PAC 104 – Una organización desacreditada entre la negación y la impunidad Las Naciones Unidas frente a la epidemia del cólera en Haití desde octubre de 2010

Por Clément Paule

Traducción: Daniel Del Castillo

Passage au crible n°104

Source: Chaos International

El 12 de enero de 2014, la República de Haití conmemoró el cuarto aniversario del sismo destructor que devastó el área metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores. No obstante, otra catástrofe, de tipo sanitario esta vez, sobrevino en el país a finales del año 2010. Se trata de la epidemia del cólera, la cual habría provocado hasta hoy el deceso de cerca de nueve mil personas. A pesar de los esfuerzos conjuntos de los operadores de la ayuda internacional y las autoridades haitianas desde hace más de tres años, los nichos de vibrio cholerae permanecen activos en unas veinte localidades, según el más reciente comunicado del Ministerio de la Salud Pública de la Población (MSPP). Mientras se organizaba una lucha incierta contra esta toxiinfección mortal, la controversia sobre el origen de la contaminación tomó una amplitud considerable cuando las sospechas se orientaron hacia un contingente nepalés de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH); fuerza multilateral de mantenimiento de la paz presente en el país desde el 2004. La responsabilidad de las Naciones Unidas constituye a partir de ahora un debate mayor, en el detonante de la peor crisis epidémica contemporánea de cólera.

Contexto histórico
Marco teórico
Análisis
Referencias

Contexto histórico

La crisis sanitaria comenzó durante el otoño de 2010 en el departamento del Centro, no muy lejos de Mirebalais, barrio situado a unos sesenta kilómetros al noreste de Puerto Príncipe. Hasta entonces desconocida en Haití, la enfermedad se propagó muy rápidamente; al punto que, un oficial del MSPP evocó, en noviembre de 2010, un desafío mayor de la seguridad nacional. La respuesta humanitaria de los actores de la asistencia internacional se agrupó bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Médicos Sin Fronteras (MSF); con el despliegue de centros y unidades de tratamiento en todo el país. Las autoridades parecían además desbordadas frente a las urgencias continuas; sobre todo que el paso del huracán Tomás por la isla a principios de noviembre, dificultó aún más la situación, que de por sí ya era precaria. Cientos de miles de personas, clasificadas como Internally Displaced People (IDP), aún vivían en carpas en el centro de la capital traumatizada por el seísmo del 12 de enero. Al respecto, la plaga se dispersó muy rápido sobre todo el territorio haitiano, para luego manifestarse en República Dominicana – dónde se presentaron centenares de miles de casos – y en menor medida, en Cuba.

Pero la cuestión de la introducción del vibrio cholerae fue inmediatamente objeto de rumores persistentes, designando a la base militar de la MINUSTAH situada en la región de Mirebalais. Las investigaciones desarrolladas sobre la cepa patógena de la bacteria permitieron determinar su origen asiático – de serotipo O1 El Tor Ogawa – que fue por lo tanto importada. Desde el mes de diciembre de 2010, la publicación de una encuesta epidemiológica realizada por un médico francés, confirma la pista del campamento de los cascos azules, cuyo defectuoso sistema de evacuación de las aguas negras – otorgado a un contratista haitiano – habría acarreado la contaminación de un afluente del Río Artibonito, el más grande de Haití. Después de muchos meses de polémica, otros estudios consolidaron esta hipótesis y descartaron las tesis alternativas de una propagación desde la costa debida a la coyuntura climática.

Hasta el momento, más del 6% de la población haitiana habría sido afectada por la epidemia – ya sea cerca de 700 000 casos, un impacto probablemente sub-valorado. Esta continúa matando por olas recurrentes, en particular en las zonas más alejadas, dónde el personal médico sigue siendo insuficiente y el acceso al agua potable, inexistente. En lo que a esto concierne, citemos las estadísticas del MSPP en la tercera semana de enero de 2014: 75 personas fueron hospitalizadas, tres de las cuales perecieron a causa del vibrión colérico. Si bien parece que ahora la amenaza ha sido relativamente contenida, el país permanece en estado de alerta permanente y la erradicación debería extenderse a varios años, incluso décadas; siendo que los programas internacionales de urgencia ya están cerrando, a falta de financiación.

Marco teórico

1. La irresponsabilidad de una organización internacional. Si bien al principio el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) ignoró la polémica, sus portavoces desarrollaron progresivamente una comunicación basada en la tecnicidad del problema y el rechazo implícito de cualquier forma de rendición de cuentas (accountability).

2. La mediación timorata de un Estado excedido. Durante largo tiempo, el gobierno haitiano permaneció inerte frente a esta controversia socio-técnica. Pero recientemente trató de retomar el liderazgo, proponiendo un conjunto de medidas cuyo objetivo es encontrar una solución política a la crisis sanitaria.

Análisis

En el contexto nacional, que ya era muy sensible frente a la presencia de tropas extranjeras desde el 2004, las movilizaciones de las víctimas se organizaron alrededor de movimientos como el Colectivo de Movilizaciones por la Indemnización de las Víctimas del Cólera (COMODEVIC) y el Moun Viktim Kolera (MOVIK). Numerosas manifestaciones se dieron en el país – pero igualmente en Nueva York – con la finalidad de reclamar a las Naciones Unidas las respectivas reparaciones simbólicas – bajo la forma de excusas públicas – y materiales, es decir indemnizaciones para las familias en duelo. Observamos que estas actividades protestatarias tuvieron continuidad a nivel jurídico, sobre todo con la queja interpuesta por dos organizaciones gemelas, en noviembre de 2011, en representación de cinco mil personas: el Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH), ONG fundada por un abogado norteamericano especialista de los Derechos Humanos. Así como Advocates International, su contraparte a nivel local. Dos años más tarde, un nuevo proceso contra la ONU fue emprendido por los juristas haitianos en Nueva York, con el objetivo de exigir compensaciones para la población. Citemos finalmente la publicación, a finales de 2013, de un reporte alarmante elaborado por investigadores de la Universidad de Yale, en el cual se incrimina a la MINUSTAH, tanto a nivel de la salud pública, como del derecho.

A pesar de esto, los responsables de la ONU se atrincheraron durante las primeras semanas de la epidemia en la estrategia sistemática de desmentir lo sucedido: incluso, los altos representantes de la OMS y de los CDC, quiénes optaron por el tratamiento técnico de un problema sanitario, afirmaron que la investigación sobre el origen de la epidemia no constituía una prioridad. Recordemos que el país se encontraba entonces en período electoral, y los administradores de fondos habían apoyado fuertemente la organización precipitada de un escrutinio presidencial, considerado como indispensable para el proceso de reconstrucción. No obstante, la sucesión de experticias que ponen en duda a la MINUSTAH, indujo a las Naciones Unidas a llevar a cabo una contra-ofensiva mediática y jurídica. Para rechazar las reclamaciones de los abogados haitianos que invocaban el acuerdo Status of Forces Agreement (SOFA) de 2004, firmado entre la ONU y el gobierno haitiano – que preveía especialmente el establecimiento de una comisión de reclamaciones – la Organización Internacional recurrió, en febrero de 2013, a la sección 29 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de 1946. En este sentido, las solicitudes de indemnización fueron consideradas como improcedentes: recalquemos que el Secretario General Ban Ki-moon se expresó al respecto, insistiendo en los 140 millones de dólares de fondos multilaterales invertidos en la lucha contra el cólera; al mismo tiempo que se rehusó implícitamente a reconocer cualquier responsabilidad en la crisis sanitaria.

Frente a la amplitud de la controversia, el Estado haitiano se ha resguardado en el silencio durante largos meses, lo que demuestra su dependencia en relación a lo internacional, pero igualmente los conflictos incesantes entre el nuevo Presidente y el Parlamento. El Ministro de Asuntos Exteriores incluso declaró, en octubre de 2012, que no tenía ninguna prueba que implicara al pie de fuerza de la ONU en la propagación del vibrio cholerae. En el otoño de 2013, el Primer Ministro haitiano inició un viraje al evocar la responsabilidad moral de la ONU y propuso, en la Asamblea General de las Naciones Unidas No. 68, la creación de una estructura mixta encargada de encontrar un compromiso. Esta tímida vía de salida se apoya sobre todo en un plan decenal de erradicación de 2,2 miles de millones de dólares, que tiene como objetivo construir una red eficaz de tuberías y saneamiento, al mismo tiempo que frena la epidemia gracias a las campañas de vacunación oral. Sin embargo, esta iniciativa tardía será financiada por las Naciones Unidas únicamente en un 1%, ya que prefirieron lanzar una licitación al sector privado y la filantropía capitalista. Esto a pesar de que la estrategia escogida por la ONU, implícita de impunidad, costó a la Organización Internacional su mayor desprestigio. El escándalo del cólera en Haití demuestra de este modo los límites de un enfoque centrado en una población a la cual hay que atender, en detrimento del imperativo de responsabilidad frente al pueblo.

Referencias

Paule Clément, « La gestion capitaliste d’une catastrophe naturelle. Le deuxième anniversaire du séisme haïtien, 12 janvier 2012 », Fil d’Ariane, Chaos International, febrero de 2012, consultable sur le site de Chaos International : http://www.chaos-international.org.
Transnational Development Clinic, Jerome N. Frank Legal Services Organization, Yale Law School, Global Health Justice Partnership of the Yale Law School and the Yale School of Public Health, Association Haïtienne de Droit de l’Environnement, « Peacekeeping Without Accountability. The United Nations’ Responsibility for the Haitian Cholera Epidemic », agosto de 2013, Disponible en la dirección Web siguiente: http://www.yaleghjp.org [11 de enero de 2014].

Traité de relations internationales Thierry Balzacq, Frédéric Ramel (Éds.), Paris, Presses de Sc. Po.

Los responsables de esta magistral publicación reunieron a cerca de sesenta autores, con el fin de suplir una carencia patente. En efecto, hasta ahora no existía en el mundo francófono ninguna contribución que tratase de las Relaciones Internacionales (RI). Desde ahora, contamos con esta obra, la cual es igual de ambiciosa, como lo es de exhaustiva.

Al rehúsarse con razón a abandonar esta disciplina académica al mundo anglosajón, que la domina desde hace más de un siglo, los autores erigen, sin excluir nada, un panorama completo del estado de los conocimientos en la materia. Al conciliar la erudición y la simplicidad, ellos resaltan varios ejes de investigación, analizan los diferentes campos constitutivos de las R. I. y buscan la difusión de los conocimientos, asumiendo los desafíos que plantea la experticia y la pedagogía.

De aquí en adelante, este opus se presenta como la herramienta ineludible para un amplio público de estudiantes, investigadores, políticos y diplomáticos ; sin olvidar al lector común, quien puede encontrar aquí, la materia prima necesaria para pensar el mundo.

Thierry Balzacq, Frédéric Ramel (Éds.) Traité de relations internationales, Paris, Presses de Sc. Po, 2013, 1228 p. Además de los artículos, el libro incluye igualmente mapas, marcos explicativos, gráficos y tablas, así como un glosario.

PAC 103 – La subversión transnacional de los informantes Las lealtades de Edward Snowden, un caso paradigmático

Por Adrien Cherqui

Traducción Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°103

SnowdenSource: Flickr

De acuerdo con los archivos de la NSA (National Security Agency) develados por Edward Snowden en julio 2013, más de dos mil millones de correos y llamadas telefónicas provenientes de Brasil, habrían sido interceptadas por Estados Unidos durante cerca de diez años. De hecho, ese país sería uno de los objetivos principales del programa PRISM (Planning Tool for Resource Integration, Synchronization, and Management) además de Rusia, China, Irán y Pakistán.

El 17 de diciembre 2013, el whistleblower (informante), Edward Snowden publicó una carta abierta en el periódico Folha de S. Paulo. Dirigiéndose al « pueblo brasileño », se declaró estar listo a « contribuir » con las investigaciones del Senado. Pero refugiado en Rusia desde el 31 de julio 2013, él señala que « hasta que un país [le] otorgue asilo político permanente, el gobierno estadounidense va a interferir en [su] capacidad de expresarse ».

Contexto histórico
Marco teórico
Análisis
Referencias

Contexto histórico

Los whistleblowers se benefician de una cobertura mediática sin precedentes desde las divulgaciones del sitio de Internet WikiLeaks. Inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos humanos (artículo 19) y apoyando una protección de la libertad de expresión, esta asociación ha revelado innumerables datos. En 2010, la organización puso en línea cerca de 400,000 documentos secretos relativos a la guerra en Irak, más de 90,000 War Logs, es decir, reportes confidenciales del ejercito estadounidense sobre las operaciones de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en Afganistán. Finalmente, hizo públicos 250,000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado. Al comienzo de estas filtraciones, el soldado estadounidense Bradley E. Manning fue condenado entonces a treinta y cinco años de prisión.

El año 2013 marca igualmente un cambio decisivo para la administración estadounidense. En efecto, el antiguo analista de la NSA, Edward Snowden, actualizó múltiples programas de vigilancia masiva piloteadas por esta agencia como XKeyscore o PRISM haciendo posible la colecta de diversos datos. Tras estas revelaciones, Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, estimó que “eso afectaría considerablemente las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos”. Múltiples países aliados de la potencia estadounidense como Francia, Alemania y China habrían sido vigilados por la NSA, la organización responsable del servicio secreto de origen electromagnético. Recordemos por ejemplo que las llamadas telefónicas de Angela Merkel, la actual Canciller alemana, fueron objeto de este espionaje.

Frente a las numerosas condenas de estos informes, un reporte de expertos mandados por la Casa Blanca, entregado el 13 de diciembre 2013, estima que la NSA debe cambiar sus prácticas en materia de vigilancia. Dentro de las 46 recomendaciones presentes en este documento, los especialistas promueven una mejor cooperación entre los Estados Unidos y sus “aliados próximos” antes de continuar diciendo que “algunas de las autoridades que fueron creadas o desarrolladas al calor del 11 de septiembre sacrifican indebidamente los intereses fundamentales de libertades individuales, de vida privada y de gobernanza democrática”.

Marco teórico

1. La ruptura del secreto como repertorio de acción. Estructurando las interacciones entre diferentes unidades políticas, el secreto sigue estando en el centro de las relaciones interestatales. Es el disimulo de la información lo que le confiere toda su importancia. Amenazando el monopolio del Estado sobre esos informes y haciéndolos transitar libremente por Internet, via numerosos medios, les whistleblowers han por lo tanto forjado un repertorio de acción poderoso e innovador que inscribe de manera significativa su contestación en el marco del espacio público.
2. La transparencia, elemento constitutivo de una nueva lealtad. La acción simbólica de estos proveedores de datos confidenciales está fundada sobre la exigencia de absoluta transparencia en la conducta diplomática y gubernamental de las democracias. Pero este imperativo, o fundamento de su ideología, conduce a un sistema de descalificación de los sistemas de lealtad dominantes.

Análisis

Las revelaciones mundiales del informante Edward Snowden podrían rápidamente pasar por un simple epifonema. Sin embargo, corresponden contrariamente a un movimiento profundo e irreversible. En efecto, los individuos se inmiscuían anteriormente en los asuntos internacionales y entraban en ocasiones en competencia frontal con los Estados. Desde el asunto WikiLeaks, estos nuevos participantes se han vuelto ilustres divulgando numerosas informaciones. Poniendo en marcha una nueva forma de contestación, el leak, Julian Assange, Bradley Manning y Edward Snowden se han convertido en modelos de la libertad de expresión.

Violando el monopolio de los Estados Unidos sobre su información clasificada, el repertorio de acción de los informantes desacraliza la autoridad estatal. Su información da a notar un mundo plagado de turbulencias en las cuales los Estados están luchando con las redes de individuos, verdaderas fuerzas subyacentes constituyendo un nuevo poder basado en el conocimiento y el control de la información. Este fenómeno corresponde a lo que Joseph Nye califica como cyberpower. Dicho de otra manera, se refiere a la capacidad de algunos para movilizar el ciberespacio, y más allá para ser capaz de utilizar sus herramientas específicas. Estos skillful individuals se constituyen entonces en un contrapoder e interfieren en las relaciones interestatales. Recordemos a manera de ilustración que el proceso de negociación sobre el acuerdo de libre comercio trasatlántico se vio amenazado. Igualmente, después de las revelaciones de Edward Snowden, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendió una visita oficial a Washington y condenó este espionaje americano ante la Asamblea General de la ONU.

Pero tratar sobre el secreto supone asociarlo necesariamente al concepto de lealtad. A este respecto, señalemos el punto en común que reúnen Bradley Manning y Edward Snowden: el primero era un analista militar, mientras que el segundo trabajó sucesivamente para la CIA y la NSA. Los dos trabajaban entonces para la administración estadounidense. De esta manera, si bien ellos no respetaron sus compromisos de reserva y confidencialidad hacia sus instituciones respectivas, se mantuvieron sin embargo fieles a su causa y a sus ethos fundados sobre la transparencia. Esta desobediencia civil responde a un sistema referencial que vuelve inoperante la sola lealtad que ellos manifiestan hasta entonces hacia su Estado. Esta forma de contestación pone de manifiesto el hecho de que claramente se han convertido en “actores fuera de la soberanía”, capaces de desacralizar el poder público. En otras palabras, tenemos claramente un conflicto de lealtades. Aunque evaden sus funciones primarias como analistas al servicio de agencias gubernamentales y de la armada y aunque hayan cometido deserción, la acción de estos whistleblowers de hecho sigue siendo de acuerdo a sus valores. Así, los sistemas de lealtad hacia la instancia estatal se encuentran descalificados por el rechazo a acordar la más mínima opacidad y la mínima inmunidad a los gobiernos. Esto nos muestra cuanto los informantes sobrepasan y contradicen actualmente el simple marco estatal. Ante todo, inscriben sus intervenciones en el marco de una sociedad civil mundial en el corazón de la cual se ha configurado este modelo de movimiento protestatario transnacional. En su seno, se han estructurado nuevas configuraciones de actores defendiendo los derechos humanos, las libertades públicas y un Internet libre; lo que los incita al mismo tiempo a estigmatizar todas las desviaciones autoritarias de los regimenes democráticos. No hace falta decir que los whistblowers toman parte en esta dinámica. Así, constatamos actualmente, una fuerte interdependencia entre esos activistas y los medios de comunicación como el The Guardian, el New York Times, Le Monde, Der Spiegel, El País o incluso el periodista Glenn Greenwald, participantes que disponen de los recursos necesarios para el análisis, la organización y la difusión de estas filtraciones.

Referencias

Alastdair Roberts, “WikiLeaks : L’illusion de transparence”, Revue Internationale des Sciences Administratives, 78 (1), 2012, p. 123-140.
Dewerpe Alain, Espion : Une anthropologie historique du secret d’État contemporain, Paris, Gallimard, 1994. Coll. Bibliothèques des Histoires.
Gomart Thomas, “Écrire l’histoire des relations internationales après WikiLeaks”, Revue des deux mondes, mai 2011, p. 83-94.
Hayes Graeme, Ollitrault Sylvie, La désobéissance civile, Paris, Presses de Sciences Po, 2013. Coll. Contester.
Laroche Josepha (Éds.), La Loyauté dans les relations internationales, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2011. Coll. Chaos International.
Laroche Josepha, “La désacralisation du monopole diplomatique des États”, in : Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale 2011, Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 35-38.
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.
Simmel Georg, Secret et sociétés secrètes, [1908], trad., Paris, Circé, 1998.

PAC 102 – El boicot de las ONG, una diplomacia ofensiva La conferencia de Varsovia sobre el cambio climático

Por Weiting Chao

Traducción Ulises Aquino Jiménez

Passage au crible n°102

COP19Source: Chaos International

Del 11 al 23 de noviembre de 2013 se sostuvo en Varsovia la 19 sesión de la Conferencia de partes (COP 19) de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y la 19 sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP9). Por primera vez en la historia, y en la víspera de su clausura oficial, las ONG medioambientales boicotearon la conferencia sobre el clima.

Contexto histórico
Marco teórico
Análisis
Referencias

Contexto histórico

La CMNUCC fue creada por 153 países, después de la Cumbre Mundial de Río realizada en 1992. Ella propuso el principio de responsabilidad común y diferenciada, respetando la equidad. Durante toda la preparación de la Cumbre, notamos la intensa actividad de las ONG. Un gran número de entre ellas buscaron influenciar directamente las decisiones gubernamentales. En 1997, los Estados firmarían el Protocolo de Kyoto basado en los trabajos de la CMNUCC. Este documento representa hasta hoy el único acuerdo mundial que impone obligaciones vinculantes a los países industrializados. Sin embargo, en 2001, invocando una amenaza al desarrollo estadounidense, Estados Unidos rechazó ratificarlo. Este tratado entró en vigor en 2005, después de la firma de Rusia, y expiró el 31 de diciembre de 2012. El periodo post Kyoto fue evocado desde 2005; y durante la conferencia de Bali (COP 13, 2007), los Estados signatarios adoptaron una hoja de ruta que debieron haber finalizado en Copenhague en 2009. Sin embargo, ningún progreso significativo fue constatado. Durante la Conferencia de Durban en 2010, un órgano subsidiario fue establecido: el Grupo de Trabajo ad-hoc, parte integrante de la Plataforma de Durban para una acción reforzada; esta instancia teniendo por misión elaborar otro documento. En el mismo periodo, un mecanismo financiero, el Fondo Verde para el Clima, fue lanzado. Debe realizar la transferencia de recursos de los países más avanzados hacia los más vulnerables. La adopción de un acuerdo universal sobre esta cuestión fue transferida para el año 2015, con una entrada en vigor prevista para 2020. Sin embargo, en 2012, las negociaciones no desembocaron en Doha sino en una simple extensión del Protocolo de Kyoto hasta el año 2020.

En 2013, poco antes de la conferencia, los países industrializados reafirmaron que no participarían en una segunda etapa de reducción de emisiones de CO2, en el marco de un nuevo protocolo de Kyoto. Siguiendo esta lógica, Australia debe por ejemplo abandonar su sistema de gravamen del carbono. En cuanto a Japón, anunció que en razón del accidente de Fukushima, sus emisiones de CO2 aumentarían en 3.8% de aquí a 2020, aunque se había comprometido previamente a reducirlas en 25%. Durante las negociaciones, Estados Unidos, Australia y Canadá intentaron modificar el principio de responsabilidad común, cambiando las obligaciones de los Estados en el respeto de la equidad y el marco del tratado. Por otra parte, se opusieron fuertemente a la instauración de un mecanismo sobre las pérdidas y los daños. No obstante, esta postura ha conducido a los países del Grupo de los 77 (G77), entre los cuales está China, a abandonar las negociaciones. Finalmente, estas últimas se observaron estériles e improductivas, ONGs como Oxfam Internacional, Greenpeace e incluso el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), decidieron abandonar la conferencia sobre el clima, el jueves 21 de noviembre, en otras palabras, en la víspera de su clausura oficial.

Marco teórico

1. Los Estados dominados por la lógica de mercado. La confrontación entre países desarrollados y los PED (Países en Desarrollo) se agravó en razón de la modificación del principio de responsabilidad común y de la falta global de recursos financieros. Hasta hoy, los Estados aparecen dominados por una lógica de estructura – la del mercado – que se impone a ellos, los divide y arruina en consecuencia toda perspectiva de concluir un acuerdo ambicioso sobre el cambio climático.
2. Un lobbying colectivo de las ONG. El boicot señala una forma de diplomacia no Estatal. Forma parte de un repertorio de acción colectiva de las ONG. En este caso, se trata de ejercer presión sobre el proceso de toma de decisiones de los Estados, sin por lo tanto ceder en lo absoluto en los objetivos últimos. Se trata de una estrategia parecida a un juego de suma cero (Schelling).

Análisis

El conflicto entre los países desarrollados y los PED resta fundamental y muestra claramente las dificultades de la cooperación interestatal. Conviene notablemente señalar que la desconfianza entre los estados es debido al financiamiento ineficaz del Fondo Verde para el Clima. En Copenhague, a los PED se les prometieron 100,000 millones de dólares (73,800 millones de euros) por año desde ahora y hasta el año 2020, falta realizar progresos en cuanto a la ayuda financiera prometida por los países industrializados a los países del sur a fin de que puedan enfrentar las catástrofes climáticas. Entre 2010 y 2012, alrededor de 30,000 millones de dólares fueron entregados, pero desde entonces, los PED no disponen de ninguna otra seguridad para los años futuros. En otras palabras, falta de capital, no existe más una cooperación real entre actores estatales, lo que erosiona por lo tanto las negociaciones. Por otra parte, los Estados no controlan más el proceso de producción y entonces orientan muy poco los intercambios. En efecto, los gobiernos de los países industrializados se han dejado dirigir casi exclusivamente por los intereses de las grandes empresas de la energía fósil o esas de las compañías aseguradoras. Así, los mecanismos de mercado tales como la Bolsa del Carbono et le MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), inspiran las próximas reglamentaciones mayores destinadas a reducir las emisiones de carbono. Irónicamente, son entonces las altas inversiones y los intereses comerciales los que han permitido la continuidad de las negociaciones.

Por haber sabido desarrollarse en un ámbito particular, las ONG del medio ambiente adquirieron un expertise y ostentan un rol esencial en los trabajos sobre el cambio climático. Han emitido sugerencias y consejos técnicos a la CMNUCC y algunas de sus propuestas marcaron fuertemente el Protocolo de Kyoto. En efecto, movilizaron su capacidad para producir estudios científicos que son autoridad en la materia. De la misma manera, han beneficiado con una experiencia de terreno, amplia y a profundidad a fin de orientar los textos. Finalmente, lograron participar en coaliciones mundiales abarcando tanto gobiernos como empresas y las organizaciones del sector involucrado; buscando influenciar de esa manera el proceso global. En consecuencia, el volumen de ayuda al desarrollo tecnológico aportado por las ONG a los PMA (Países Menos Desarrollados) o a los pequeños Estados insulares en desarrollo ha aumentado progresivamente desde 1997. En ciertos casos, su poder de movilizar protestas, les confiere un rol importante, considerado como un detector del descontento o insatisfacciones.

Este boicot representa una presión diplomática que compensa su estatus de operadores no Estatales. Al hacerlo, acentúan la presión sobre las Naciones Unidas, que temen perder su credibilidad, pero también sobre Polonia, país anfitrión. Por otra parte, las ONG se inquietan del déficit de gobernanza en materia climática. Su rechazo de asistir a la conferencia constituye un símbolo muy fuerte: al retirarse de negociaciones que no han hecho prevalecer el interés de los ciudadanos del mundo sobre los de las grandes empresas, realizaron un combate simbólico sobre el plano mundial. Considerando que la presión ecologista aumenta, los delegados gubernamentales deberán – durante su próxima reunión – conferir más importancia a sus proposiciones, si quieren obtener un acuerdo substancial para 2020.

Referencias

Corell Elisabeth, Michele M. Betsill, « A comparative look at NGO Influence in International Environmental Negotiations: Desertification and Climate Change », Global enviromental Policy, MIT press, Nov 2001(4), pp. 86-107.
Chao Weiting, « Le triomphe dommageable des passager clandestins. La conférence de Doha », in : Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2012,Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 111-115.
Esteves Olivier, Une Histoire populaire du boycott (1880-2005), Paris, L’Harmattan, 2006.
Schelling Thomas, The Strategy of Conflict, Cambridge, Harvard University Press, 1960.
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, trad., Paris, Temps présent, 1996.

PAC 101 – Afganistán se enfrenta al tráfico transnacional de los opiáceos El alarmante análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).

Por Michaël Cousin

Traducción : Daniel Del Castillo

Passage au crible n°101

Pixabay

El 13 de noviembre de 2013, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) publicó su último reporte, producto de un análisis inquietante concerniente a Afganistán, primer productor mundial de la planta de adormidera. Ciertamente, esta planta con virtudes tranquilizantes, tiene un uso terapéutico cuando es transformada en morfina; pero se vuelve temible bajo la forma del opio, o peor aún, de la heroína. No obstante, el 90% de la venta de esta amapola psicotrópica proviene de este país en guerra.

Contexto histórico
Marco teórico
Análisis
Referencias

Contexto histórico

Desde hace varios años, la agencia de la ONU ha venido alertando internacionalmente sobre los peligros que implica el cultivo de la adormidera para este Estado. Cuando las tropas occidentales llegaron en 2001, la cantidad de plantaciones había caído fuertemente, pasando de 82.000 hectáreas, a tan solo 8.000 hectáreas. Sin embargo, las superficies cultivadas no han cesado de aumentar hasta alcanzar cerca de 209.000 hectáreas en 2013; siendo que el promedio entre 1994 y el 2000, se situaba alrededor de 68.150 hectáreas.

La UNODC explica este auge por diversos factores. Primero que todo, el aumento de la demanda mundial de los opiáceos, pero también los precios de compra atrayentes. Los campesinos afganos reciben aproximadamente de 160 dólares a 203 dólares por un kilo de opio, según su estado: ya sea fresco o seco. Mientras tanto, el precio del trigo no sobrepasa los 41 centavos de dólar por kilo. Además de este aporte pecuniario, los traficantes de drogas les garantizan a los cultivadores de la planta una relativa seguridad financiera, ya que éstos últimos son remunerados, en efecto, sobre su cosecha, incluso antes que ésta se lleve a cabo.

De hecho, los señores de la guerra no recibirían sino entre el 10% y el 15% de las ganancias de la droga, lo cual muestra que ellos no son los únicos actores de este tráfico. Incluso si el Estado afgano estableció políticas de lucha contra el cultivo de la adormidera – destrucción de los mismos, así como de los productos – parece que un 60% de los políticos elegidos en ése país permanecen más o menos relacionados con este mercado. La oficina de la ONU insiste también en la pluralidad de las etnias implicadas: los Hazara, los Tayiko y los Pastunes son algunos ejemplos de estas.

Por otro lado, Afganistán se revela desde ahora como uno de los más importantes consumidores de opio y de heroína en el mundo. En el 2009, cerca de 1,6 millones de afganos (sobre los 35 millones de habitantes) compraron estas substancias. Entre estos, encontramos a unos 120.000 usuarios de heroína por vía intravenosa. A pesar de todo esto, en el contexto actual, las condiciones políticas y sanitarias no permiten a los adictos a la heroína ni contar con una información confiable, ni con material esterilizado. No obstante, estas inyecciones constituyen un vector grave de transmisión del VIH – eso sin tener en cuenta las hepatitis virales – en un país dónde esta pandemia ya es antigua de tres décadas; y dónde la cantidad de usuarios aumenta cada año de manera exponencial.

Marco teórico

1. “Estado Fantasma” (Shadow State). Inspirado en el concepto de politique du ventre, William Reno demostró con aquel de Shadow State (Estado Fantasma), que los mercados ilegales se desarrollan cuando falta autoridad estatal. Sin autonomía financiera, las élites políticas entonces buscan nuevas oportunidades de financiación, en un espacio ahora globalizado. Estas se esfuerzan por controlar ciertos recursos muy codiciados y dirigir sectores ilícitos (diamantes, maderas, armas, marfil y drogas), que les permiten mantener su poder sobre el resto del país.
2. El orden institucional. Estudiemos a la UNODC a partir de su ordenamiento institucional. En lo que a esto concierne, centrémonos sobre su sistema de valores y conductas regulares, aquel que sus miembros deben interiorizar y con el cual deben conformarse. Al mismo tiempo, ellos deben esforzarse por alcanzar los objetivos definidos por sus dirigentes.

Análisis

Después de la destitución del Mollah Omar y la pérdida de sus funciones públicas fundamentales, el gobierno de George W. Bush y sus aliados occidentales, formaron en Afganistán una República Islámica y Democrática. Empero, este nuevo Estado importado no funciona como lo desearía la administración norteamericana. Por un lado, la elección presidencial de 2009 fue manchada por numerosas dificultades como las violencias, la débil tasa de participación y también numerosos fraudes electorales. Por otro lado, el sistema socio-económico de los afganos permanece sin estructura, y la seguridad nacional aún no es garantizada por nadie.

Es la razón por la cual, la administración Obama – siendo que ya se retiró de Irak en 2011 – mantiene todavía una presencia en Afganistán. Incluso, en este momento, Kabul negocia con Washington para que el Pentágono garantice un año más su seguridad. Sin embargo, sin una economía viable, el gobierno afgano se quedará en 2015 sin los medios necesarios para financiar a sus fuerzas del orden. Con excepción de los grandes proyectos, como la New Silk Road (nueva ruta de la seda) o los oleoductos; la Casa Blanca quiere liberarse de su compromiso anterior, sin proponer por ello soluciones locales que resulten más atractivas que el comercio de la adormidera.

El reporte de la oficina de la ONU subraya esta carencia, al igual que ciertas ONG y asociaciones afganas. Estas diferentes organizaciones comparten ciertamente el mismo análisis económico; en cambio, no consideran de la misma manera, hacerse cargo clínicamente de los daños sanitarios causados por los estupefacientes. De este modo, la línea de conducta y la norma de la UNODC se basa en el establecimiento de los cuidados destinados a los toxicómanos, a partir de tratamientos probados científicamente. Empero, si consideramos las medicaciones propuestas por esta agencia a los adictos a la heroína, todas revisten una eficacia limitada. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguida por varias ONG y asociaciones nacionales, recomiendan una terapia basada en la metadona. A pesar de estar clasificada como un opiáceo, esta última no es producida a partir de la planta somnífera. Esta molécula es en realidad procedente de una síntesis química y se ingiere por vía oral – en solución líquida o en cápsulas – o por vía anal – gracias a un supositorio. Evitando así cualquier riesgo de contaminación por vía sanguínea. Además, posee una acción farmacológica más larga que la heroína, lo cual estabiliza fácilmente el estado de privación del consumidor.

Si los científicos reconocen las virtudes de la metadona, ellos mismos son quiénes divergen en cuanto a la evaluación de su calidad terapéutica; mientras que los Estados occidentales que recurren a esta muestran resultados prometedores. En otras palabras, este producto de substitución no posee aún la prueba científica de su eficacia. Coaccionada por sus propias normas, la UNODC duda actualmente sobre la posición que debe adoptar. Pero esta indecisión se revela perjudicial para la salud de los afganos.

Referencias

UNODC, « Afghanistan: Opium Survey 2013, Summary findings », 2013, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_report_Summary_Findings_2013.pdf
Médecins du Monde, « Guerre à la drogue ou guerre aux drogués : le quotidien des usagers de drogues afghans », 2013, http://www.medecinsdumonde.org/A-l-international/Afghanistan
Briquet Jean-Louis, Favarel-Garrigues (Éds.), Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’État, Paris, Karthala, 2008, Coll. Recherches Internationales.
Lagroye Jacques, Offerlé Michel (Éds.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2010.