May 27, 2011 | China, Derechos Humanos, Passage au crible (espagnol), Paz
Por: Anaïs Henry
Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°42
El 10 de marzo del 2011, el décimo-cuarto Dalaï-Lama, Tenzin Gyatso, decidió ceder su poder político al Primer ministro del gobierno tibetano en exilio. Desde el 2 de abril, Lobsang Sangay ocupa el papel de líder de la comunidad tibetana. Esta decisión impacta la comunidad internacional pues desde hace casi catorce siglos los Dalaï-Lamas encarnaban un poder a la vez político y espiritual, particularmente frente a los 150 000 tibetanos en exilio, en el mundo entero.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
El Tibet conoció periodos diferentes de difusión del budismo desde el siglo VIII. Es hasta el siglo XVI en el que Sonam Gyatso, tercer padre del monasterio de guélougpa de Drépung, fue reconocido por la primera vez como Dalaï-Lama. Retrospectivamente, sus dos predecesores se volvieron primer y segundo Dalaï-Lama; todos desde entonces representando el sistema de reencarnaciones. Inicialmente solamente poseían el poder religioso y seguían encargándose de las cuatro ramas des budismo tibetano, es decir la de los Nigmapas, los Kagyupas, Sakyapas y los Guélougpas. Pero en 1642, “gracias al apoyo de los Mongoles, el quinto Dalaï-Lama unifica, […], un vasto territorio bajo la autoridad del gobierno eclesiástico nobiliario en Lhassa, le Ganden phodrang”. A partir de este momento, los Dalaï –Lamas vana a ejercer en el tibet un poder religioso y también político.
En 1949, Mao-Tse-Tung, habiendo terminado de formar la RPC (Republica Popular de China), ordena la invasión del Tibet. En 1950, Tezing Gyatso, con apenas 15 años de edad- accede al trono como Dalaï-Lama. A pesar de los esfuerzos de negociación con el gobierno chino, el 10 de marzo de 1959, se ve obligado a exiliarse en India. Desde esa fecha, numerosos fueron los tibetanos que se refugiaron en el extranjero. La mayoría de ellos se instaló en los países limítrofes (India, Nepal, Sikkim, Ladakh), pero también en Europa y en los países anglosajones. Desde sus primeros años, el Dalaï-Lama impuso las bases de un gobierno aspirando a la protección de su pueblo y de su cultura. Gracias a constitución que él mismo estableció, fue constituido en Dharamsala un gobierno en exilio dentro de un espíritu de democracia y respeto de los Derechos Humanos.
El Dalaï-Lama recibió varias recompensas por su combate a favor de la no-violencia, los Derechos humanos y la paz. A ese respecto, le fue otorgado el premio Nóbel de la Paz en 1989. Mas recientemente, el Congreso americano le otorgó una medalla de oro en octubre del 2007 por su compromiso a favor de la no-violencia.
Marco teórico
Retengamos dos líneas de fuerza:
1. El cumplimiento de un proceso de democratización. La decisión del Dalaï-Lama ilustra la tesis de Lawrence Whitehead. Según este último, después del final del mundo bipolar, estamos asistiendo en la escena internacional, a una normalización del proceso de democratización pasando por una elección libre de los dirigentes políticos.
2. Los juegos cruzados de calificación: Subrayemos la estrategia de marginalización de China sobre la escena internacional y su aspiración al premio Nóbel tibetano.
Análisis
Desde su entronización, el décimo-cuarto Dalaï-Lama deseó fuertemente un cambio democrático. Dentro de esta perspectiva, aún antes de exiliarse, modificó el sistema judicial e hizo que se terminara con la deuda hereditaria que sometía los paisanos a la aristocracia. Después de su viaje al extranjero, instauró instituciones garantes de la identidad tibetana y facilitó el surgimiento de un sistema democrático. En los anos 1980-1990, impulso la creación de oficinas en el país donde se encontraba implantada una comunidad importante de tibetanos. Es gracias a esta última acción que los tibetanos puedes votar por sus representantes. De esta manera, confiando el poder ejecutivo al Primer Ministro, el Dalaï-Lama termina un proceso de democratización que se encontraba ya en curso. Más recientemente, las poblaciones del mundo árabe se levantaron contra sus dirigentes para reclamar la democracia. Es importante remarcar que en esta situación, nos encontramos en otro tipo de configuración pues no fueron los tibetanos que pidieron a su líder de dejar el poder, sino todo lo contrario. No se trata del resultado de una directiva exterior. Se trata de una política paternalista y carismática de un hombre de setenta y cinco anos de edad quién estimo que el momento de autogobierno de su pueblo, había llegado. Además de esta consideración, tenemos que saber que el Dalaï-Lama igualmente fue objeto de desaprobación por parte de las autoridades chinas. Efectivamente, cuando cumple con una acción o se desplaza para cumplirla, las autoridades chinas lo denigran. Para estas ultimas, se trata de un monje vestido de paño, de un separatista, de un déspota, buscando mantener sus súbditos sujetos al esclavismo. Por otro lado, Mao-Tse-Tung había dado legitimidad a la invasión del Tibet, invocando la necesidad de liberarlo de un régimen teocrático. En el seno de esta operación se inscriben varios argumentos, una manipulación de la información con la cual se pretende la captación de la legitimidad internacional. Mientras tanto hoy, el responsable político del gobierno tibetano en exilio es un laico elegido por la mayoría de los tibetanos en exilio (55%) bajo sufragio universal. A este efecto, el gobierno chino no podrá mas utilizar en el futuro su repertorio de estigmatización hacia el nuevo dirigente. Finalmente, gracias al cambio obtenido y la devolución del poder ejecutivo, las criticas de China y los países que denunciaban el estatus del Dalaï-Lama por su mezcal de religioso con lo político, se vuelven irrelevantes.
Esta decisión se inscribe dentro del marco de un combate político que dura mas de sesenta años. Por la no-violencia, el pueblo tibetano muestra su deseo ardiente de una mejora de los Derechos Humanos en China y al respeto del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos.
Referencias
Heath John, Tibet and China in the Twenty-first Century, Londres, Saqi, 2005.
Stil-Rever Sofia, Le Dalaï-Lama. Appel au monde, Paris, Seuil, 2011.
Travers Alice, « Chronologie de l’histoire du Tibet », Outre-Terre, (21), janv. 2009, pp. 109-128.
Withehead Laurence, « Entreprise de démocratisation : le rôle des acteurs externes », Critique internationale, (24), mars 2004, pp. 109-124.
May 23, 2011 | Derechos Humanos, Passage au crible (espagnol), Unión Europea
Por: Franck Petiteville
Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°41
Frente a la crisis en Libia de la primavera de 2011, la Unión Europea (UE) progresivamente decidió situarse del lado de los insurgentes de Benghazi, pedir el retiro del poder del Coronel Kadhafi, adoptar sanciones contra su régimen el 11 de marzo de 2011 y propuesto una operación militar europea a vocación humanitaria el 1° de abril.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
La vocación de la UE a administrar las crisis internacionales es tan antigua como la primera experiencia diplomática común, vía la Cooperación Política europea de los años setentas. El tratado de Maastricht (1992) elevó las ambiciones de la UE en el dominio de la gestión de crisis creando la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común), resultándose impotente frente al conflicto en la ex Yugoslavia (250 000 muertos). El lanzamiento de la Política europea de defensa en 1999, progresivamente dotó de instrumentos militares de gestión de crisis quienes fueron principalmente utilizados en África en el año dos mil (intervenciones en la Republica Democrática del Congo en 2003, en Chad en 2008 y a lo largo de las costas somalíes en 2008-9)
La implicación de la UE en el Mediterráneo es también antigua. En estos últimos quince años conoció diferentes marcos; El proceso de Barcelona (1995) que descansa sobre el conjunto de acuerdos de cooperación económica y de ayuda al desarrollo, Política de vecindad (2004) y finalmente la Unión por el Mediterráneo, lanzada en 2008.
Sin embargo la Unión Europea se quedó corta frente a la primavera árabe. En un principio Reaccionando en orden disperso, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE trataron de presentar una posición común en el Consejo europeo extraordinario del 11 de marzo de 2011. Afirmaron su apoyo a las revoluciones árabes y principalmente a los anuncios de la transición democrática en Egipto y en Túnez. Tratándose de Libia, condenaron la represión, declararon al Coronel Kadhafi “ilegitimo” y reconocieron el “Consejo nacional de transición” establecido por los insurrectos de Benghazi como “interlocutor político”. En apoyo a las resoluciones del Consejo de seguridad de la ONU, la UE adoptó igualmente diversas sanciones contra el régimen de Kadhafi (embargo sobre las armas, prohibición de visas, congelamiento de ingresos, etc.) La UE manifestó principalmente su intención de impedir al régimen de almacenar los dividendos de las exportaciones de petróleo y de gas. El 1° de abril, la UE marca una nueva etapa sentando las bases de Eurofor Libia, una operación militar, rama de la PESC, apuntando a asegurar la ayuda humanitaria a las personas desplazadas por el conflicto, susceptible de realizarse bajo el mando de la oficina de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas.
Marco teórico
1. La crisis en Libia como una prueba de la cohesión de los veintisiete
Desde la perspectiva de la teoría realista de Relaciones internacionales, la noción de Política exterior es inapropiada. Efectivamente, en la configuración realista, es el Estado quién posee los atributos de la Política exterior: soberanía, interés nacional, potencia militar. Bajo esta perspectiva, los Estados miembros de la UE son reticentes a ceder su soberanía en materia de high politics de la manera en que lo hacen en el terreno económico. Los realistas no se sorprenden de que en cuanto hay una crisis internacional, los Estados miembros de la UE reaccionan en orden disperso, principalmente expresando su interés nacional, como fue el caso de la división europea sobre la guerra en Irak de 2003. La crisis en Libia por su parte, dio el sentimiento de confirmar dicha visión ya que los europeos no mostraron una posición común, ni fuerte ni visible. Por el contrario, las diplomacias nacionales se demarcaron nuevamente por su singularidad. Nicolas Sarkozy y David Cameron impusieron precozmente la idea de una intervención armada exterior. Angela Merkel, por el contrario, rechazó todo riesgo de entrar en guerra y se abstuvo al momento de votar la resolución 1973 del Consejo de seguridad, del 17 de marzo de 2011, concerniente a la zona de exclusión aérea. Por su parte, Berlusconi titubeó a causa de la reafirmación de la amistad italo-libia al principio de la crisis y hasta finales de abril del 2011 fecha de la conversión obligatoria hacia las operaciones armadas de la coalición.
2. Una prueba de credibilidad de la Política exterior europea después de Lisboa
Demasiadas esperanzas fueron depositadas estos últimos años hacia las nuevas potencialidades de la Política europea de defensa común y hacia las nuevas representantes de Política exterior creadas por el tratado de Lisboa: Presidente del Consejo europeo, Alto representante de los asuntos exteriores y de seguridad y Servicio europeo de acción exterior. Aún así, no es seguro que la gestión de la crisis en Libia por parte de la UE haya respondido a estas esperanzas. Efectivamente, en el terreno militar, fué la OTAN y no la UE quién tomo la responsabilidad de la operación de bombardeos hacia las fuerzas del coronel Kadhafi; la Política europea de defensa pudo ser únicamente movilizada al margen del conflicto para eventualmente ocuparse de la ayuda humanitaria. En el terreno diplomático, Herman Van Rompuy y Catherine Ashton hicieron lo que pudieron para turnarse las posiciones europeas sobre la arena internacional, pero su visibilidad se quedó limitada gracias al minimalismo de entendimiento de los veintisiete. Es posible afirmar entonces que la crisis en Libia, se haya una vez más desprendido de las capabilities expections gap mantenidas por los tratados europeos y por el discurso oficial de la UE. Dicho de otra manera, perdura el abismo entre las esperanzas levantadas por la UE, la opinión publica y las realizaciones efectivas dentro del orden internacional.
Análisis
Las revoluciones árabes en general y la crisis en Libia en particular, nuevamente demostraron los límites de la Política exterior europea. Los europeos se tomaron demasiado tiempo para reaccionar positivamente a las reivindicaciones de los pueblos árabes y a mostrar una posición clara a favor de la salida de los dictadores, contrariamente a la rapidez del presidente Obama en referencia a Ben Ali y Moubarak. En el fondo, dichas revoluciones en cadena vaciaron el contenido de las Políticas de cooperación promovidas, desde hace ya mucho tiempo atrás, a favor del mediterráneo. Nunca apareció como un objetivo central de dicha Política la democratización de la región (las cláusulas de condicionalidad democrática insertadas en los acuerdos euro-mediterráneos nunca fueron activadas). Por el contrario, el temor europeo de la inmigración proveniente del Magreb y de África Subsahariana se volvió el punto central de la Política europea y más que nunca en esta época de revoluciones árabes y de crisis en Libia. Los europeos no lograron obtener un acuerdo sustancial para dar cuerpo a la famosa “responsabilidad de proteger” frente a la perspectiva de una intervención armada en Libia. Ciertamente la UE apoyó las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad, principalmente las referentes a las sanciones contra Kadhafi, sobre la atribución de la competencia a la Corte Penal Internacional, la que concierne el lanzamiento de una operación de exclusión aérea. También participó a los pourparlers del Grupo de contacto sobre el futuro de Libia al lado de la Liga árabe y de la Unión africana. Aun así, la UE se quedó lejos del Consejo de seguridad y relativamente opacada detrás de las iniciativas de algunos Estados miembros (Francia y Reino Unido a la cabeza). En el plan militar, la oferta europea de una intervención humano-militar complementaria no parece despreciable pero – si se le llega a ver – sería únicamente porque se trata de una operación limitada y en suplemento de la potente intervención militar de la OTAN. La gestión europea de la crisis en Libia dejará el recuerdo de una reacción atada al mas pequeño denominador común, (sanciones, operaciones humanitarias) entre los Estados miembros divididos una vez más, sobre la legitimidad del recurso a la fuerza.
Referencias
Delcourt Barbara, Martinelli Marta, Klimis Emmanuel (Éds.), L’Union européenne et la gestion de crise, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 2008, 270 p.
Petiteville Franck, « Les mirages de la politique étrangère européenne après Lisbonne », Critique internationale, avril-juin 2011, pp. 94-112.
May 2, 2011 | Derechos Humanos, Justicia internacional, Passage au crible (espagnol)
Por: Yves Poirmeur
Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°40
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió, en la resolución 1970 del 26 de febrero de 2011, otorgar la capacidad a la CPI (Corte Penal Internacional) de la situación el Libia. Efectivamente se sospecha que el régimen del Coronel Gadafi, cometió crímenes contra la humanidad a partir del 15 de febrero de 2011, reprimiendo la insurrección que estalló al Este del país, llevando a una serie de ataques sistémicos y generalizados contra la población civil. El procurador de la CPI, Luis Moreno-Ocampo abrió una encuesta desde el 3 de marzo. Posteriormente, el viernes 13 de mayo del 2011, anunció que iba a solicitar a los jueces la expedición un mandato de arresto internacional contra “tres personas que parecen tener la responsabilidad más grande”. Por otro lado recordemos que la resolución 1970, no logrando disuadir al gobierno libio de terminar con la represión militar, el Consejo de seguridad se vio obligado a autorizar una intervención militar aérea. (Res. 1973(2011)).
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Creada en 1998 por la Convención de Roma, la CPI representa la primera jurisdicción penal internacional permanente e independiente, encargada de juzgar los crímenes internacionales más graves y en la que los Estados partes no aplican su competencia universal. No ratificaron su estatuto 78 Estados miembros de la ONU, teniendo así la capacidad dar asilo a los criminales. De esta manera, la opción propuesta del Consejo de seguridad a la CPI de retomar esta jurisdicción, en nombre de las medidas que puede tomar cuando una situación amenaza la paz y la seguridad internacionales (Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas) es un medio complementario para luchar eficazmente contra la impunidad. Este procedimiento fue utilizado por primera vez por los crímenes cometidos en Darfur (Resolución 1593 del 1 abril del 2005). De esta manera y recurriendo de nuevo a esta resolución, el Consejo de seguridad confirma la legitimidad de la CPI sabiendo que hay Estados que se niegan a aceptar su competencia y la denuncian como un instrumento imperialista occidental. Decidiendo olvidar esta situación, se renueva el interés de dicho mecanismo haciendo uso de este último, únicamente de manera preventiva.
Marco teórico
1. Una penalización y una judiciarización de conflictos internacionales. La autoridad de la CPI no se impone únicamente a los Estados que aceptan su jurisdicción ratificando su estatuto. Efectivamente, aunque raros o muy específicos, transmitiéndole una situación las resoluciones del Consejo de seguridad le confieren la autoridad mundial de la que están envestidas. Confirmándole, muy tempranamente una situación, como fue el caso de Libia, el Consejo de seguridad no otorga únicamente la legitimidad de la CPI como juez penal mundial, encargado de vigilar el cumplimiento de la obligación de los Estados de proteger su población, sino que sitúa el conflicto en terreno penal y completa el repertorio de medidas gracias a las cuales se puede tratar el conflicto.
2. Una economía de sanciones internacionales extendida a la amenaza penal. El reenvío de la situación en Libia a la CPI consagra la idea de que la amenaza de una represión penal internacional puede jugar un papel importante en la prevención de crímenes internacionales disuadiendo la actuación. El hecho de someter un tal caso a la CPI enriquece el arsenal de medidas propias a la prevención de conflictos y el reestablecimiento de la paz. Gracias a una nueva economía de la amenaza internacional participa de peso sobre los dirigentes políticos. Esta economía descansa sobre: 1). El hecho de poner en evidencia la gravedad de las sanciones penales expuestas; 2). La certitud de que se perseguirán las diligencias judiciales contra los autores de los crímenes; 3). La existencia de una dirección competente para juzgarla. Sin embargo, aunque la doctrina del empleo de esta amenaza se haya establecido claramente, su potencia disuasiva et limitada.
Análisis
Adoptado a la unanimidad, mientras que los seis miembros del Consejo de seguridad – de los cuales tres permanentes (Estados Unidos, Rusia y China) – no ratificaron el estatuto de Roma, la resolución 1970 conforta aun más la legitimidad de la CPI, esta ultima recibió el apoyo de la Liga árabe y de la Corte africana de Derechos Humanos. Su vocación es trasferida por el Consejo de seguridad en cuanto un Estado ya no asegura la responsabilidad de proteger su población del genocidio, de crímenes de guerra contra la humanidad (Cumbre mundial de 2005 (60/1)). Situada simbólicamente del lado “del pueblo contra sus tiranos” y presentada como capaz de retener las empresas criminales, la CPI se inserta en la red institucional coherente de protección de los Derechos Humanos y de la lucha contra la impunidad que comprende principalmente las ONG de defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Hombre y las organizaciones regionales. Aparece como un componente crucial de este ultimo y beneficia así de su capital de simpatía. Globalmente el contexto de las revoluciones árabes es propicio a la difusión de una imagen de la CPI protectora de su pueblo, permitiendo descalificar la idea de que se trata de un simple instrumento del imperialismo occidental. Su intervención es reclamada por los insurrectos, quienes denuncian los crímenes de la dictadura difícilmente condenable por los dirigentes de los regímenes autoritarios que para mantenerse en el poder, tratan algunas aperturas democráticas limitadas (Algeria, Marruecos).
Si la encuesta abierta apunta hacia las autoridades libias y si el procurador de la CPI recuerda que ella también surtirá efecto sobre los crímenes cometidos por los insurgentes, la resolución 1970 se encarga de definir estrictamente el objeto de la referencia – crímenes contra la Humanidad cometidos desde el 14 de febrero de 2011 – y de excluir los extranjeros provenientes de los Estados que no ratificaron el estatuto de la Corte. Esta disposición muestra cuanto la lucha contra la impunidad se encuentra todavía extremadamente tributaria de los intereses de los Estados. Ciertamente, la legitimidad de la CPI estaría mejor asegurada sin dichas excepciones que la exponen a los reproches de la selectividad. Sin esta decisión, la situación no hubiera podido diferirse y la participación americana a la intervención militar aérea que le siguió, hubiera podido ser impedida.
Mientras que el arsenal de medidas clásicas no implica el uso de la fuerza (Carta de las Naciones Unidas, art.21 y41) aplicables a las personas –prohibición de viajar, congelamiento de ingresos- estas afectan inmediatamente a sus destinatarios, por que la justicia internacional tiene igualmente un papel disuasivo otorgando al arresto, a la persecución y a la condena de los responsables de crímenes internacionales un alta probabilidad de realización. Aun cuando la justicia penal internacional pueda recomendar condenas desde la creación del TPIY, estas últimas son todavía muy raras para hacerlas entrar en el cálculo penal de los dictadores tan duros como Gadafi, de responsables militares y policías especializados en la represión o de jefes de las fracciones armadas, dispuestos a todo para mantenerse o para acceder al poder. La persecución de la represión efectivamente confirmó que la “guía” y la mayoría de los dirigentes libios fueron inaccesibles a dicho argumento. Solamente los reenvíos sistemáticos, interviniendo en la primera alerta y en la puesta a disposición de medios financieros suficientes (la resolución 1970 deja el financiamiento a cargo de los Estados-parte de la CPI) para conducir las encuestas, convertirán el riesgo en casi una certitud, siendo casi posible de modificar las actividades criminales menos determinadas de los dirigentes. La lentitud y la discreción con la que el Consejo de seguridad, por razones e intereses específicos sobre la región en cuestión, aborda la situación libia y tarda en transmitirla a la CPI (si lo hace algún día) contrasta con su celeridad – solamente 10 días después del inicio del conflicto a la vista de las primeras afirmaciones recabadas por la Comisión de los Derechos Humanos – a diferir la situación libia. Un tal desfase confirma que se necesitara mucho tiempo para que la certitud del castigo pueda traer consigo las virtudes preventivas que se atribuyen a esta jurisdicción. Por el contrario, parece probable que la estigmatización internacional de los principales dirigentes del régimen como los criminales internacionales en potencia favorezca la separación, el retiro, o hasta la concentración de los insurgentes responsables políticos y militares menos comprometidos y que siguen siendo fieles al régimen. Más allá de este incierto efecto preventivo. Un caso tal presenta otros meritos represivos. De esta manera, se permite abrir una encuesta y obtener pruebas inmediatamente – si los elementos son suficientes – para emitir rápidamente mandatos de arresto internacional, aun cuando el conflicto no se haya terminado.
La emisión de órdenes tales, volvería imposible – o al menos extremadamente difícil- todo arreglo político con los que designan, para asegurarles impunidad inmediatamente, encontrándoles una tierra de asilo.
Referencias
Sur le conflit : Marzouki Moncef, Dictateurs en sursis. Une voie démocratique pour le monde arabe (entretien avec Vincent Geiser), Paris, Éd. de l’atelier, 2011.
Conseil de sécurité : Résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) sur la situation en Libye.
May 1, 2011 | Medio ambiente, Passage au crible (espagnol), Seguridad
Por Clément Paule
Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°39
Source : Flickr
Según la edición del 3 de mayo, del Diario Asahi Shimbun, el gobierno japonés evaluó el monto de las compensaciones a cerca de 50 millones de dólares, que debieron haber sido depositados por TEPCO (Tokyo Electric Power Company). Casi tres meses después del sismo del 11 de marzo de 2011 el accidente ocurrido en la central de Fukushima Daiichi no parece haber sido bien gestionado por el gigante de la electricidad en Asia. Por lo tanto, la cuestión de la indemnización de las victimas –individuos y comunidades locales – suscita algunas controversias mientras que las autoridades y las industrias son fuertemente criticadas por su mala gestión de la crisis. De esta manera, el presidente de la potente organización patronal Nippon Keidanren (Federación de organizaciones económicas japonesas), Yonekura Hiromasa, pone en duda la responsabilidad del Estado, supuesto obligado a asegurar la integralidad de las indemnizaciones. Por ahora, según el grupo JP Morgan Chase, el costo financiero de la catástrofe se eleva a 24 millones de dólares para TEPCO, mientras que el Banco Bank of America-Merrill Lynch evoca un monto cinco veces superior.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
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Contexto histórico
Tercer productor mundial de energía nuclear, – detrás de los Estados Unidos y Francia –Japón cuenta hoy con aproximadamente cincuenta reactores en actividad, generando cerca del 30% de la actividad del país. Con el objetivo de reducir su fuerte dependencia frente a los combustibles fósiles, el Estado nipón opto desde los años setentas por una estrategia privilegiando la industria atómica. Estimulado por la gigantesca inversión y la cooperación americana, dicho sector se desarrolló considerablemente comprendiendo Toshiba, Hitachi, o Mitsubishi Heavy Industry. En 2006, el METI (Ministerio de Economía, Comercio y la Industria) afirmó su objetivo de producir, desde ahora y hasta el 2030, 50% de las necesidades eléctricas a partir de dicha tecnología. A ese efecto, la construcción de una docena de nuevas estructuras ha sido planeada por las próximas décadas.
Igualmente recordemos que TEPCO, líder del mercado japonés, cuarta firma mundial – después de RWE, EDF (Electricidad de Francia) y E.ON – fue creada en 1951 en el marco del final del monopolio energético del Estado. Desde los años sesenta, la empresa conoce un fuerte crecimiento permitiéndole invertir en el sector nuclear: el complejo de Fukushima Daiichi se volvió operativo en marzo de 1970. En poco tiempo TEPCO se impuso como la primera multinacional productora de electricidad en Asia. Dicho ascenso fue paralizado por numerosos escándalos: en agosto del 2002, las autoridades revelaron la falsificación de decenas de documentos producidos para disimular los incidentes ocurridos en sus instalaciones desde los años setenta. De forma general, las polémicas implicando la industria se multiplicaron con los incidentes de Tokaimura en 1999 o de Mihama en 2004.Tratandose de TEPCO, el sismo de Chuestu en 2007 provoco el cierre, durante 21 meses, de la más grande central – Kashiwazaki-Kariwa, localizada a 250 kilómetros al Norte de Tokio. Para ese entonces, la compañía había registrado sus primeras pérdidas en veintiocho anos, estimadas a 4,4 millones de dólares.
Marco teórico
1. Red de fidelidad en el sector nuclear. Denunciadas por los movimientos ecologistas bajo el término de “oligarquías”, las colusiones que unen los actores nucleares, públicos y privados parecen estructurantes en el desenvolvimiento de la crisis. Caracterizados por su irresponsabilidad política y judicial, los responsables buscan mantener una solidaridad de facto frente al desarrollo de críticas profanas.
2. Estrategia de desvío (blame avoidance): La gestión del desastre se vuelve igualmente teatro de tensiones entre los mismos interesados en cuanto a la imputación del error. En este caso el gobierno fragilizado, antes del sismo, trata de otorgar la responsabilidad del accidente a TEPCO.
Análisis
Primeramente, conviene de poner en evidencia las similitudes del evento con la implicación de la gran petrolera BP en la marea negra del Golfo de México en 2010. Efectivamente, la estigmatización de la multinacional marginal, la inculpación por la subcontratación o la caída de la firma en la bolsa, aparecen como elementos comunes a dicha coyuntura post-accidente. Aun mas, TEPCO no parece ser capaz de controlar la situación puesto, que su primer plan de salida de crisis fue presentado el 18 de abril del 2011. En lo que se refiere a sus dirigentes, se refugiaron en manifestaciones públicas de remordimientos. Aun más, la comunicación de la compañía se encuentra lacunaria, casi falsa. Los repetidos fracasos que terminaron por arruinar la reputación de dicho actor, criticado por el Estado, estimularon el surgimiento de controversias socio técnicas y de experiencias alternativas. Sin embargo, al contrario de BP en 2010, es importante retener el fracaso de las agencias nacionales de regulación, particularmente de la NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency), responsable de las inspecciones del METI y de la comisión NCS (Nuclear Safety Commission) dentro de las cuales las reglas no fueron examinadas. A pesar de la acción de los alarmistas – whistleblowers – como los sismólogos Katsuhiko Ishibashi y Kiyoo Mogi denunciando, no solamente las reglas sino también los conflictos de intereses. Recordemos que las recomendaciones de la AIEA fueron ignoradas igualmente, dentro de las cuales la moratoria de cinco anos sobre el enriquecimiento y la recuperación, aun si esta había sido reclamada por el antiguo director Mohamed El Baradei.
Por otro lado, notemos la ambigua actitud del gobierno frente a TEPCO, amenazada de nacionalización pero apoyada por el Estado. Al respecto el alejamiento de la ONG Greenpeace – para proceder a la medida de las radiaciones o a la creación de un fondo de indemnización destinado a evitar la bancarrota de la empresa – traduce este apoyo. Recordemos que en el pasado, las autoridades cubrieron los accidentes comprometedores del operador y que el escándalo de 2002 tuvo un gran impacto en el grupo. Subrayemos también los efectos de la internacionalización de los actores nucleares japoneses, que acompañaron la creciente regulación de los anos noventas. Citemos por ejemplo el acuerdo de la JINED (International Nuclear Energy Development of Japan Co. Ltd) establecido en octubre de 2010 entre el Estado y la Industria para la exportación de la tecnología en el extranjero. Además, mencionemos también el papel de TEPCO en el marco del Protocolo de Kioto, con el objetivo de alcanzar los objetivos del país en materia de reducción de las emisiones de CO2. Efectivamente vemos que las proximidades institucionales y estratégicas se refuerzan gracias a la red de fieles uniendo la alta administración y los grandes de la electricidad cristalizados en el METI, oscilando entre promoción de la energía atómica y controles de seguridad.
Por ahora, esta configuración trajo consigo el cierre del espacio de gestionarios de la catástrofe, principalmente sobre las evaluaciones de los escapes radioactivos. Es una prueba la renuncia por desacuerdo de las medidas tomadas por el gabinete del presidente Toshiko Kosako – consejero científico del Primer Ministro- a finales del mes de abril. Conjuntamente, los comentadores críticos castigaron la circulación circular de la información –según la expresión de P. Bourdieu- destilada por los léales responsables del sector nuclear. Contrariamente a los Estados Unidos, frente a BP, las autoridades japonesas oscilaron entre una cierta solidaridad hacia TEPCO y una estrategia de desvío, pasando por la estigmatización de un actor de antemano marginalizado. En todo caso, la colusión y el encimo – staddling- entre público y privado, no son cuestionados como tales. Aparece el riesgo de free-riding – o hacer rancho aparte- de un Estado participando al control, la disimulación de información en nombre de las prioridades estratégicas. Esta organización del secreto – que no sabrá ser imputada a una pretendida especificidad japonesa – representa un peligro no solamente para la población sino para los bienes públicos mundiales, más precisamente. Esto se revela aún más problemático que si las instancias internacionales de regulación – la AIEA – estuvieran mucho más preocupadas por la vertiente militar de la tecnología para uso civil, no obstante, particularmente arriesgada.
Referencias
Chateauraynaud Francis, Torny Didier, Les Sombres précurseurs : une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Éds. de l’EHESS, 1999.
Ishibashi Katsuhiko, “Why Worry? Japan’s Nuclear Plants at Grave Risk from Quake Damage”, International Herald Tribune, 11 août 2007.
McCormack Gavan, « Le Japon nucléaire ou l’hubris puni », Le Monde diplomatique, avril 2011.
Poirmeur Yves, « Qu’est-ce qu’une information loyale ? », in: Josepha Laroche (Éd.), La Loyauté dans les relations internationales, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2011. Coll. Chaos International.
Weaver Kent R., « The Politics of Blame Avoidance », Journal of Public Policy, 6 (4), 1986, pp. 371-398.
Apr 26, 2011 | Diplomacia, Migraciones internacionales, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)
Por Catherine Wihtol de Wenden
Traducción: Maricarmen Gonzalez Cisneros
Passage au crible n°38
El reencuentro del martes 26 de abril del 2011 entre Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi trató de la gestión de la migración, consecuencia de las revoluciones árabes. Francia, renunció a la puesta en marcha de la clausula de salvaguarda contra los migrantes llegados a la frontera italiano-francesa prevista en Schengen.
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> Referencias
Contexto histórico
Las revoluciones de la ribera Sur del Mediterráneo (Túnez, Egipto, Libia) suscitaron un discurso alarmista sobre los riesgos migratorios hacia Europa. De esta forma, el Presidente Sarkozy dentro de su discurso del 27 de febrero del 2011, dio prueba del estado y consecuencias que implicarían en materia de migraciones e islamismo. Indicó que podrían surgir consecuencias mayores sobre los “flujos migratorios vueltos incontrolables y sobre el terrorismo”, agregando que “es Europa quien está en primera línea”. Desde entonces los medios de comunicación no pararon de de preguntarse sobre el vinculo existente entre la revolución al interior de estos países y de los movimientos migratorios que resultaron de ellas. Aunque sea raro ver que los revolucionarios dejar su país sin esperar resultados de su victoria en materia de libertad e igualdad. Un mes más tarde, la llegada de cerca de 28,000 tunecinos y libios a la Isla italiana de Lampedusa provocó un contencioso entre el Presidente del Consejo Silvio Berlusconi –quién decidiera otorgar visas de estancia de tres meses a los que demandaban asilo en forma de “asilo territorial”- mientras que Francia se negaba a permitir a los migrantes cruzar la frontera franco-italiana, aunque esta fuera regida por los acuerdos de Schengen (libre circulación dentro de la zona Schengen, es decir 28 países europeos). El 20 de abril de 2011, las autoridades francesas anunciaron que decidían suspender, de forma provisional, la aplicación de esta convención y de la clausula de salvaguarda prevista “en caso de amenaza para la seguridad pública” y de inmediatamente proceder al control de las fronteras.
Marco teórico
1. Los acuerdos bi y multilaterales de control de fronteras, una nueva diplomacia de las migraciones.
Firmados entre un país de la Unión Europea y un país vecino de esta, o entre un país extra-europeo y la Unión Europea, estos acuerdos tienen como fin limitar los flujos migratorios, a través de políticas de control de salidas y de la reconducción a la frontera de los ilegales, a cambio de políticas de desarrollo, de acuerdos comerciales o de atribución de visas de estancia destinadas a las élites. El ejemplo, el más emblemático, es el de los acuerdos de readmisión en términos del Pacto europeo sobre la inmigración y el asilo del 2008, ya puesto en marcha de forma bilateral por varios Estados. Así, Italia y Libia, habiendo firmado varios textos en este sentido, hacían de este último el país protege-fronteras de Europa contra los inmigrantes ilegales y los demandantes de asilo que se comprometían a filtrar, sin estar obligados a firmar la convención de Ginebra sobre asilo (1951). Por el contrario, Trípoli en esa época, pidió 5 mil millones de euros al gobierno de Berlusconi. Túnez por su lado y en la misma época, también había firmado un plan bilateral con Italia y con Francia. En dichos documentos, se comprometía a controlar sus fronteras y a hacerse responsable de los ilegales reconducidos.
2. Las políticas de internalización de las fronteras.
La pérdida de control de los acuerdos de readmisión, aunados al final de los dictadores, protagonistas del Sur, plantea la pregunta sobre la eficiencia de los otros instrumentos de control europeo de fronteras. Se trata de una parte de los acuerdos de Schengen sobre el control de las fronteras externas de Europa por un lado, y por otro lado los acuerdos de Dublín sobre el derecho de asilo hacia Europa; y finalmente Frontex por la común puesta en marcha de la policía europea al servicio del control de las fronteras. Sin embargo frente a la débil puesta en marcha de los acuerdos bilaterales de readmisión y de control de fronteras firmados con Libia y Túnez, nos preguntamos qué peso tienen los instrumentos de control de fronteras externas de Europa, punta de lanza de la política europea de inmigración y de asilo desde el lanzamiento del Pacto europeo de 2008. ¿Qué hace Frontex? ¿Va dar auxilio a los naufragados del Mediterráneo, para llevarlos a las costas europeas, deplorando su pobreza, aunque su presupuesto haya sido en 2010 de 88 millones de euros? Por otro lado subrayemos que el dispositivo europeo aparece con pocos efectos en cuanto los acuerdos bilaterales están ligados a firmas bajo regímenes dictatoriales. Efectivamente, Túnez, Libia y Egipto no disponen de un acuerdo multilateral de readmisión con la Unión Europea. Los acuerdos bilaterales de control de fronteras, firmados, o negociados entre los jefes de Estado se vuelven en consecuencia menos eficaces pues los regímenes que remplazan las dictaduras, los consideran sin mucha importancia. Finalmente, las actuales dificultades de la gestión de los flujos migratorios también se desprenden del hecho de que los países europeos no se muestran solidarios para “compartir la carga” italiana.
Análisis
Un breve resumen del contexto migratorio de salida y de llegada en la ribera Sur del Mediterráneo conduce, principalmente, a identificar situaciones migratorias diversas y variadas. Túnez, es un país de emigración en el que 50% de la población tiene menos de 25 años, está ampliamente urbanizado, alfabetizado y golpeado por el desempleo. Sin embargo, en razón de su proximidad con Europa, es también tierra de tránsito utilizada por los habitantes de Sahara del Sur. Otra tierra de transito es Libia, quién en el 2009 acogía 780,000 extranjeros, según el reporte de las Naciones Unidas sobre la Población, e igualmente representaba un país de inmigración, si tomamos en cuenta sus yacimientos petroleros. El país atrae la migración del Sur (llamada Sur-Sur) la cual viene en su mayoría de los Estados vecinos (Egipto, Túnez, Nigeria, Marruecos Algeria). La mayoría de los migrantes ya han regresado a su país de origen, dichos países se han organizado para hacer regresar a sus migrantes, como Marruecos, por ejemplo. Otros han regresado a su origen por sus propios medios, preocupados por el clima de violencia. Egipto por el contrario, es un país de salida hacia los países del Golfo, Italia, y Libia y en menor grado, otros países europeos (Francia y España). Estos Estados firmaron con sus vecinos europeos, acuerdos bi y multilaterales de readmisión, a través de los cuales se comprometen a re integrar en su seno territorial a los ilegales reconducidos a la frontera por parte de los países europeos, ya sea de sus nacionales o de migrantes en tránsito detenidos en Europa y que pasaron por su territorio. Aunque las convenciones hayan sido firmadas de Estado a Estado o con la Unión Europea, la mayoría de las veces han sido negociados directamente entre el Presidente Berlusconi, Kadhafi y Ben Ali, a cambio de prestaciones tales como la obtención de visas de estancia para candidatos (sobre calificados) a salir del territorio, por medidas de ayuda al desarrollo o por regalos como la construcción de una autopista del Este al Oeste de Libia a Egipto. ¿Empero el fin de esos regímenes autoritarios, trae consigo el final del compromiso de comportarse como el escudo de Europa?
En Túnez, los candidatos a salir del país, que habían planeado salir antes de la revolución de jasmin aprovecharon la oportunidad de un control policiaco laxista en las fronteras. Utilizaron su oportunidad utilizando lugares estratégicos, mucho menos controlados como la región de Zarzis, cerca de la isla de Djerba. El desempleo, la pobreza, la falta de esperanza a corto plazo frente a las recaídas de la revolución en materia de empleo y del nivel de vida, los incitaron a dejar su país. En su mayoría, no se trata de solicitantes de asilo sino de migrantes económicos que sueñan con Europa en general y con Francia en particular. Una gran mayoría de ellos terminó en la isla de Lampedusa. Por el contrario, los migrantes en tránsito por Túnez, tomaron otras rutas o se fueron a África Subsahariana. En cuanto a los migrantes libios se refiere, en Italia fueron considerados mayoritariamente como solicitantes de asilo. Globalmente, los migrantes de trabajo Sur-Sur retomaron el camino de regreso a sus países de origen, a veces repatriados, a veces aglutinados a la frontera de los países vecinos de Libia. Así, 336 658 personas huyeron de Libia, de los cuales 165 000 hacia Túnez. Mientras tanto la ONU invito a los Estados a mantener sus fronteras abiertas, ya que para William Swing, director general de la OIM (Organización internacional de las Migraciones) “se trata de una de las más importantes evacuaciones humanitarias de la historia”.
Referencias
Cassarino Jean-Pierre, Unbalanced Reciprocities: Cooperation on readmission in the Euro-Mediterranean Area, Middle East Institute, September 2010, 93 p.
Wihtol de Wenden Catherine, La Question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales, Paris, Presses de sciences-Po, 2010.
