Mar 2, 2017 | África, Comercio internacional, Passage au crible (espagnol), Unión Europea
Por Mustafá Benberrah
Traducción : Daniel Del Castillo
Passage au crible n° 145
Source : Wikimédia
El 14 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la segunda reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta entre Túnez y la Unión Europea (UE). En esta se acordó la adopción de una resolución no vinculante, la cual recomienda a las instituciones europeas obrar por la creación de un « Plan Marshall ». Dicho dispositivo no solo estaría destinado a apoyar la transición tunecina, sino que también avalaría la conversión de la deuda europea, en proyectos de inversión.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Pasados cinco años de la revocatoria de Zine El Abidine Ben Alí, el escenario político de Túnez se ha desarrollado de diversas maneras; entre las cuales está la promulgación de una nueva Constitución el 26 de enero de 2014. Esta incluye especialmente las libertades tanto de expresión, como de opinión y de conciencia; la igualdad entre los hombres y las mujeres, y el principio de paridad en las asambleas conformadas por los elegidos del pueblo. Estos avances fueron reconocidos el 09 de octubre de 2015, cuando se atribuyó el Premio Nobel de Paz al cuarteto compuesto por la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), el sindicato patronal Unión Tunecina de Industria, Comercio y Manufactura (UTICA, en sus siglas en francés), la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH), y la Orden Nacional de Abogados (ONA). Sobresale que este grupo viene desarrollando desde hace más de dos años un « diálogo nacional ». A tal punto, que la UE expresó su voluntad de consolidar su relación con la república tunecina, acentuando el papel central de la sociedad civil en la construcción del proceso democrático.
Túnez y la UE retomaron los diálogos el 15 de octubre de 2015, con la perspectiva de alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio Completo y Profundo (ALECA, en sus siglas en francés), que extienda la zona de libre comercio establecida en 1995 para los productos industriales. Este texto confiere al Estado tunecino el estatus de « socio privilegiado », además que incentiva su integración económica en el espacio europeo. Por último, recordemos que estas negociaciones se desarrollan en el marco del proceso euro-mediterráneo de Barcelona, impulsado desde 1995. Este último introduce el concepto de « asociación EUROMED », el cual se basa en tres ejes: el político, el económico y aquel relativo a la seguridad. Siguiendo esta iniciativa, el presidente François Hollande anunció el viernes 22 de enero de 2016 que: « Francia pondría en marcha un plan de apoyo a Túnez de mil millones de euros para los próximos cinco años ».
Sin embargo, este Estado del Magreb enfrenta aún hoy en día una serie desafíos considerables tanto a nivel político, económico, como relativos a la seguridad. No olvidemos los asesinatos políticos y los ataques terroristas que se dieron estos últimos meses, acciones violentas que condujeron a la UE a confirmar su apoyo. Después del atentado perpetrado el 18 de marzo de 2015 contra el Museo Nacional del Bardo, la organización europea expresó su solidaridad al vincular la «seguridad del vecino país con aquella de los países europeos ». Esta declaración antecede la firma, el 4 de noviembre de 2015, de un acuerdo entre la embajadora de la UE Laura Baeza, y los ministros de Desarrollo y del Interior, Yassine Brahim y Nejem Gharsalli, respecto a un préstamo de 23 millones de euros. Esta cantidad será consagrada a la reforma del sector de la seguridad, cuyos principales objetivos serán la protección de las fronteras y la lucha contra el radicalismo. Por otro lado, se discutieron medidas económicas, como el aumento de las cuotas del aceite de oliva exportado hacia Europa. La Comisión Europea adoptó estas medidas en septiembre « para proteger la economía de Túnez después de los recientes ataques terroristas ». De hecho, el amparo de un sector del cual dependen más de un millón de tunecinos, se manifiesta como un « esfuerzo concreto para estimular el empleo », así como una « ventaja económica necesaria a corto plazo ».
Marco teórico
1. El control unilateral de las negociaciones. Los ataques terroristas que azotaron a Túnez en 2015, consolidaron las iniciativas de la UE en cuestión de seguridad. Estas disposiciones fueron propuestas en el marco de una « asociación privilegiada » que agrupará, a largo plazo, a todos los sectores de la economía tunecina. No obstante, una abertura significativa de los mercados plantea un temor en cuanto a un posible desequilibrio a favor de los operadores occidentales, lo que incitó a los actores locales a la movilización, con el fin de oponerse a las negociaciones.
2. La resistencia estructural de la sociedad civil. James Rosenau demostró que la política exterior ya no constituye más hoy en día una competencia exclusiva de las autoridades nacionales. A partir de ahora, los gobiernos deben hacer concesiones a los nuevos actores libres de soberanía. Estos últimos contradicen aquello que consideran como una mala administración de los fondos públicos, lo que evita inducir un mejoramiento socio-económico significativo.
Análisis
En Túnez los esfuerzos de cooperación siempre han sido objeto de controversias tanto para la sociedad civil, como para la esfera mediática, los cuales tienen tendencia a estigmatizar una forma disimulada de clientelismo. Estos grupos subrayan que la concreción de semejante compromiso va a influenciar ampliamente las orientaciones políticas en materias diplomática y económica. Aparte, los grupos mencionados también realzan la cuestión de los impactos inmediatos, que consideran inciertos.
Desde esta perspectiva, la oposición denuncia el carácter puramente comercial y financiero del ALECA, al igual que los desequilibrios potenciales entre los operadores locales y los europeos. Se considera que el libre comercio beneficia sobre todo a Europa, en particular a Francia, Alemania e Italia. Los contestatarios igualmente deploran la ausencia de una ayuda real para modernizar la economía tunecina, y edificar un aparato productivo verdaderamente competitivo tanto a nivel industrial, como agrícola y de los servicios. En estas condiciones, Túnez podría difícilmente sacar provecho de la abertura de los mercados.
Por otro lado, estas protestas se transformaron en una fuente potencial de turbulencia global. Tras reclamar una moratoria de las discusiones en junio de 2015, quince organizaciones – entre las cuales se encontraban la UGTT, el Foro Tunecino por los Derechos Humanos (FTDES) y la LTDH – dieron parte de sus preocupaciones públicamente. Finalmente, la juventud tunecina rechaza el neo paternalismo, a pesar de todo persistente.
Varios economistas y organismos mediáticos sostuvieron esta misma visión de las cosas, con el fin de frenar las negociaciones que se adelantan; citando el caso de Marruecos, donde el ALECA sigue estando bajo el condicionamiento efectuado por las evaluaciones de impacto que realiza el Ministerio de Comercio de ése país. Estos actores disponen de datos que les permiten utilizar la estructura del conocimiento analizada por Susan Strange, para jerarquizar los objetivos inscritos en la agenda política. En un contexto en el cual la UE atribuye un papel importante a los actores libres de soberanía, considerados como los interlocutores inevitables del Estado, las discusiones corren entonces el riesgo de demorarse, incluso de ser suspendidas provisionalmente, como ya sucedió en el 2014.
Referencias
Benberrah Moustafa, La Tunisie en transition. Les usages numériques d’Ennahdha, Paris, L’Harmattan, 2014. Coll. Chaos International.
Laroche Josepha, « L’engagement du Nobel contre l’islamisme. Le quartet tunisien, Nobel de la paix 2015 » : www.chaos.international.org
Nawaat, consulté le 10 février 2015 sur : www.nawaat.org
Feb 23, 2017 | Diplomacia, Migraciones internacionales, Passage au crible (espagnol), Unión Europea
Por Catherine Wihtol de Wenden
Traducción : Duly Albarracín
Passage au crible n° 144
Wikipédia
El 4 de abril de 2016 entró en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Este completa un conjunto de tratados bilaterales y multilaterales que la Unión Europea ha firmado con sus vecinos del sur, convirtiéndolos en guardias fronterizos para Europa. A cambio, las compensaciones incluyen tanto visas para los calificados, construcción de infraestructuras, como ayudas para el desarrollo. Pero este documento es de una magnitud muy particular.
Desde el 2014, Europa está rodeada por países en crisis, que son presa de guerras civiles a todo lo largo del sur del mediterráneo (Libia, Siria, Irak), y más allá, en aquellos países del cuerno de África, que orientaron hacia Europa corrientes de solicitantes de asilo de un tamaño sin igual. En 2015, 1.255.640.000 de emigrantes hicieron solicitudes de asilo en el centro de la Unión Europea, y 625.000 en 2014, mientras que los picos anteriores (en los años noventa, luego de la caída del Muro de Berlín) alcanzaban las 500.000 solicitudes anuales, siendo 220.000 el volumen promedio durante los años anteriores. A diferencia de las revoluciones árabes que, desde el 2011, habían inducido pocas corrientes migratorias hacia Europa (Túnez, Libia, Egipto), nadie anticipó que el régimen sirio se mantendría. Nadie habría imaginado de 4,7 millones de sirios huirían de su país para intentar refugiarse en Turquía (2,7 millones se encuentran allí actualmente), en Jordania (600.000) y en el Líbano (1 millón), ni que el resto estaría intentando atravesar la frontera griega para solicitar asilo en Europa.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, Turquía conservó, no obstante, su reserva geográfica hacia aquellos que son solo europeos: los que no son europeos no pueden gozar del derecho de asilo de la ONU, a menos que una orden sea expedida directamente en el país por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En cuanto a las familias sirias que huyeron de su país, fueron admitidas en Turquía. Estas buscan definir su estatus legal, acceder a un empleo, e intentar atravesar la frontero greco-turca. Según el reporte del ACNUR de 2015, Grecia es en efecto el país por donde ingresó la mayoría de solicitantes de asilo de Oriente Próximo, llegando Italia en segundo lugar para los otros migrantes y refugiados.
Dos vías permanecen posibles: la vía marítima, con traficantes como intermediarios, y la vía terrestre, atravesando el río Evros antes del trayecto en Tracia y la ruta de los Balcanes. La foto de principios de septiembre del pequeño sirio Aylan Kurdi de tres años, muerto en la playa de Bodrum a causa del naufragio de sus padres al intentar atravesar Turquía para llegar a Grecia, causó gran conmoción. Al mismo tiempo, el anuncio de Angela Merkel declarando a Alemania lista para acoger 800.000 solicitantes de asilo fue fríamente acogido por los otros países europeos de occidente. Estos se tardaron en responder a Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, quien había propuesto cuotas de acogida de reinstalación de acuerdo con la capacidad económica y el tamaño de la población. Por consiguiente, Francia aceptó acoger 30.000 solicitantes de asilo en dos años, además de las solicitudes habituales. Por lo tanto, la cifra de estas solicitudes de asilo aumentó a 79.000 individuos. Sin embargo, pocos solicitantes de asilo sirios quisieron ir a Francia ya que muchos de ellos conservaban vínculos con los migrantes turcos instalados en Alemania desde hace tiempo. Además, la política de disuasión y la dificultad de acceso al mercado laboral de los solicitantes en Francia, no lo hicieron un país atractivo. Una línea de fractura se dibujó del mismo modo entre Europa occidental y oriental. Los países de Europa central y oriental – llamados de Visegrado – se muestran hostiles a la acogida de refugiados de Oriente Próximo y de cultura musulmana; reacciones que favorecen el ascenso de la extrema derecha.
Marco teórico
1. El fracaso de la estrategia de disuasión y solidaridad europeas en materia de asilo. Pese a 25 años de militarización y control de las fronteras, las corrientes de refugiados no cesaron de aumentar durante los últimos diez años, haciendo visible el papel de actores no estatales, como los traficantes. Frente a una Europa dividida, los países buscaron externalizar el control de las fronteras con Estados no europeos (acuerdos de readmisión de solicitudes denegadas), frecuentemente de forma bilateral. En ocasiones, les confiaron la selección de los candidatos para el reconocimiento al derecho de asilo, ya que desde ese momento, fueron considerados como seguros para la Unión Europea. Esto revela la desconfianza de los países de la Unión en sus propios mecanismos de control fronterizo. De igual forma, esta política rinde testimonio de una falta de solidaridad entre los Estados miembros de la Unión concerniente al tratamiento del asilo. Ciertos países, como Alemania, se muestran muy generosos. Otros, como Hungría, simplemente rechazaron de un tajo acoger refugiados, alegando que no querían ver amenazado su ideal de homogeneidad nacional y étnica.
2. Del soberanismo a la tentación del repliegue. Los Estados de la Unión Europea y aquellos de los Balcanes buscan retomar los controles nacionales de sus fronteras y cerrarlas. Con ello, desconocen deliberadamente el dispositivo Schengen que establece la libertad de circulación al interior de todo el espacio territorial europeo. ¿El sistema Schengen está amenazado por la crisis de acogida a los refugiados? Ciertas facciones de extrema derecha preconizan el retorno al control nacional de las fronteras por parte de los Estados, sin pensar que el comercio internacional, el trabajo transfronterizo, o el turismo, se verían entonces gravemente afectados.
Análisis
La Unión Europea escogió a Turquía para celebrar un acuerdo con el fin de atenuar el peso de los arribos a Grecia, un Estado que enfrenta una grave crisis económica en la actualidad. La idea consiste en delegar en Turquía lo esencial del acogimiento, pero sin el derecho al asilo previsto por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. La segunda respuesta se valora en la tentativa europea de poner fin al tráfico de pasantes en el mar Egeo, luego de que la tentativa de hacerles la guerra a los traficantes (y a los emigrantes) se mostró poco realizable. ¿Cómo, en efecto, patrullar el Mediterráneo para eliminar las embarcaciones improvisadas, sin poseer un mandato de intervención en los países de salida, ni a lo largo de sus costas? La tercera respuesta concierne la preocupación del gobierno turco de recobrar una imagen positiva en Europa gracias a la firma de este documento. Las reivindicaciones de Turquía a cambio de la acogida de los sirios se sostienen en tres puntos: 1) la reanudación de las negociaciones en cuanto a su candidatura de entrada a la Unión Europea; 2) la supresión de los visados para la entrada de los turcos a Europa, ya que Turquía presenta hoy un saldo migratorio negativo para el continente (hay menos turcos que parten hacia Europa, que turcos europeos que regresan a Turquía); 3) el desembolso de 6 mil millones de euros en 2 años para acoger a los sirios. Esta disposición es objeto de vivas reticencias por parte de algunas organizaciones, ya que recuerda los convenios anteriormente celebrados entre la Unión Europea y Libia. Vale la pena recordar al respecto que este país, que fuera por un largo tiempo desterrado del escenario internacional, había recobrado una imagen de respetabilidad en Europa (con Francia e Italia principalmente), ya que había aceptado seleccionar a los solicitantes de asilo subsaharianos en camino hacia Europa, a cambio de obsequios otorgados al presidente Gadafi: desembolso de elevadas sumas de dinero, programas de desarrollo y construcción de infraestructuras. Para Turquía, el acuerdo se concentra más bien en un trueque: uno por uno. Por cada sirio repatriado por Ankara a solicitud de la Unión Europea (ya que no responde al perfil de refugiado), otro será reinstalado en la Unión, con un límite de 72.000 individuos. A principios de abril, los países europeos estaban por establecer esta peculiar negociación, con la participación de Frontex, la agencia europea de vigilancia fronteriza, mientras que la OTAN contribuía con las interceptaciones en el Mediterráneo.
Sin embargo, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la migración internacional y el desarrollo, Peter Sutherland, expresó sus reservas acerca de un acuerdo potencialmente “ilegal”. Asimismo, la eficacia no se ve garantizada debido a que los emigrantes experimentarán otras rutas además de las vías de tránsito entre Grecia y Turquía, enriqueciendo la labor de otros traficantes. Ciertamente, esta disposición permitirá a Grecia reenviar hacia Turquía las solicitudes de asilo inadmisibles. Pero, por su lado, las organizaciones critican la clasificación de este último como un país socio seguro. Finalmente, el acuerdo sólo le concierne a los sirios, siendo que más de la mitad de recién llegados a Grecia son afganos e iraquíes.
Los traficantes deberán inventar otras rutas además de aquella del mar Egeo. No obstante, la ruta de los Balcanes también parece difícil. De hecho, muchos países de tránsito de la región cerraron sus fronteras como, por ejemplo, Macedonia. 30 000 personas han muerto en el Mediterráneo desde el año 2000, y 3.000 más durante el 2015. En 2016, ya se contabilizaron 351 decesos, en un ambiente de cierta indiferencia por parte de la opinión europea. Este acuerdo que externaliza el asilo hacia un país fuera de la Unión Europea – considerado como seguro para la ocasión – se efectúa violando el principio de no devolución previsto por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Tratándose de la administración de la inmigración y el asilo, este acuerdo somete a una dura prueba los valores de solidaridad entre los países europeos, así como los Derechos Humanos sobre los cuales se construyó Europa.
Referencias
Schmoll Camille, Thiollet Hélène, Wihtol de Wenden Catherine (Eds.), Migrations en Méditerranée, Paris, CNRS Editions, 2015.
Wihtol de Wenden Catherine, Atlas de migrations, un équilibre mondial à inventer, 4e éd., Paris, Autrement, 2016.
Jan 24, 2017 | Comercio internacional, Multilateralismo, Passage au crible (espagnol)
Por Valérie Le Brenne
Traducción : Duly Albarracín
Passage au crible n°143
Source: Flickr – World Trade Organization
Del 15 al 19 de diciembre de 2015 se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, la décima conferencia interministerial de la OMC. En esta ocasión, la organización acogió a un nuevo integrante: Afganistán, el cual aumentó a 163 el número de países miembros. Al término de este encuentro, los Estados adoptaron seis medidas con relación a la agricultura, el algodón y cuestiones relativas a los PMD (Países Menos Desarrollados).
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Entre las organizaciones internacionales, la OMC representa un escenario reciente. Creada en 1995, esta fue constituida por medio del Acuerdo de Marrakech que clausuró el ciclo de negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-1994). De esta forma, se adicionó al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), creado en 1948 y cuyo objetivo estaba dirigido a instaurar, a nivel mundial, un sistema de libre intercambio mediante la eliminación progresiva de barreras aduaneras.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias victoriosas – encabezadas por los Estados Unidos – se pusieron efectivamente de acuerdo sobre la necesidad de evitar, a toda costa, un retorno al proteccionismo, el cual había prevalecido durante el periodo de entreguerras. Una política que entonces había agravado la crisis económica de 1929, precipitando el estallido del conflicto. Sin embargo, este proyecto también encuentra sus orígenes en la voluntad del hegemón americano de salir del tríptico financiero créditos-deudas-indemnizaciones, del cual el economista John Maynard Keynes había señalado los efectos nocivos durante la firma del Tratado de Versalles. Con respecto a esto, cabe destacar la especificidad del apoyo económico que Estados Unidos había concedido al Reino Unido en 1942 a través de la política llamada “Préstamo y Arriendo”. Si Washington consideraba el material implicado en Europa como una contribución no reembolsable al esfuerzo de guerra, los acuerdos precisaban, no obstante, las compensaciones normativas en materia de políticas económicas y comerciales que debían ser acatadas después de la guerra (Graz, 1999).
Luego de la realización de muchas reuniones preparatorias, los Estados Unidos convocan la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, llevada a cabo en La Habana (Cuba) del 21 de noviembre de 1945 al 24 de marzo de 1948. Este encuentro dio lugar, cuatro meses más tarde, a la firma de una carta institucionalizando el GATT y previendo con antelación la creación de la Organización Internacional del Comercio. Bajo la presión en medio de otros asuntos, el Senado se negó a ratificar el tratado creador de la OIC. Esta obstrucción tuvo por consecuencia la perpetuidad del GATT, una estructura concebida inicialmente para funcionar de forma temporal. Por ello, entre 1948 y 1994, se llevaron a cabo ocho rondas de negociación. La última de ellas, sin embargo, registró avances significativos en ámbitos tales como los servicios, los textiles y la propiedad intelectual, confirmando las tensiones latentes en torno a las cuestiones agrícolas.
Desde su creación, la OMC presenta una trayectoria tumultuosa. Luego del fracaso resonante de la Cumbre de Seattle en 1999, sus miembros abrieron un nuevo ciclo en Doha en 2001. No obstante, las tensiones entre las grandes potencias, los desacuerdos entre los países emergentes y la persistencia del clivaje Norte-Sur derivaron en la suspensión de las conversaciones en 2006. Como la crisis financiera de 2008 además favoreció las posiciones proteccionistas, no se registra ningún avance en la materia desde entonces. De hecho, esta situación contribuye a formar la imagen de una institución estancada. Simultáneamente, esta obstrucción suscita un cuestionamiento al multilateralismo como mecanismo de regulación.
Marco teórico
1. La inercia de un régimen internacional. Desarrollada por John G. Ruggie y Stephen Krasner, la noción de régimen indica “la construcción de un orden limitado, circunscrito a un área de acción y a algunos actores estatales” (Laroche, 2013). Apoyándose en este principio de separación funcional, la OMC constituye un ejemplo emblemático de régimen internacional. No obstante, la diversidad de intereses en juego frenan – incluso impiden – cualquier compromiso en este recinto multilateral, lo que origina una inercia estructural sin perspectivas de superación.
2. El resurgimiento de los acuerdos bilaterales. La crisis que atraviesa esta organización subraya los límites de este tipo de cooperación. Por consiguiente, se observa la multiplicación de acuerdos comerciales entre potencias regionales, de los cuales los tratados trasatlántico y transpacífico representan los modelos con mayor éxito en la actualidad.
Análisis
Discutido durante el periodo de entreguerras por los teóricos del derecho, el concepto de régimen internacional resurgió en la década de los setenta. En 1975, John Ruggie publica un artículo titulado “International Responses to Technology, Concepts and Trends” en la célebre revista estadounidense International Organization, en el cual definía los regímenes internacionales como un “conjunto de antelaciones comunes, de reglas y regulaciones, de planes, de acuerdos, de compromisos […]
que son aceptadas por un grupo de países”. Sin embargo, hubo que esperar la década de los ochenta – específicamente los trabajos de Stephen Krasner – para que los teóricos de las relaciones internacionales se apoderaran del término, hasta el punto de inaugurar un vasto campo de reflexión y exhortar a vigorosos debates entre constructivistas, liberales y realistas.
Reconociendo la estructura anárquica del sistema internacional, todos admiten la capacidad de los Estados a cooperar entre ellos con vistas a instaurar, en áreas específicas, una “gobernanza sin gobierno” (Rosenau y Czempiel, 1992). De facto, “la convergencia de anticipaciones contribuye a reducir la incertidumbre y a reforzar la estabilidad colectiva” (Laroche, 2013). Dentro su aspiración al establecimiento de un orden económico sobre el plano mundial, la OMC se muestra como el ejemplo clásico de régimen internacional. En este sentido, esta constituye un caso de estudio que permite interrogar la validez de una construcción elaborada “por profesionales para los profesionales” (Laroche, 2013).
Una discusión con respecto a la estabilidad hegemónica merece ser traída a colación. En efecto, si las diferentes corrientes de pensamiento convienen en cuanto a las capacidades de los Estados a cooperar de manera funcional, estas, sin embargo, discrepan acerca de las condiciones de creación, consolidación y control de los regímenes internacionales. Siguiendo el ejemplo de tesis desarrolladas por Robert Gilpin (Gilpin, 1981), los neorrealistas consideraron que este proceso no podía producirse sino en presencia de un hegemón o al menos, como lo mostró Charles Kindleberger, en condición de un estabilizador que ejerza el liderazgo (Kindleberger, 1973 et 1981). Considerando el GATT, cabe reconocer que el rol económico jugado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra mundial – su capacidad de imponer una concepción liberal del comercio internacional en particular – forjó un sistema normativo que facilitó la creación de este ante-régimen internacional.
Si se puede, entonces, aceptar la hipótesis según la cual la presencia de un hegemón conlleva a favorecer la creación de un régimen internacional, este planteamiento no responde correctamente a los cuestionamientos acerca de la consolidación y el control de este último. De esta forma, resalta que, si bien el estancamiento de las negociaciones de Doha materializa el fracaso actual de una organización cuyos miembros avanzan de forma dispersa (Petiteville, 2004), las primeras dificultades se manifestaron a partir de 1999 en Seattle. Este encuentro fue impedido por la movilización de una multitud de ONG en manifestación de su oposición ideológica al neoliberalismo, acusado de agravar las desigualdades y de provocar la destrucción del medio ambiente. Por otro lado, los atentados del 11 de septiembre de 2001 – evento que marcó, al menos simbólicamente, el fin de la dominación de los Estados Unidos sobre el escenario mundial – no condujeron al aplazamiento de la reunión en Doha. No solamente esta se mantuvo, sino que el nuevo ciclo de negociaciones fue establecido, de golpe, bajo la directriz del desarrollo. Esto último se consideró, más que nunca, como una de las piedras angulares de la lucha contra el terrorismo internacional de la cual la potencia americana se posicionó rápidamente en pie de guerra. Lejos de ser anecdóticos, estos dos elementos permiten por el contrario señalar uno de los límites estructurales de los regímenes internacionales, superando el debate sobre la estabilidad hegemónica. La dificultad de mantener y consolidar estos espacios de compromiso destaca, principalmente, su porosidad. En otras palabras, su creación puede llevar consigo la aprobación gracias al consenso alrededor del interés colectivo en cooperar, al mismo tiempo que su mantenimiento y consolidación atraviesan dificultades: 1) la multiplicidad de actores; 2) la diversidad de intereses en juego; 3) la permeabilidad entre los múltiples espacios de negociación; y 4) la presión ejercida por fuerzas exógenas. Por consiguiente, la artificialidad inducida por esa superespecialización y su corolario, la tecnificación, puede ser debilitada por una confrontación con la realidad dentro de la cual la política y la economía van de la mano.
Actualmente, todos estos escollos – la competencia entre países emergentes, las rivalidades entre potencias comerciales tales como Estados Unidos y Europa, la persistencia del clivaje Norte-Sur en torno a las cuestiones agrícolas específicamente, la oposición de los actores no gubernamentales, además de la inadecuación entre las prioridades comerciales y las metas alcanzadas en cuanto a la protección del miedo ambiente (Damian y Graz, 2010) – forman obstáculos para el avance de las negociaciones en el centro de la organización. Es preciso afirmar que el proceso se encuentra entorpecido por la necesidad de obtener, para cada temática, la aprobación general por parte de los miembros y no de acuerdo con una mayoría simple. Presa a un triángulo de imposibilidad de decisión (Petiteville, 2013) – es decir, la imposibilidad de “poner de acuerdo (ciento sesenta y tres) Estados en base a un consenso y una agenda de negociaciones, en donde están de acuerdo en nada tanto como están en desacuerdo en todo, según la regla del compromiso único; la OMC ya se percibe como una instancia multilateral en un punto muerto. De hecho, esta señal reduce la confianza en su capacidad de regular la globalización, lo cual refuerza la inercia de este régimen internacional.
En ausencia de avances notorios, se presencia una forma de deserción entre los miembros de la OMC. Esta se traduce por la realización paralela de negociaciones bilaterales destinadas a cerrar acuerdos regionales considerados “mega-acuerdos comerciales regionales” (ICTSD, 2014). Por tanto, pese a la abundancia de coaliciones – Cairns, G20, G99, etc. – esta no ha permitido superar las líneas divisorias. Además, hay que subrayar que la crisis financiera de 2008 favoreció los comportamientos proteccionistas, demostrando los límites de las políticas neoliberales (Stiglitz, 2010). Esto tuvo por consecuencia que se atenuara aun más el crédito de la organización. De esa forma, se observan acercamientos comerciales a escala regional. Es, por ejemplo, el caso del ATCI (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) que prevé la creación de una alianza entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Puesto marcha en 2013 por Barack Obama y los dirigentes de la Unión, José Manuel Barroso y Herman Van Rompuy, este proyecto contemplaba notablemente la creación de un espacio de librecambio basado en la reducción de derechos de aduana y barreras reglamentarias entre las dos riveras del Atlántico. Ahora bien, el texto es, en la actualidad, objeto de graves críticas por parte de las ONG, quienes temen: 1) un alineamiento de las normas europeas con las vigentes en los Estados Unidos que se traduciría, entre otras cosas, en la entrada al mercado de productos OGM; y 2) que el poder sea conferido a los tribunales arbitrales, los mismos desacreditados regularmente por su sumisión a las firmas multinacionales. Otra iniciativa de ese tipo, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica fue oficialmente firmado en Auckland, el 4 de febrero de 2016, por doce países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Singapur. Al igual que el ACTI, prevé reducir las barreras al comercio y a la inversión, entre Estados Unidos y Japón específicamente. Pero la atención concebida a estos tratados no debe opacar las transformaciones del comercio internacional en su conjunto, debidas, por ejemplo, al ascenso de las grandes potencias emergentes. Con respecto a esto, es conveniente resaltar el alcance de la política china que tiene como objetivo la consolidación de nuevas alianzas económicas, como con algunos países africanos (Cabestan, 2015). En este caso, son más de 20 los acuerdos que han sido firmados por Pekín con Argelia en algunos años, en ámbitos estratégicos como industria, agricultura, armamento e infraestructura (Benberrah, 2015).
En este contexto, una reestructuración necesaria de la OMC parece ineludible. En efecto, si este último cumple a cabalidad su rol de autoridad velando por el respeto de los compromisos hechos por sus miembros, su labor al dirigir la liberalización del comercio mundial deja mucho que desear. Cada firma triunfal de un nuevo paquete de medidas no debe generar ilusiones. Para asegurar su supervivencia, la organización deberá, inevitablemente, realizar en el porvenir una reforma a profundidad de los procedimientos de negociación que prevalecen a partir del GATT.
Referencias
Libros
Cabestan Jean-Pierre, La Politique internationale de la Chine, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, pp. 477-540.
Gilpin Robert O., War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
Graz Jean-Christophe, Aux Sources de l’OMC : la Conférence de La Havane, Paris, Droz, 1999.
Kindleberger Charles P., La Grande Crise mondiale, 1929-1939, [1973], trad., Paris, Economica, 1988.
Krasner Stephen (Éd.), International Regimes, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1999.
Laroche Josepha, « L’Économie politique internationale », in : Balzacq Thierry, Ramel Frédéric (Éds.), Traité de relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, pp. 631-660.
Petiteville Franck, « Les négociations multilatérales à l’OMC. L’épuisement d’un modèle », in : Petiteville Franck, Placidi-Frot Delphine (Éds.), Négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, pp. 345-372.
Rainelli Michel, L’Organisation mondiale du commerce, 9e éd., Paris, La Découverte, 2011.
Rosenau James N., Czempiel Ernst-Otto (Éds.), Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
Stiglitz Joseph E., Le Rapport Stiglitz. Pour une vraie réforme du système monétaire et financier international, [2010], trad., Paris, Actes Sud, 2012.
Periódicos
Benberrah Moustafa, « La asimetría sociopolítica de una cooperación económica », Passage au crible (127), Chaos International, 29 mai 2015.
Damian Michel, Graz Jean-Christophe, « L’OMC, l’environnement et la contestation écologique », Revue internationale des sciences sociales, 170 (4), 2001, pp. 657-670.
Draper Peter, Lacey Simon, Ramkolowan Yash, « Accords commerciaux méga-régionaux : quelles implications pour les pays de l’ACP ? », [En ligne], Passerelles, 15 (4), ICTSD, 9 oct. 2014.
Kindleberger Charles P., « Dominance and Leadership in the International Economy. Exploitation, Public Goods and Free Rides», International Studies Quaterly, 25 (2), juin 1981, pp. 242-254.
Petiteville Franck, « L’hégémonie est-elle soluble dans le multilatéralisme ? Le cas de l’OMC », Critique internationale, 22 (1), 2004, pp. 63-76.
Ruggie John G., « International Responses to Technology, Concepts and Trends », International Organization, 29 (3), été 1975, pp. 557-583.
Jan 14, 2017 | África, Bienes públicos mundiales, Passage au crible (espagnol), Salud pública mundial, Seguridad humana
Por Clément Paule
Traducción : Roberto Hinestrosa Mejía
Passage au crible n° 142
Source: France Bleu
El 4 de marzo de 2016 un estudio publicado en la revista Cell Stem precisaba la relación establecida entre el virus del Zika y ciertos daños neurológicos, tales como el SGB (Síndrome de Guillain-Barré) caracterizado por una parálisis evolutiva. Si bien esa investigación describe la destrucción de células cerebrales por cuenta el patógeno, la responsabilidad de ese último en la sobrevenida de microcefalias – causando que el perímetro craniano de los recién nacidos sea inferior a la talla promedio, y por lo general como consecuencia daños graves e irreversibles – no ha sido todavía demostrada de manera irrefutable. Ese riesgo de malformación congénita se encuentra, sin embargo, en el centro de las inquietudes suscitadas por la epidemia que se extiende desde hace unos meses en el continente americano y en el Caribe. En ese sentido, una veintena de países y de territorios estarían confrontados a ese arbovirus (virus transmitidos por artrópodos), entre los cuales podemos mencionar a Brasil, Colombia, Guyana y Venezuela. Se estiman varios millones de contaminaciones de aquí al final de 2016, tanto así que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró una ESPII (Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional). En el plano mundial, las autoridades sanitarias corren el riesgo de verse amenazadas una vez más por una crisis de considerable envergadura, ahora mientras que el peligro del Ébola acaba de ser estabilizado en África Occidental.
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Contexto histórico
Investigaciones realizadas sobre la fiebre amarilla permitieron identificar por primera vez el flavivirus Zika en 1947 en simios encontrados en la selva tropical de Uganda. Aparentado con otros arbovirus como el dengue o el Chicunguña, ese patógeno se transmite por los mosquitos de tipo Aedes – y en particular la variedad aegypti – presentando así similitudes epidemiológicas. Cabe señalar que la infección con frecuencia es benigna: durante las décadas posteriores a su descubrimiento, solo ciertos casos fueron documentados en el continente africano – citemos a Tanzania, Nigeria o también Egipto – así como en varios países de Asia, tales como India, Tailandia e Indonesia. Esa relativa inocuidad – 80% de los afectados por el virus son asintomáticos – explica sin duda el escaso conocimiento acumulado sobre el virus, cuyo genoma no fue secuenciado sino hasta 2006.
En 2007 una mutación asiática se propagó en ciertos territorios del Pacífico, comenzando por el archipiélago Yap, que hace parte de los Estados Federados de Micronesia. En los años siguientes, esa expansión se extendió a Nueva Caledonia y a las Islas Cook. Hay que resaltar el carácter, inédito hasta ese momento, de las oleadas urbanas del virus afectando desde octubre de 2013 la Polinesia Francesa, donde 180 000 personas – es decir, dos tercios de la población – contrajeron el virus: se señalaron más de 40 casos de Síndrome de Guillain-Barré, lo equivalente a 20 veces la incidencia habitual. Además, su expansión conllevó a la propagación del virus siendo este importado en varios casos por turistas estadounidenses, japoneses y europeos. La primavera de 2016 constituyó en muchos sentidos un factor de cambio, pues una transmisión autóctona del virus Zika apareció a gran escala en Suramérica. En mayo, el primer caso de contaminación fue confirmado en Brasil, el patógeno difundiéndose así rápidamente en la medida en la que las sociedades implicadas están desprovistas de protección sanitaria contra el virus. Algunos meses más tarde, médicos del Estado de Pernambuco (región Nordeste brasileña) señalaron un número sorprendentemente grande de anomalías neurológicas y de microcefalias alertando a las autoridades sobre un posible nexo con la propagación del arbovirus. A medida que la epidemia se extiende al conjunto de los países de la región la vigilancia sanitaria se intensifica cada vez más, generando así la declaración por parte de la OMS y de una ESPII el 1ero de febrero de 2016. Por ahora, el virus ha infectado a aproximadamente 1,5 millones de brasileños, así como a decenas de miles de personas en otros países, entre ellos Colombia, quien oficialmente le atribuyó al virus la responsabilidad de haber causado tres muertes.
Marco teórico
1. La aprehensión cada vez más seria de señales antes percibidas como débiles y banalizadas. Durante mucho tiempo el virus del Zika fue considerado como secundario ante el dengue o el Chicunguña, explicando así que el primero no fuera el objeto de un seguimiento particular antes de su reciente expansión. La aparición de riesgos hasta ahora desconocidos genera la nueva visibilidad del patógeno en el marco de una situación de incertidumbre suscitada por los precedentes de epidemias anteriores.
2. Un cuadro controvertido entre salud pública y conflicto ético. La ausencia de conocimientos precisos sobre los mecanismos de transmisión del virus explican también la incertidumbre que se vive entre las recomendaciones de los expertos y la reevaluación de la dimensión del problema por parte de las autoridades locales.
Análisis
Recordemos en primer lugar que la epidemia del virus del Zika llega en un contexto todavía marcado por los recientes desaciertos de las autoridades mundiales en materia de salud. En ese sentido, la gestión laboriosa de la crisis del Ébola en África Occidental permitió entrever las fallas en el liderazgo de la OMS, rebasada por los eventos y acusada de inercia. La institución se movilizó más rápidamente esta vez, corriendo el riesgo al contrario de incurrir en una postura alarmista como la que ya había sido denunciada en 2009 con respecto a la pandemia de la gripa A (H1N1). Según esa lógica, la organización de la salud optó por un principio de precaución declarando ante el virus del Zika una ESPII el 1ero de febrero de 2016: esa decisión no se apoya en los hechos establecidos – tasa de mortalidad muy baja o prácticamente inexistente, sintomatología benigna –, sino en la sospecha de las posibles consecuencias desconocidas del arbovirus. La OMS activó entonces un cuadro estratégico permitiendo acelerar el esfuerzo de la investigación terapéutica y diagnóstica, asegurando a su vez la coordinación de dispositivos de vigilancia. La directora general del organismo, Margaret Chan, evocó en un comunicado mesurado la existencia de “pruebas circunstanciales […] preocupantes” que deben ser analizadas científicamente. Su formulación se remite a los casos de Síndrome de Guillain-Barré y sobre todo a las microcefalias sospechadas de estar relacionadas a la contaminación del virus del Zika por parte de mujeres embarazadas, habiendo sido el objeto de un pánico mediático al final de 2015.
Por su impacto visible sobre las funciones cognitivas y sensoriales de los recién nacidos, esas malformaciones cristalizan el miedo y tienden a encarnar el lado más oscuro de la epidemia. Al respecto, en la etiología de esas anomalías fetales pueden intervenir factores ambientales – comportamientos maternos riesgosos, diabetes, malnutrición, entre otros –, factores infecciosos –rubéola, toxoplasmosis o citomegalovirus –, o aun factores genéticos. Luego, se debe mencionar que la recolección de información plantea riesgos y que, por lo tanto, los resultados son poco sistemáticos y conllevan a distorsiones: sobre más de 4 mil casos sospechados – esencialmente en territorio brasileño –, solo en 641 de ellos habría sido posible confirmar la correlación entre el virus del Zika y la aparición de microcefalias. Esas cifras muestran un aumento muy neto del promedio ordinario – estimado en 160 casos al año –, lo cual muestra la vulnerabilidad en aumento de las mujeres embarazadas ante el virus. Desde entonces esas circunstancias llevaron a las Naciones Unidas y a ciertas ONGs (Organización No Gubernamental) a preconizar el recurso al aborto voluntario, aun si esa práctica sigue siendo ilegal y criminalizada en numerosos países latinoamericanos. El llamado a flexibilizar la legislación se topó inmediatamente con la oposición virulenta de políticos conservadores y de iglesias cristianas, aun a pesar de la dramática situación de los abortos clandestinos. Varios gobiernos, el de Colombia por ejemplo, incitaron a sus ciudadanos a “postergar sus planes de embarazo” hasta nuevo aviso. Esas torpes y poco pertinentes contorsiones son testigo de la dificultad de imponer desde arriba una perspectiva estrictamente sanitaria en un contexto de incertidumbre generalizada agravado por cuenta de la crispación social en la que se vive.
En Brasil, la desconfianza y la creencia en teorías alternativas – incriminando a los pesticidas de Monsanto o también a las vacunas defectuosas – deben ser vistas como la prueba de lo anterior en la medida en la que las autoridades se encuentran deslegitimadas y enmarañadas en escándalos recurrentes de corrupción. Esa situación deletérea es susceptible de obstaculizar los esfuerzos, a priori, consensuales de la lucha antivectorial; los cuales, para empeorar las cosas, tienden a reducir la epidemia a un simple problema de mosquitos. La rápida propagación del virus del Zika, muy similar a la reciente expansión del Chicunguña, parece sin duda ligada a la colonización de una gran parte del planeta por las especies Aedes aegypti y albopictus. Y sin embargo, lo que revela ese fenómeno, por sobre todo, son los desafíos de la movilidad humana – Brasil habiendo sido la sede del Mundial de Fútbol en 2014 y preparándose ahora para los Juegos Olímpicos de Verano – y la exposición creciente de la población a patógenos hasta ahora discretos, pues seguían contenidos en su reducido espacio natural. Desde la refundación del RSI (Reglamiento Sanitario Internacional) en 2005, ese tipo de crisis sanitaria muestra así la dificultad de formular respuestas adecuadas ante unos riesgos que evolucionan bruscamente y a veces de forma impredecible. Siguiendo esa idea, el liderazgo mundial en materia de salud no puede yacer únicamente sobre la tecnificación de sus instrumentos ni sobre la anticipación de enfermedades emergentes: el desafío reside también río arriba, desde la articulación de las sociedades mismas a su propio medio ambiente.
Referencias
Gilbert Claude, Henry Emmanuel (Éds.), Comment se construisent les problèmes de santé publique, Paris, La Découverte/Pacte, 2009.
Heymann David L. et al, « Zika Virus and Microcephaly: Why is This Situation a PHEIC », The Lancet, (387), 20 de febrero de 2016, pp. 719-721.
OMS, « Épidémiologie et manifestations cliniques potentiellement associées à l’infection à virus Zika : mise à jour mondiale », Relevé épidémiologique hebdomadaire (91), 7, 19 de febrero de 2016, pp. 73-88, consultable en la página web : http://www.who.int/wer [3 de marzo de 2016].
Dec 27, 2016 | Bienes públicos mundiales, Calentamiento Global, Medio ambiente, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)
Por Weiting Chao
Traducción : Roberto Hinestrosa Mejía
Passage au crible n°141
Source: FlickR
El 30 de noviembre de 2015 en Le Bourget se inauguró la conferencia de París sobre el cambio climático, llamada COP 21. Se reunieron 147 jefes de Estado, negociadores en representación de 195 países y más de 50 mil participantes. El 12 de diciembre se adoptó finalmente un acuerdo universal en reemplazo del Protocolo de Kioto. Los Estados participantes prevén contener el alza de las temperaturas mundiales por debajo de los 2ºC , así como continuar las acciones realizadas para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5ºC en relación con los niveles preindustriales.
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> Marco teórico
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Contexto histórico
El cambio climático del planeta representa hoy una de las mayores amenazas para la supervivencia de la humanidad. Con el fin de resolver ese problema, 153 países firmaron la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en 1992. Teniendo en cuenta un criterio de equidad, ese documento define para las potencias industrializadas así como para las potencias en desarrollo, un principio de responsabilidades comunes específicas. Cinco años más tarde, los firmantes de la CMNUCC adoptaron el Protocolo de Kioto, un primer instrumento mundial obligando a los países desarrollados a reducir sus emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero). Ahora bien, en 2001 los Estados Unidos se rehusaron a ratificarlo invocando que atentaba contra el crecimiento de su economía. Sin embargo, el Protocolo entró en vigor luego de la ratificación por parte de Rusia en 2005. Como expiraba en el 2012, el período pos-Kioto empezó antes de tiempo. Según la hoja de ruta firmada en 2007 en Bali, los Estados habrían debido concluir un nuevo texto en Copenhague en 2009 (COP 15). Si bien durante esa cumbre logró reunir un gran número de dirigentes, de ONGs y de sociedades civiles, no se constató ningún progreso significativo. En Copenhague el documento final se negoció a puerta cerrada por un pequeño grupo compuesto por los Estados Unidos y los países emergentes, llamados BASIC (Brasil, Suráfrica, India y China). No obstante, el documento no fue adoptado. Luego de la COP18, llevada a cabo en Doha en 2012, el Protocolo de Kioto fue prolongado hasta el 2020, mientras que la adopción de un nuevo tratado fue reportada hasta el 2015.
Dos semanas antes de la inauguración de la COP21, el 13 de noviembre de 2015 París fue azotada por ataques sin precedentes que dejaron 130 muertos y 352 heridos. Debido a amenazas terroristas, la seguridad fue reforzada en el mundo entero y hasta se cuestionó si se debía o no realizar la COP21. A pesar de todas esas dificultades, la cumbre se desarrolló sin incidentes.
Contexto histórico
1. Un modelo de regulación conjunta. En el centro de las negociaciones sobre el cambio climático se observan jerarquías de poder. En este sentido, la ONU representa un sistema de interdependencia asimétrico entre actores desiguales. Las reglas se reconfiguran permanentemente en función de las dinámicas de acción y de la no-acción. Según Marie-Claude Smouts, en ese tipo de organización existen dos categorías de regulación, dos lógicas que se afrontan y se confrontan. La primera proviene de actores dominantes que detienen el poder de forjar las reglas y de hacerlas adoptar para dirigir mejor el juego colectivo. En cuanto a la segunda, surge de actores subordinados. Esos últimos ponen en práctica estrategias de retracción y de contención con el fin de pesar en la decisión final.
2. La desterritorialización y re-territorialización Norte-Sur. Después de la Guerra Fría, el principio de territorialización ha estado sujeto a grandes cambios. La noción de territorio estatal ha sido superada por las corrientes materiales e inmateriales de carácter transnacional. Éstas últimas resultan de la merma de los controles fronterizos y de la trascendencia de obstáculos espaciales y logísticos. Sobreviene entonces la desterritorialización de los intercambios internacionales, lo cual conlleva a una reconfiguración de la gobernabilidad en aspectos tales como la seguridad, la ecología, la migración y la salud entre otros. Ahora bien, las recientes negociaciones multilaterales sobre el cambio climático han sido obstaculizadas por la división clásica Norte-Sur, frenando así la adopción de un acuerdo global. En efecto, la amenaza climática exige que se empiece a tratar la atmósfera como un bien común, lo cual sobrepasa la noción clásica de apropiación territorial.
Análisis
La conferencia de la ONU sobre el cambio climático representa un oportunidad importante para todos los Estados. Para el 2015, la UNFCCC (Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) había sido ratificada por 195 países. Hay que tener en cuenta que en las negociaciones multilaterales, aunado a la dificultad de llegar a un consenso teniendo en cuenta la diversidad y la heterogeneidad de los distintos actores, la hegemonía de Estados Unidos también representa un problema. Al respecto, esta potencia se negó a ratificar el Protocolo de Kioto bajo el pretexto que atentaba contra el crecimiento de su propia economía. Resulta evidente que la inacción de un país dominante disminuye considerablemente la eficacia de la autoridad de los otros países, en el marco de la cooperación internacional. Además numerosos Estados han decidido no participar en la segunda fase del Protocolo (2013-2020). A su vez, después del año 2000, la emergencia de los BASIC ha modificado la repartición de las cartas. China pasó a ser el primer emisor de CO2 en el mundo, superando así en el 2006 las emisiones de los Estados Unidos. En Copenhague, las dos grandes potencias y los países emergentes contribuyeron a fragilizar el mecanismo de confianza instaurado en el centro de la ONU, lo cual erosionó aún más las negociaciones. Por cuenta de este tenso ambiente, el acuerdo de Copenhague no fue adoptado por la CMNUCC, aún si no era jurídicamente constrictivo para las partes.
Por otro lado, durante las conversaciones, los países que se encuentran en desventaja frente a los más desarrollados intentaron hacer valer sus propias posiciones poniendo en práctica un juego iterativo que contribuyó a sosegar los conflictos entre los miembros. En este marco, los participantes buscaban oportunidades para satisfacer sus intereses con respecto a varios temas. Pero en contraparte, debieron hacer concesiones en otros ámbitos. Por consecuente, se asentó una impresión general de eterno recomienzo de la misma secuencia. Esa lógica obligó entonces a la reciente COP 21 a lograr compromisos recíprocos. Recordemos que la acción efectuada para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5ºC y la noción de “pérdidas y daños”, evocada inicialmente por la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (en inglés AOSIS), fueron integrados al acuerdo de París. Aún si en un primer momento esos principios fueron fuertemente desaprobados por los Estados Unidos.
Conviene subrayar que ese documento significó el primer acuerdo universal en el cual todos los países desarrollados, así como los países en vías de desarrollo, aceptan las obligaciones destinadas a gestionar sus emisiones de GEI. Desde este punto de vista, el modo tradicional de clasificación Norte-Sur fue reajustado en función de las amenazas relacionadas al cambio climático. Se trata de un movimiento de desterritorialización y de re-territorialización que sobrepasa obstáculos geográficos. Por ejemplo, un reporte del GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) indica que el cambio climático es actualmente la primera causa de conflictos regionales y de migraciones humanas forzadas. Asimismo, los procesos de desterritorialización se asocian igualmente con las políticas comunes que los países se comprometen a respetar en búsqueda de la estabilidad económica, al igual que de la sincronización de las diferentes agendas en la lucha por los grandes retos sociales. Las partes fijaron un objetivo a largo plazo realmente ambicioso (menos de 2ºC), lo cual supone un esfuerzo común. En ese sentido el acuerdo de París obliga a los países desarrollados a brindarle una financiación a los países pobres con el fin de ayudarles a luchar contra el cambio climático. A partir de 2020, les entregarán 100 mil millones de dólares cada año; y además se incita a los países en desarrollo a aportar financiación de manera voluntaria.
Ese acuerdo universal entrará en vigor una vez que los 55 países que producen al menos 55% de las emisiones mundiales ratifiquen el tratado. No obstante, el texto adoptó los INCDs (Intended Nationally Determined Contributions) para las reducciones de las emisiones de GEI de los Estados. Con la entrada en vigor de los puntos del acuerdo, los países determinan voluntariamente sus contribuciones en función de sus capacidades, de su contexto económico y de sus prioridades nacionales. Dicho de otra manera, ese tratado ambicioso no es constrictivo desde un punto de vista jurídico. En el futuro, si se espera actuar competentemente, habrá que contar con las respectivas expectativas de los países que lograron dejar su huella.
Referencias
Aykut Stefan C. et Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Presses Paris, Science po, 2015.
Chao Weiting, « Le triomphe dommageable des passagers clandestins. La conférence de Doha », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2012, Paris, L’Harmattan, 2013, pp.11-115.
Smouts Marie-Claude (Éd.), Les nouvelles relations internationales : pratiques et théories, Paris, Presses Paris, Science po, 1998.
