universal. En consecuencia, esto permite a algunos criminales internacionales presentes en territorio francés, de escapar a las diligencias penales.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
La represión internacional de crímenes internacionales se institucionalizo con dificultades en el curso del siglo XX, dentro de la sociedad internacional constituida de Estados soberanos frente al compromiso internacional de responsabilidad penal de sus dirigentes y de sus militares como un atentado inaceptable a su soberanía. Apareciendo por primera vez como tribunales ad hoc de Núremberg (1945) y de Tokio (1946), la justicia penal internacional conoció una larga ausencia relacionada con el conflicto Este-Oeste. Más tarde tomo la forma de una jurisdicción especial creada por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar a los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario en Yugoslavia – TPIY (1993), y de genocidio en Ruanda –TPIR (1994). Finalmente, fue dotada de una jurisdicción permanente por la Convención de Roma (1998) instaurando la CPI teniendo por misión de perseguir y sancionar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y el crimen de agresión del cual la definición no existe aun. Las investigaciones abiertas por esta reciente jurisdicción son, por ahora, poco numerosas como los mandatos de arresto y las citas a comparecer que se expiden. Sus investigaciones conciernen la Republica Centro africana, Darfur, Uganda, Kenia y la Republica Democrática del Congo, mientras que muchas otras situaciones justificarían una investigación más profunda como es el caso de la Costa de Marfil, Guinea, Colombia y Palestina.
En la lucha contra la impunidad, la justicia penal internacional se enfrenta principalmente a dos obstáculos. El más evidente resulta del hecho de que solo 133 Estados han por ahora, ratificado el Estatuto de Roma, permitiendo a los criminales internacionales de refugiarse en territorios de países que no lo han ratificado. El segundo obstáculo reside en la preocupación de los Estados a conservar su independencia haciendo prevaler principalmente su visión del Derecho penal asegurando la impunidad de algunos crímenes en los cuales podrían resultar involucrados. Dichos problemas se encuentran también ligados a la falta de armonización de incriminaciones del Derecho penal de los Estados partes con los cuales el Derecho penal internacional y a la inadaptación de procederes penales respondiendo a las solicitudes de investigación y de arresto de la CPI. Finalmente, esto se debe también a las definiciones demasiado restrictivas de su competencia universal las cuales dejan subsistir fallas jurídicas importantes permitiendo a toda persona sospechosa de haber cometido un crimen internacional de extrema gravedad, de sustraerse de ser perseguido dentro de las jurisdicciones nacionales y de la CPI.
Marco teórico
1. El principio de complementariedad. La arquitectura de la justicia penal internacional definida por el Estatuto de Roma (art.1) descansa sobre el principio de complementariedad dando a las jurisdicciones nacionales la competencia prioritaria para juzgar los crímenes internacionales. Es únicamente a titulo subsidiario – en la hipótesis en la cual los Estados son fallecientes y no ejercen ninguna persecución – que la CPI es competente para conocer limitativamente los “crímenes graves que conciernen en su totalidad la comunidad internacional” (art.5).
2. La competencia universal. La puesta en operación del Estatuto de Roma exige que los Estados partes ejerzan plenamente la competencia universal, internacionalmente reconocida por las infracciones cometidas por las personas en el extranjero, mientras que ni su autor ni sus víctimas son residentes. Para poder hacerlo sin exponerse a la injerencia dentro de los asuntos de otro Estado o de instrumentalizar la justicia con fines políticos – conviene que la definición de esas infracciones por el derecho penal interno sean conformes a las del derecho internacional y en todo caso, que el conjunto de la proceder judicial, investigaciones, instrucciones y proceso – respeten los principios del Derecho en un proceso equitativo ofreciendo garantías similares a las de la CPI.
Análisis
Cuando la CPI toma la iniciativa de investigaciones y de diligencias judiciales, el Código del proceder penal (art.627-4 al 627-15) permite a Francia de colaborar eficazmente con la CPI y de asegurar la impunidad. En cambio, la Ley del 10 de agosto de 2010 somete los medios de la competencia universal por los crímenes relevantes del Estatuto de Roma a exigencias tan duras que el ejercicio para las jurisdicciones francesas se arriesga a ser caprichoso permitiendo así a criminales internacionales de escapar del tejido represivo. En efecto, esta competencia extra territorial de jurisdicciones se encuentra subordinada a cuatro condiciones acumulativas: 1). La residencia acostumbrada del supuesto autor de los hechos en territorio de la Republica; 2). La incriminación de los hechos por la legislación penal del Estado donde fueron cometidos o en su defecto, la ratificación por dicho Estado o por el Estado donde la persona sea implicada a la nacionalidad de la Convención de Roma; 3). La persecución de estos crímenes no puede intervenir solo únicamente cuando se es solicitada por el Ministerio Publico; Finalmente 4). Ninguna jurisdicción nacional o internacional no debe de haber pedido la entrega o extradición del autor de los hechos. A ese efecto el Ministerio Publico debe de asegurarse verificando principalmente que la CPI “decline expresamente su competencia” (Código de proceder penal, art.689-11). El criterio de la residencia acostumbrada en lugar del territorio donde solo se presume la simple presencia del autor de crímenes graves, evitara a Francia en perjuicio de asociaciones de defensa de los derechos humanos- de tener que juzgar los numerosos autores presumidos de crímenes internacionales que solamente están de paso en su territorio, quienes pueden sin riesgo alguno continuar a visitarlo. En cuanto al principio de complementariedad se refiere, principio consagrado por el Estatuto de Roma, dando la prioridad a diligencias judiciales a las jurisdicciones nacionales. Parece estar como invertido por la subordinación del compromiso, a condición que la CPI decline previamente su competencia. Es así entonces que una concepción residual de la competencia universal por los crímenes más graves que ha consagrado el legislador salvo el pretexto de evitar una improbable competencia entre jurisdicciones. La ley de 2010 ha, por otra parte, adaptado el Código penal a las definiciones de los crímenes previstos por la CPI, inscribiendo un nuevo libro consagrado a la represión de crímenes de guerra incluyendo las nuevas incriminaciones, violaciones, asesinatos, – completando así la lista de hechos constitutivos de crímenes contra la humanidad – delitos voluntarios contra la vida, delitos contra la libertad, o de violencias en todas las formas posibles a las personas en el cuadro de un plan concertado frente un grupo de la población civil- y precisando las responsabilidades de los autores de genocidios, la incitación publica y directa a cometer un genocidio ahora se encuentra sancionada.
Si al día de hoy, el arsenal represivo ha sido afortunadamente reforzado, todavía existen algunas lagunas que rellenar, la armonización queda aún lejos de estar terminada. Para convencerse es suficiente observar que la prorroga de prescripción de crímenes de guerra fijado por el Código Penal es de 30 anos, mientras que el Estatuto de Roma acepta la imposibilidad de no extenderse por prescripción sobre crímenes que conciernen la CPI (art.29). Francia limita su contribución directa a la lucha contra la impunidad, iniciando ella mismas las diligencias judiciarias no por las lagunas de su transposición de infracciones internacionales en Derecho interno sino por su concepción limitada de la competencia universal, evitándole así complicaciones políticas y sinsabores diplomáticos. Sin embargo, Francia participa eficazmente y sin riesgo cooperando plenamente con la CPI. Es así entonces que el 30 de noviembre de 2010, el Tribunal de apelación de Paris ordeno el envío de M. Mbarushimana al Tribunal de la Haya.
Referencias
Florence Bussy, Yves Poirmeur, La Justice en mutation, Paris, LDGJ, 2010.
Xavier Philippe, Anne Desmarest, « Le projet de loi portant adaptation du Droit pénal français à la Cour Pénale internationale », Revue Française de droit constitutionnel, (81), janvier 2010, pp.41-65.
Jul 22, 2010 | Bienes públicos mundiales, Medio ambiente, Passage au crible (espagnol)
Por Clément Paule
Traducción : Daniel Del Castillo
Passage au crible n°28
El 15 de julio de 2010, los ingenieros de la compañía petrolera BP (ex-British Petroleum) habrían logrado contener la fuga del pozo Macondo a 1500 metros de profundidad. Tres meses después de la explosión y naufragio de la plataforma Deepwater Horizon, el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México parece temporalmente encauzado. Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre 2,3 y 4,5 millones de barriles de petróleo ya sean entre 365 y 715 millones de litros se habrían derramado después del accidente. Por otro lado, BP que explota la estructura offshore y gestiona la crisis post-accidental, conjuntamente con las autoridades norteamericanas ya ha desembolsado cerca de 4 mil millones de dólares para combatir esta catástrofe. A pesar de esto, la factura final podría elevarse a 37 mil millones, según las proyecciones del Credit Suisse Group. A parte de este desafío financiero, el grupo energético ha sido más que todo objeto de numerosas críticas por su incapacidad para controlar rápidamente el desastre.
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Contexto histórico
Creada a principios del siglo XX en Irán, la Anglo-Persian Oil Company (APOC) se impuso como uno de los principales actores de una industria naciente. Sin embargo, la empresa re-bautizada BP en 1954 se ve enfrentada en los años sesenta a las nacionalizaciones llevadas a cabo por los gobiernos del Medio Oriente. Desde entonces, la firma adquiere un carácter transnacional para explotar nuevos yacimientos, particularmente en Alaska y el Mar del Norte. Veinte años más tarde, la firma aún está presente en más de cien países y emplea a más de 100 000 personas. Como tal, hace parte de las seis supermajors petroleras con Exxon Mobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips y Total. Nacidos a finales de los años noventa, estos conglomerados proceden de un movimiento de concentración en el sector, consecutivo a la volatilidad de los precios. Dentro de este contexto, BP invierte masivamente en el mercado norteamericano, al comprar sucesivamente las sociedades Sohio (Standard Oil of Ohio) en 1987, y después Amoco (ex-Standard Oil of Indiana) y Arco (Atlantic Richfield Company) entre 1998 y 2000. Al respecto, esta implantación se inscribe dentro de una estrategia basada en la innovación que fue decidida por Lord Browne, chief executive entre 1995 y 2007. El gigante energético se distinguió entonces por sus múltiples exposiciones al riesgo: citemos, por ejemplo, la serie de ambiciosos acuerdos que fueron firmados en Rusia o también la promoción de energías alternativas.
Dentro de esta lógica, el desarrollo de la perforación offshore sigue siendo el centro de las preocupaciones de la supermajor, ya que los yacimientos más accesibles se encuentran controlados por sociedades nacionales. En lo que a esto concierne, un quinto de las reservas mundiales de petróleo se encontrarían en los lechos marinos. Pionero de esta técnica de extracción, BP es el primer productor de hidrocarburos en el Golfo de México. Esta orientación fue apoyada por los Estados Unidos, cuyos gobiernos sucesivos incluyendo a la administración Obama han disminuido las restricciones en lo que a perforación doméstica refiere. Desde este punto de vista, la potencia norteamericana se esforzó por restringir su dependencia energética, especialmente frente a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). El grupo pudo apoyarse en el descubrimiento de yacimientos como el Tiber cuyo simple anuncio hizo aumentar de 4% el valor del título de la empresa en el 2009 para abrir una nueva era energética. Sin embargo, recalquemos que esta técnica provocó accidentes que condujeron al advenimiento de mareas negras en el Golfo de México. Así lo demuestra la destrucción en 1979 del pozo Ixtoc I, administrado por la compañía estatal mexicana Pemex (Petróleos Mexicanos). De manera general, las instalaciones de BP en los Estados Unidos corrieron con la misma suerte. Citemos en el 2006 la fuga de Prudhoe Bay en Alaska, además de la explosión de una refinería situada en Texas el año anterior, acontecimientos que ya habían llamado la atención de las autoridades y la opinión pública norteamericanas.
Marco teórico
1. Estigmatización de un actor desviado. Inspiradas por el Interaccionismo simbólico de Howard Becker, ciertas nociones permiten tratar de la deslegitimación a la cual se enfrenta el grupo petrolero después del accidente. Al concentrar todas las críticas, BP es objeto de un trabajo ambivalente de estigmatización por parte tanto de sus pares, como de la administración Obama.
2. Reputación e imagen de una compañía transnacional. Se trata de evocar aquí la complejidad entre la percepción de la supermajor y sus resultados económicos. A diferencia de los Estados que según Jonathan Mercer sufrirían muy poco del factor reputación, los operadores privados no disponen de una legitimidad objetivada. Éstos serían entonces más sensibles que los actores estatales a las variaciones de su imagen, ya que pueden poner en juego su supervivencia.
Análisis
En primer lugar, es conveniente recordar los fiascos de BP frente al siniestro. Mencionemos los reveses sufridos por sus expertos a nivel técnico, con soluciones ineficaces y planes de urgencia obsoletos. De esta manera, el procedimiento de top kill fracasó después de su inicio el 26 de mayo, las rutinas organizacionales del grupo se mostraron entonces inoperantes. Estas dificultades prácticas se sumaron al sinsabor que dejó una comunicación mal manejada. Tony Hayward, CEO (Chief Executive Officer) de la BP suscitó, entre otras cosas, numerosos escándalos por haber minimizado el impacto ambiental del accidente. De hecho, la compañía no ha logrado establecer una tecnología de crisis socialmente aceptable. Lo que se encuentra en disonancia con una imagen empresarial construida fundamentalmente sobre el peritaje y la superioridad técnica. No obstante, este fracaso simbólico produce un impacto económico y financiero, teniendo en cuenta el desplome del valor bursátil de la compañía. En efecto, éste se elevaba a 170 mil millones de dólares en abril de 2010, según la clasificación Forbes Global 2000 en la cual BP ocupaba entonces el décimo puesto. A finales de junio, este resultado habría sido dividido por dos, y la Agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings degradó al gigante energético, anticipando de esta manera la acumulación inminente de los costos.
Por otro lado, la incapacidad de BP para sostener un discurso de autoridad sobre la gestión de la crisis suscita el desarrollo de controversias socio-técnicas que se caracterizan por una incertitud bastante fuerte. Citemos el alce en las estimaciones del volumen de la fuga, inicialmente evaluado en 1000 barriles diarios, para llegar hoy hasta la cantidad de 60 000 barriles diarios. Además de esta consideración, la aptitud de la compañía petrolera se ve desprestigiado tanto por sus competidores como por el gobierno norteamericano. Estos últimos interventores están implicados en varios niveles de la gestión del siniestro y se ven afectados por las consecuencias de los fracasos sucesivos. En lo que a esto respecta, los valores bursátiles de Exxon Mobil y Total cayeron de un 15% a causa del desprestigio de BP. De ahí las tácticas de estigmatización y diferenciación que insisten en las fallas de una compañía presentada como aventurera y negligente frente a los riesgos. Mencionemos en este sentido la audición del 15 de junio, frente al Congreso norteamericano, de los responsables de ConocoPhillips y Royal Dutch Shell, que describieron el asunto como un incidente aislado, únicamente imputable a los errores de BP. En cuanto a las autoridades norteamericanas, éstas adoptaron una posición de emprendedor de moral, ya que la marea negra podía convertirse en un test político, cinco años después del paso de Katrina.
Finalmente, la administración de la catástrofe parece poner en juego la supervivencia misma de la compañía. Recordemos que el brutal hundimiento de su valor bursátil expone a BP a la amenaza de una OPA (Oferta Pública de Adquisición) desfavorable, incluso a una quiebra. El grupo puede ciertamente apoyarse en sus recursos consolidados del 2009 con 17 mil millones de dólares de beneficio neto. Pero también, se ve obligado a llevar a cabo estrategias de extraversión, al solicitar los consejos financieros de Goldman Sachs, así como fondos soberanos qataríes o libios en vista de una asociación estratégica. A pesar de todo, el impacto de su posición desviada permanece controlado en la medida que las otras supermajors están de acuerdo en evitar una OPA, considerada por el CEO de Total como una operación carente de ética. Esta posición ambivalente podría explicarse por el miedo a trastornar un orden económico que aún es inestable. Parece más aún hacer referencia a una reacción común contra todo intento externo de regulación, comenzando por el moratorio del gobierno de Obama sobre la perforación offshore. Esto plantea de nuevo la cuestión de las reglas – pragmáticas o normativas -susceptibles de definir y sancionar la desviación de los actores privados a nivel mundial.
Referencias
Becker Howard, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, [1963], trad., Paris, Métailié, 1985.
Crooks Ed, « BP – Anatomy of a Disaster – Part 1; Cover Story », The Financial Times, 3 juillet 2010.
Dobry Michel, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 3e éd., Paris, Presses de la FNSP, 2009.
Mercer Jonathan, Reputation in International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1996.
