Feb 3, 2018 | Calentamiento Global, Diplomacia, Medio ambiente, Passage au crible (espagnol)
Por Simon Uzenat
Traducción : Duly Albarracín
Passage au crible N° 151
La 22ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) se reunió en Marrakech del 7 al 19 de noviembre de 2016. Reunió más de 22 000 participantes – un 40% menos con respecto a la Conferencia de París –, de los cuales, cerca de 16 000 tenían cargos gubernamentales, más de 5 000 representantes de organizaciones de la ONU, de OIG (organizaciones intergubernamentales) y ONG (-50%) y 1 200 medios de comunicación (-66%). Se trataba de una conferencia esencialmente técnica encargada de detallar la puesta en marcha del ímpetu diplomático refrendado por la COP21 y formalizado en el Acuerdo de París. Este último entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de su ratificación por parte de 55 países que representan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La COP22 coincidió, lógicamente, con la reunión de la primera parte de la primera sesión de la CMA (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement).
Por otra parte, esta conferencia internacional estuvo muy marcada por la elección a la presidencia de los Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2016, del candidato republicano escéptico del cambio climático, Donald Trump. Este último había anunciado claramente su intención de no encaminar más su país en la ruta trazada en París un año antes. Este evento político ha fortalecido el clima de incertidumbre que rodea la realización, en un plazo razonable, de objetivos concretos (mitigación, financiamiento, transferencias tecnológicas) indispensables en la resiliencia climática.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Desde su origen, las negociaciones climáticas son aclamadas por una alternancia de tiempos diplomáticos fuertes (Kioto, Copenhague, Paris) con resultados desiguales y conferencias de naturaleza más operacional con miras a preparar la conclusión de un mayor acuerdo o de detallar la puesta en marcha. Con respecto a esto, la COP22 se sitúa en una secuencia multilateral relativamente cercana a aquella que ya prevaleció quince años antes, en la que Marruecos acogió por primera vez a los negociadores del clima. Del 29 de octubre al 9 de noviembre de 2001, los delegados de la COP7 se reunieron en Marrakech para precisar las modalidades de aplicación del Protocolo de Kioto firmado en 1997, deteniendo la traducción jurídica del plan de acción de Buenos Aires, adoptado en 1998 en el marco de los acuerdos de Marrakech. La elección del presidente George W. Bush, fundamentalmente opuesta a todo esfuerzo vinculante que beneficiara a China y a los países en desarrollo, suscitó fuertes inquietudes. En particular cuando oficializó su decisión, en marzo de 2001, de no remitir al senado americano el protocolo por la ratificación. Sumado a otras tensiones ligadas al alcance y al calendario de reducción de emisiones para los países desarrollados contemplados en el anexo I del protocolo, este unilateralismo de la potencia americana contribuyó a retrasar la entrada en vigor del protocolo de Kioto, lo que sucedió finalmente el 16 de febrero de 2005.
Previo a la COP22, muchas decisiones de ámbito internacional han mantenido la dinámica del Acuerdo de París. En primer lugar, la resolución votada el 6 de octubre de 2016 por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) que instaura un mecanismo mundial de compensación de emisiones de la aviación internacional. Luego, la enmienda de Kigali, adoptada el 15 de octubre de 2016 después de siete años de negociaciones en el marco del protocolo de Montreal, y que aprueba la eliminación de hidrofluorocarburos (HFC) en el efecto invernadero, el cual es 14 000 veces más potente que el CO2.
Marco teórico
El desarrollo de la COP22 y sus resultados contrastantes se sitúan en un doble movimiento que se registra en tanto acompaña las reconfiguraciones que suceden en la escena mundial.
1. Un multilateralismo fragmentado. La arena climática es objeto de una descomposición estratégica de espacios-tiempos de la negociación internacional (conferencias, grupos de trabajo, convenios, planes, programas, fondos). Su multiplicación responde, sin duda, a la complejidad creciente de desafíos (científicos, tecnológicos, financieros) y a la diversificación de las escalas de intervención (de lo local a lo global). Sin embargo, la arena climática permite limitar las tensiones potenciales reduciendo al máximo el común denominador de actores profundamente heterogéneos y competitivos. Con el fin del enfoque vinculante del acta de Copenhague, esta fragmentación lleva en ella el riesgo de reducir el alcance operacional de las promesas climáticas.
2. Una redefinición del calendario climático. Obediente a una lógica incitativa, fundada sobre el consentimiento y la buena fe, el Acuerdo de Paris ha detenido un objetivo de (muy) largo plazo al renunciar a todo calendario imperativo mientras que la urgencia es reconocida unánimemente. Agregando numerosos plazos intermedios (2018, 2020, 2050) carentes de objetivos, sin estar sujetos a sanciones y variantes en función de los temas (mitigación, financiamiento de la adaptación), la negociación climática disminuye considerablemente la probabilidad de limitar el recalentamiento a 2°C de aquí a 2100. Hasta ahora, las contribuciones voluntarias de los Estados conducirían, en lugar de ello, a un incremento superior a los 3°C.
Análisis
A la iniciativa de su presidencia marroquí y luego de las modificaciones solicitadas por diferentes grupos de países, la Conferencia de Marrakech adoptó la Proclamación de acción por nuestro clima y el desarrollo sostenible (Proclamación de Acción de Marrakech o PAM). Se trata, en realidad, de una declaración de intención que se contenta con recordar las promesas de Paris; el «deber imperioso de responder a la urgencia climática», la naturaleza inclusiva del Acuerdo al respecto de las responsabilidades compartidas y diferenciadas de los Estados. Expresando una voluntad que se parece a una profecía auto-cumplida, un «cambio urgente, irreversible e imparable» para retomar las palabras de la nueva secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Patricia Espinosa, esta proclamación toma nota de los numerosos obstáculos en el camino de la resiliencia climática: «Llamamos a una solidaridad fuerte con los países vulnerables, […] llamamos a todos los actores no estatales a unirse a nosotros por una movilización y una acción inmediatas y ambiciosas». Aunque la fecha se anticipa un año a la decisión tomada en París, los gobiernos, de todas maneras, han, fijado el plazo de 2018 – un año muy tarde para los PMD (Países Menos Desarrollados) – para finalizar la realización operacional del Acuerdo de París, año de la reunión de la 24ª Conferencia de las Partes y de la tercera parte de la primera sesión de la CMA.
Las ambigüedades del Acuerdo de Paris han, en cuanto a ellas, afectado claramente el ritmo y la calidad del trabajo de los negociadores, en aumento de la ausencia de visión global acerca de los compromisos de los Estados y su control. Las dificultades inherentes al establecimiento de instancias de debate dentro del marco de este acuerdo han contribuido a una forma de procrastinación: a pesar de la incomprensión de numerosos delegados, el APA (Ad Hoc Working Group on Paris Agreement) no se reunió la segunda semana de la conferencia, aunque las diferencias de enfoque y de calendario con vistas a próximas sesiones habrían, no obstante, exigido intercambios complementarios. Asimismo, la elección de Trump se coló en las salas de reuniones y en los propósitos de líderes políticos. Aún si el futuro presidente estadounidense dispone de medios jurídicos para sustraer a su país del Acuerdo de París antes del fin de su mandato, la rápida entrada en vigor de este tratado, el ímpetu internacional que ha suscitado, la fuerte implicación china – primer emisor mundial de gases de efecto invernadero – y los llamados a actores no estatales estadounidenses, tales desde grandes empresas como Nike y Starbucks, hasta autoridades locales, actualmente conforman una retirada total poco probable. Dado como posible por la flexibilidad formal del texto, la principal amenaza estadounidense sigue siendo aquella de la inercia y las tácticas dilatorias.
Varias iniciativas paralelas han intentado balancear este estado de hecho dinamizando la arena climática. La hoja de ruta de Marrakech de la cumbre de representantes locales y regionales para el clima, que se realizó el 14 de noviembre, hace un llamado así a la «creación de modalidades reforzadas y simplificadas de acceso directo a los fondos internacionales dedicados a los asuntos climáticos» y anuncia el lanzamiento, en 2017, de una campaña mundial por la ubicación del financiamiento para el clima. Se trata de una respuesta a la observación de que «continúan faltando los medios para responder a la ambición mostrada por la comunidad internacional». En este sentido, muchos representantes han estado marcados por las palabras de las campeonas del clima francesa y marroquí, Laurence Tubiana y Hakima El Haite, durante la ceremonia de clausura de la cumbre, su demanda a reflexionar sobre la visión de su territorio en 2050, sin referirse en ningún momento a los medios disponibles para las comunidades en el corto y mediano plazo.
El 15 de noviembre, 42 países firmaron el convenio NCD (Nationally Determined Contribution), co-presidida por Marruecos y Alemania. Su ambición es la de ser una plataforma de colaboración entre países en desarrollo, países desarrollados e instituciones internacionales a fin de acompañar y acelerar la puesta en marcha de las NDC en todos los sectores y en todos los niveles de toma decisiones de los países en desarrollo. Propone, en particular, una base de datos en línea – elaborada junto con la CMNUCC, el gobierno de Marruecos y la agencia de cooperación internacional alemana – que identifica más de 300 fondos bilaterales y multilaterales.
El lanzamiento del Marrakech Partnership for Global Climate Action por los campeones del clima, en presencia del presidente de la 22ª Conferencia de las Partes, Salaheddine Mezouar, y del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, tiene por objetivo el promover la acción de actores no estatales por el periodo 2017-2020- En la continuidad del plan de acción Lima-Paris convertido en Global Climate Action Agenda, este convenio está destinado, antes que todo, a consolidad y valorar los compromisos concretos más allá de las promesas más o menos hechas por los Estados. Se trata, en este caso, de acentuar los esfuerzos antes de 2020 para poder mantenerse por debajo del límite de los 2°C. La cuestión financiera se mantiene central: las inversiones en las infraestructuras con el fin de hacerlas compatibles con una economía baja en carbono representarán 4000 billones de dólares por los próximos quince años. De esta manera, se observa que los 100 billones de dólares por año de aquí a 2020 que deberían ser financiados por los países desarrollados y que son debatidos desde Copenhague no representan más que una de agua en el océano de la urgencia climática. Asimismo, la determinación a actuar resulta tan débil que la identidad del país candidato a la recepción de 23ª Conferencia de las Partes fue conocida en el transcurso de la conferencia de Marrakech. Se decidió que la presidencia en esta oportunidad será garantizada por el gobierno de Fiyi y la conferencia se desarrollará en la sede de la CMNUCC en Bonn.
A pesar de las numerosas alertas científicas, los gritos de alarma de las poblaciones más vulnerables y las múltiples movilizaciones trasnacionales, los compromisos actuales de los Estados se mantienen aún lejos de garantizar la justicia climática. La reconfiguración parcial de la arena climática, implicando más los actores no estatales, podría modificar esta inercia a la condición de desplegar medios humanos y financieros sustanciales.
Referencias
Aykut Stefan C., Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2014.
Barrett Scott, Environment and Statecraft: the Strategy of Environmental Treaty-Making, Oxford, Oxford University Press, 2003.
Keohane Robert O., Victor David G., « The Regime Complex for Climate Change », Perspectives on Politics, 9 (1), 2011, p. 7-23.
Uzenat Simon, « Une reconfiguration partielle de l’arène climatique. Le 1er Sommet Climate Chance des acteurs non-étatiques, 26-28 septembre 2016 à Nantes », Passage au crible (147), 2 nov. 2016.
May 14, 2017 | China, Desarrollo, Globalización, Passage au crible (espagnol), Política exterior
Por Moustafa Benberrah
Traducción: Duly Albarracín
Passage au crible n° 150
Source: Wikimedia
Luego de cuatro años de trabajo, Etiopía inauguró, a principios del mes de octubre, una línea ferroviaria entre su capital, Addis Abeba, y Yibuti. Construida por China, esta nueva conexión permitirá sacar a la economía etíope del aislamiento al abrir, notablemente, una salida al mar Rojo. Al respecto, cabe recordar que esta obra de 3,4 millardos de dólares (3 mil millones de euros) fue financiada en un 70% por la banca china de inversión Exim.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
El creciente asentamiento de China en el extranjero da una señal indiscutible de una transformación de su estatus global. En efecto, respondiendo al llamado a “salir del país” (zouchuqu) hecho por el anterior presidente Hu Jintao en 2005, el país se internacionaliza en búsqueda de nuevos mercados y fuentes de aprovisionamiento. Asimismo, busca aliados al mismo tiempo. Esta ofensiva se desarrolla en zonas tradicionalmente marcadas por la presencia occidental. En este contexto, Pekin no cesa de ampliar su influencia sobre el continente africano al organizar, por ejemplo, cumbres China-África fundadas en el multilateralismo. Con ello, esta estrategia contribuye a mejorar y consolidar su talla actualmente mundial.
Los intercambios entre la RPC (República Popular China) y África se elevan a los 200 mil millones de dólares en 2015, contra 12.39 millardos de dólares en 2002. En mayo de 2014 el primer ministro chino, Li Keqiang, declaró la voluntad de duplicar esta cifra para el 2020. Hoy es claro que la República Popular ha logrado imponerse como el primer socio comercial de numerosos Estados africanos. Más de 2500 compañías chinas asentadas en África cubren una variedad de sectores, como el de hidrocarburos y el de construcción y obras públicas. Este último campo ofrece, ciertamente, una vitrina que muestra la experticia de sus compañías y el profesionalismo de sus trabajadores. Además, el invertir así corresponde al discurso oficial que subraya, de manera regular, la necesidad de apoyar un continente considerado, ante todo, como un socio en su totalidad y no como un simple mercado.
La asistencia financiera de esta nación consiste esencialmente en prestaciones de servicios y en IDE (inversiones directas en el extranjero), dos vectores que le permitieron convertirse en uno de los principales inversores en el extranjero. No obstante, esta situación debe apreciarse dentro de sus justas proporciones. La inversión china en África representa sólo el 0,2% de sus IDE en el plan mundial. El campo de la construcción y obras públicas ilustra muy bien esta realidad ya que, en este sector, las compañías chinas no se convierten en propietarias, ni en titulares de derechos sobre las infraestructuras. Ahora bien, la definición de las IDE adoptada por las organizaciones supone el poseer “la propiedad del 10% o más de las acciones o de los derechos de voto de una empresa” para ser un “inversor”. Por lo tanto, el asentamiento chino sobre el continente africano hace uso de nuevas formas, más indirectas y muy características, en el mantenimiento del proceso de mundialización en curso.
Marco teórico
1. Una influencia pragmática. Para Johnson Chalmers, este tipo de orientación se refiere a un Estado fuerte que, dirigiendo políticas industriales y orientando la producción, estimula una amplia autonomía gerencial. En otros términos, esta configuración privilegia, en mayor medida, el aumento de cuotas de mercado que le benefician a corto plazo.
2. El ascenso en potencia de un Estado desarrollador. El Estado chino se afianza en el presente como un actor central de la cooperación internacional. Ejerce sus facultades de potencia pública ya sea directamente o por vía de intermediarios que selecciona. Sin embargo, ciertos actores escapan de su control y cuestionan su autoridad en ocasiones.
Análisis
Durante mucho tiempo, la República Popular China se rehusó a invocar “la ayuda”. Había preferido, hasta entonces, hacer referencia a una “cooperación donde ganamos todos” o a una “asistencia mutua” entre países del Sur. Tuvo que esperarse su informe oficial sobre la ayuda al desarrollo publicado en abril de 2011 para que el gobierno finalmente adoptara el término. Este documento exige a los países beneficiarios la ayuda vinculada que implica, necesariamente, un procedimiento de recompra (buy-back) acompañado de contratos globales. En consecuencia, estas disposiciones determinan el uso obligatorio de las firmas y de sus trabajadores, así como el pago, de materias primas. Este “modelo angoleño” se aplica, más que todo, en países de África central que en África del Sur o en aquellos del Magreb que disponen de un poder de negociación más importante. En definitiva, el establecimiento de este tipo de ayuda pública en el desarrollo se convierte en un instrumento de soft power de la diplomacia china.
Las autoridades chinas desarrollaron dos tipos de mecanismos: en primer lugar, estas conceden donaciones y préstamos sin intereses, así como asistencia técnica. Las mismas acuerdan, por otra parte, condonaciones de deudas, lo que representa, aproximadamente, el 70% del total de la ayuda. Luego, ofrecen préstamos a tasas preferenciales reservadas a los proyectos industriales y de infraestructura. Estos últimos son reembolsados obligatoriamente a una tasa variable y según una duración modificable. La media observada se sitúa alrededor del 2% en un intervalo de diez a quince años. Esta nueva modalidad fue introducida en 1995 con la creación del China Exim Bank. Situada bajo la doble tutela del MOFCOM (Ministerio del comercio) y del de asuntos exteriores, esta banca disfruta de 3500 millardos de euros de reservas en divisas chinas (que es un tercio de la liquidez del planeta) y, por lo tanto, está consolidada como brazo financiero de la política exterior. Cabe resaltar que el poder de esta institución está reforzado por la contribución de cuatro organismos distintos que administran la política de ayuda: el MOFCOM, el ministerio de asuntos exteriores, el CAD Fund (China-Africa Devlopment Fund) y la SINOSURE (China Export and Credit Insurance Corporation ). Además, estas entidades reciben el apoyo de colectividades territoriales que juegan un rol mayor en la gestión de este proceso.
No obstante, cabe señalar que esta estrategia no goza de ninguna estancia central para coordinar estos actores. Sin embargo, divergencias entre intereses públicos y privados aparecen de manera recurrente. En efecto, estos organismos forman los pilares de un Estado desarrollador que debe tomar las medidas necesarias para alcanzar este objetivo. Desde esta perspectiva, está dirigido a colaborar más y más con los actores privados considerados indispensables al momento de modificar el conjunto de su política.
Sin duda, la irrupción de China en el escenario mundial ha estimulado la concurrencia entre los grandes grupos nacionales y trasnacionales. Sin duda, la RPC ahora representa, para los países en desarrollo, un contrapeso a la presencia política e ideológica de Occidente. De todas maneras, cabe preguntarse acerca del atractivo que hoy ejerce el modelo chino ya que, en la realidad, su política de empresa contribuye a endeudar de manera preocupante a ciertas naciones, como Etiopía, República Democrática del Congo, Angola o, aun, Ghana. Asimismo, el recurso masivo a la mano de obra china, acompañada de la llegada incontrolada de migrantes, plantea críticas en las regiones que ya enfrentan altas tasas de desempleo. Además, la calidad tanto de los productos como de las infraestructuras chinas es cuestionada frecuentemente. Por último, algunas compañías chinas se encuentran implicadas en numerosos escándalos de corrupción. Principalmente activas en el sector de la construcción y de obras públicas, estas afectan sustancialmente la imagen de la potencia china y enturbian el mensaje que esta última destina a los países en desarrollo. China se ve entonces obligada a adaptarse mejor a las limitaciones complejas de un África fragmentada e inestable.
Referencias
Benberrah Moustafa, « L’asymétrie sociopolitique d’une coopération économique. L’implantation dominatrice des firmes chinoises en Algérie », Passage au crible, (127), 29 mai 2015. Disponible en: http://urlz.fr/3wcs
Cabestan Jean Pierre, « La Chine et l’Éthiopie : entre affinités autoritaires et coopération économique», Perspectives chinoises, (4), 2012, pp. 57-68.
Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy 1925-1975, Stanford, Stanford University Press, 1982.
Gabas Jean-Jacques, Chaponnière Jean-Raphaël (Éds), Le Temps de la Chine en Afrique, Paris, Karthala, 2012.
OCDE, « Perspectives économiques de l’OCDE », OCDE, (73), 2003.
Pairault Thierry, Talahite Fatiha (Éds), Chine-Algérie, une relation singulière en Afrique, Paris, Riveneuve éditions, 2014.
May 14, 2017 | Diplomacia no estatal, Humanitario, Passage au crible (espagnol), Salud pública mundial
Por Clément Paule
Traducción: Duly Albarracín
Passage au crible n° 149
LB. Remarks at Clinton Global Initiative Annual Meeting, Source: Wikipedia
La victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses de 2016 marca el fin de una justa electoral particularmente dura y conflictiva. En el presente caso, la campaña de su rival Hillary Clinton estuvo viciada de numerosas controversias, comenzando por el asunto de los e-mails – el uso de un servidor de mensajería privado mientras dirigía el Departamento de Estado –. Impulsado por pirateos informáticos que habían sido dirigidos al DNC (Demoratic National Committee) y por allegados a la candidata demócrata, el portal WikiLeaks publicó miles de documentos durante el verano de 2016. Estas filtraciones alimentaron las polémicas sobre la Fundación Clinton – que pasó a ser, en 2013, la Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation –, de la cual el ala republicana estigmatizó los mét0dos de recolección de fondos. Ahora bien, tales reservas habían sido formuladas desde 2008, en tanto Hillary Clinton se disponía a ocupar el cargo de Secretaria de Estado en el seno de la administración Obama. A pesar de la firma previa de un memorándum de entendimiento para prevenir cualquier conflicto de intereses, la ex senadora de Nueva York había evolucionado, durante cuatro años, a una configuración inédita de poder. En estas condiciones, la fundación fue citada en muchos procedimientos y también fue objeto de investigaciones del FBI (Federal Bureau of Investigation) según el Wall Street Journal.
> Contexto histo´rico
> Marco teo´rico
> Ana´lisis
> Referencias
Contexto historico
Creado jurídicamente en 1997 para gestionar la edificación de un museo en Arkansas, este organismo filantrópico está estrechamente ligado a la trayectoria post-presidencial de Bill Clinton. En enero de 2001, este último dejaba la Casa Blanca luego de un segundo mandato alterado por el escándalo Lewinsky. Desde entonces, el antiguo jefe de Estado se esforzó en rehabilitar su imagen mediante una actividad pública intensa. Paralelamente al apoyo a la carrera de su esposa, cabe mencionar su implicación en la respuesta humanitaria en Aceh – destruida por el tsunami del 26 de diciembre de 2004 – o en la reconstrucción de Nueva Orleans, luego del paso del huracán Katrina. Estos compromisos múltiples se soportan en la movilización constante de un círculo de adeptos que agrupa jóvenes colaboradores – como Laura Graham y Douglas Band – y de asesores de larga data al igual que Bruce Lindsey o Ira Magaziner. Estos animaron tanto el desarrollo de la Fundación Clinton que no tardaron en transformarla en una marca de envergadura mundial.
Lo anterior lo demuestra el lanzamiento, en septiembre de 2005, de la CGI (Clinton Global Initiative), vitrina de la institución. Cada año, Bill Clinton preside esta reunión de líderes internacionales –dirigentes nacionales, artistas y empresarios– al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy preciado en los medios, este encuentro –cuyo acceso aún resulta muy oneroso– permite consolidar una red poderosa de donantes. Dentro de esta última figuran gobiernos –desde Arabia Saudita hasta Noruega –, pero también millonarios – como Carlos Slim, Rupert Murdoch o Denis O’Brien – y estrellas hollywoodenses. Los miembros de la CGI son invitados a participar en iniciativas combinando ingeniería social y racionalidad mercantil. Con respecto a esto, el crecimiento fulgurante de la Fundación Clinton puede ser medido en función de sus recursos humanos –más de dos mil empleados en una treintena de países en 2016 – y financieros. Una investigación reciente del Washington Post estimaba que las contribuciones recibidas entre 2001 y 2015 se elevan a dos mil millones de dólares, siendo 262 millones el estimado sólo para el año 2013.
Marco teo´rico
1. Una coalición filantrópica construida sobre el capital político de los Clinton. La fundación parece operar como intermediaria –broker– entre distintos universos: los medios de asuntos internacionales, el sistema de la ONU, la arena diplomática, la farándula, o aun, el sector no lucrativo. En esta lógica, se trata de promover proyectos caritativos a la vez rentables y visibles, cuyo éxito deseado beneficie a cambio la notoriedad de la dinastía Clinton.
2. La falta de transparencia de un solapamiento estructural. La diferenciación de posiciones – y, sobre todo, la distinción entre lo público y lo privado – parece desvanecerse al interior de este circuito de obligaciones o se intercambian bienes materiales y simbólicos. Mantenida en todos los niveles, esta ambivalencia concentra las sospechas mientras que se precisan las ambiciones presidenciales de Hillary Clinton.
Ana´lisis
Nótese que la Fundación Clinton actúa tanto en los Estados Unidos como en el mundo, según temáticas muy diversas que incluyen la salud pública, los derechos de las mujeres y la lucha contra el calentamiento global. Estas obligaciones están menguadas dentro de una constelación de programas autónomos, como la CHAI (Clinton Health Access Initiative). Adoptando la teoría del smart power promovida por Hillary Clinton en el Departamento de Estado, la organización reivindica un planteamiento fundado en la innovación, la flexibilidad y los resultados obtenidos. Al contrario de las prácticas tradicionales, la fundación financia poco a otros actores y desatiende las actividades operacionales, privilegiando la negociación previa a convenios, principalmente con firmas transnacionales. Esto hasta el punto de que un artículo del New York Times la describe como una compañía global de consulting sin ánimo de lucro, al explorar nuevos mercados en los países del Sur por cuenta de su red de donantes. Entre sus logros innegables cabe resaltar la fuerte baja en el precio de ciertos tratamientos médicos – a modo de ejemplo, los antirretrovirales en Ruanda – por vía de acuerdos que aseguran controles conjuntos regulares a los laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, estos métodos han enfrentado grandes fracasos, como lo muestran los esfuerzos realizados en Haití –en particular, el parque industrial de Caracol – después del sismo del 12 de enero de 2010. Más allá de este balance atenuado, la entidad filantrópica suscita tantas aprensiones en tanto Hillary Clinton dirigió la política exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2013. Numerosos columnistas señalaron el riesgo de un acceso a un gobierno a la carta – pay-to-play –, duplicando los canales tradicionales de lobbying institucional. Algunas sumas recibidas por la Fundación Clinton no habrían sido declaradas al Departamento de Estado, entre ellas, medio millón de dólares que el gobierno argelino había destinado a la emergencia humanitaria en Haití. Por otro lado, cabe señalar que ciertos medios se cuestionan acerca de las operaciones comerciales de un donante mayor de la CGI, el millonario canadiense Frank Giustra. Más aún, el banco suizo UBS habría incrementado significativamente sus contribuciones al organismo caritativo tras el arreglo de su litigio con el fisco estadounidense –el IRS (Internal Revenue Service) – bajo las auspicias de Hillary Clinton. Muchos elementos fueron retomados, al acercarse la elección presidencial de 2016, por el Wall Street Journal o por el portal ultraconservador Breitbart News, en la elaboración de un libro a cargo del primero titulado Clinton Cash. Aparte de las sospechas de enriquecimiento personal –las conferencias remuneradas habrían registrado varias decenas de millones de dólares a la familia Clinton–, esta ofensiva partidista pretende describir un sistema elitista de corrupción en el más alto nivel del Estado federal.
Frente a estas alegaciones, la fundación se ha conformado con afirmar su apoliticismo mientras que sus defensores, como el economista Paul Krugman, estigmatizan un ensañamiento ideológico contra personalidades muy expuestas. Si bien se debe constatar que ninguna prueba irrefutable –smoking gun– ha sido aportada hasta el momento, las tensiones internas en la organización parecen, no obstante, perpetuar un déficit crónico de transparencia. A partir de 2011, el ascenso de Chelsea Clinton en el seno de la institución ha encontrado la resistencia de ciertos colaboradores históricos como Douglas Band, iniciador de la CGI. Este último sería acusado de obtener beneficios económicos por el acceso que tiene a Bill Clinton, y de utilizar esta posición privilegiada para desarrollar Teneo, su propia sociedad de asesoría. Tales prácticas se encuentran en el entorno de Hillary Clinton : sus allegadas Cheryl Mills – creadora del Grupo BlackIvy – y Huma Abedin han ocupado, simultáneamente, cargos en la administración federal y en la Fundación Clinton. Superando la polarización extrema de la campaña, esta porosidad estructural podría indicar una redefinición de los límites del campo político desde arriba. Por consiguiente, la fachada filantrópica no sabría ocultar esta recomposición del poder que reposa, en última instancia, sobre la estrecha interlocución de fuertes intereses.
Referencias
Bishop Matthew, Green Michael, Philanthrocapitalism. How Giving Can Save the World, New York, Bloomsbury Press, 2009.
Clinton William J., Giving: How Each of Us Can Change the World, New York, Knopf, 2007.
Fahrenthold David A., Hamburger Tom, Helderman Rosalind S., « The Inside Story of How the Clintons Built a $2 Billion Global Empire », The Washington Post, 2 juin 2015.
Paule Clément, « La santé publique à l’heure du capitalisme philanthropique. Le financement dans les PVD par la Fondation Gates », Passage au crible (14), 11 fév. 2010, disponible en: http://urlz.fr/4roD
Sack Kevin, Fink Sheri, « Rwanda Aid Shows Reach and Limits of Clinton Foundation », The New York Times, 18 oct. 2015.
Schweizer Peter, Clinton Cash: the Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich, New York, Harper Collins Publishers, 2015.
Apr 11, 2017 | África, Bienes públicos mundiales, Passage au crible (espagnol)
Por Philippe Hugon
Traducción : Duly Albarracín
Passage au crible n°148
Source: Flickr
La COP22 se realiza del 7 al 18 de noviembre en Marrakech. Esta tiene por objetivo transformar, en acciones concretas, los principios establecidos por la COP21. Esta cumbre se desarrolla en tanto los escépticos del cambio climático han casi que desaparecido del campo científico. Sin embargo, su tesis es defendida en los países industrializados por ciertos movimientos populistas y por dirigentes políticos que buscan captar voces (Sarkozy en Francia, Trump en Estados Unidos). Como a lo anterior, la COP22 se enfrenta a la cuestión de la deuda climática y a la repartición de su financiamiento.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), firmada en Rio de Janeiro en 1992, fue puesta en marcha en 1994 por la Conference of Parties, también llamada COP.
El Protocolo de Kyoto de 1997 representó, para entonces, un gran avance. Entrado en vigor en 2005 después de haber sido ratificado por 175 países, mantuvo la “responsabilidad común y diferenciada” e introdujo el principio de derechos de emisión. Pero los países emergentes fueron eximidos de límites de reducción de GEI (Gases de efecto invernadero). Además, este tratado no tomó en cuenta las “emisiones virtuales” o las fugas de carbono ligadas al comercio internacional. Por último, cabe recordar que Estados Unidos se negó a ratificarlo. A los MDL (Mecanismos de desarrollo limpio) les fueron impuestos límites en lo que concierne a África. En cuanto a la reunión de Copenhague, esta acabó siendo un fracaso en 2009.
Por el contrario, el acuerdo de la ONU sobre el clima firmado en diciembre de 2015 (COP21) registró un progreso. Este fue el de limitar a 2 grados centígrados el calentamiento global para 2050, de reducir las emisiones de CO2 en un 50% para 2100, y en un 100% para 2100. Este texto previó unos mínimos de financiamiento anual global de 100 mil millones de dólares por año para un grupo de 77. Fue aprobado por unanimidad de 196 delegaciones, lo que constituye un éxito diplomático obtenido al precio de importantes concesiones, a las que se suman promesas no controladas. Si bien reposa sobre bases justas, no es tan sólido en cuanto a los compromisos y las medidas concretas a realizar. Asimismo, la negociación, con respecto a la transparencia, resultó siendo un fracaso. No obstante, este documento fue ratificado por los grandes emisores de GEI y por un número suficiente de Estados para que entrara en vigor.
Si bien es imposible que la COP22 pueda gozar del mismo reconocimiento mundial que la COP21, aun así, esta se desarrolla simbólicamente en Marruecos, país modelo en materia de transición energética. En este Estado, la electricidad depende un 97% de las importaciones en tanto el consumo de energía crece 7% por año. Así, el objetivo consiste en aprovisionar la electricidad por medio de energías renovables y en reducir las emisiones de GEI un 32% para 2030. Además, 64% de la inversión relacionada al cambio climático está dirigida a la adaptación y a la transición energética hacia recursos renovables (solar, eólica), siendo esta del 9% de las inversiones a nivel mundial.
En el seno de las Naciones Unidas, el paso de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) significa para todos un cambio de paradigma que concierte tanto al Norte como al Sur.
Marco teórico
Las conferencias climáticas se remiten a dos orientaciones principales.
1. Las estrategias desplegadas frente a los riesgos climáticos. ¿Hay que prevenir las amenazas por medio de estrategias proactivas o principios de precaución? ¿Hay que poner en marcha mecanismos de compensación o favorecer, más que todo, la adaptación, la resiliencia (capacidad de responder a los impactos) y la mitigación (atenuación de los efectos de los daños)? ¿La gestión medioambiental concierne prioritariamente a los actores locales o implica el conjunto de partes interesadas de la escena mundial?
2. La ausencia absoluta de autoridad con supremacía a los Estados en materia climática. Conformado por un conjunto de Estados soberanos, el marco multilateral clásico parece insuficiente para responder a los desafíos medioambientales y climáticos. No existe una autoridad supranacional ni una organización mundial del medio ambiente que proteja y administre los bienes públicos mundiales.
Análisis
Ya no cabe duda en cuanto al impacto reciente y futuro dentro de la comunidad científica. El recalentamiento a nivel mundial ya está estimado en 0,6 grados en un siglo. Los fenómenos extremos se traducen notablemente en sequías o inundaciones. Estos también implican la reducción a largo plazo de precipitaciones en las regiones áridas. Los efectos de estas amenazas climáticas son muy conocidos en términos de desertificación, estrés hídrico, vulnerabilidad de la agricultura, de fragilidad de las pequeñas islas y de las ciudades costeras. Después de todo, estos alteran la salud pública y los flujos migratorios a escala mundial.
Las emisiones de GEI se cuadriplicaron entre 1959 y 2014, en tanto que la población mundial pasaba de ser 3 a ser 7,2 mil millones. Estas aumentaron de 3 a 5 toneladas por individuo. Se evidencia entonces un cambio territorial de los emisores. En efecto, los países desarrollados representaban, en 1990, dos tercios de las emisiones mientras que, actualmente, los países del sur – principalmente los países emergentes – constituyen cerca de la mitad de ello. Sin embargo, un habitante en los países del Norte emite 10,8 toneladas de GEI y en el Sur produce no más de 3,5 toneladas. Por su parte, África subsahariana presenta una emisión de 0,87 toneladas de CO2 por habitante.
Pero estos datos, expresados en términos de territorialización de las emisiones, deben ser corregidos de dos maneras:
No incorporan el agotamiento de recursos forestales (sumideros de carbono), recursos energéticos no renovables que son, en lo esencial, exportados. Por ejemplo, en África, el ahorro neto ajustado (ahorro nacional – (emisión de CO2 + agotamiento de recursos energéticos, forestales y minerales)) resultó negativo en el periodo 2007-2009. La República Democrática del Congo, el Congo, Nigeria y Angola presentan el mayor ahorro neto negativo.
No toman en cuenta el impacto del comercio exterior y la deslocalización de los emisores de GEI en el contexto de la mundialización, considerando el incumplimiento de normas medioambientales por las firmas transnacionales y el riesgo de dumping medioambiental. Además, conviene integrar el contenido en GEI de las importaciones y exportaciones después de calcular el componente de la huella de carbono de diversos segmentos en el seno de las cadenas mundiales de valores. Estarían en último lugar la deslocalización y la externalización de contaminaciones climáticas que relativizan fuertemente las virtuosas declaraciones formuladas por los territorios del Norte.
Ya que las cuestiones climáticas son tratadas con independencia del carácter transnacional de las firmas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se encuentra muy desconectada de las negociaciones comerciales, notablemente al interior de la OMC, o de acuerdos de múltiple asociación. Por tanto, convendría conectar la protección del ambiente, el comercio y la inversión en el marco de la mundialización de la economía de mercado. Ahora bien, las negociaciones y los acuerdos internacionales privilegian la soberanía nacional en lugar de tomar en cuenta las interdependencias existentes entre los actores presentes a diversas escalas territoriales que van del nivel mundial a nivel de naciones, de regiones y de colectividades locales.
Por otra parte, las transiciones energéticas difieren entre los estadios de desarrollo alcanzados por los diferentes países. Los países africanos podrían, por ejemplo, realizar más fácilmente un crecimiento verde gracias a la diversidad de sus socios, a las revoluciones tecnológicas que reducen los costos y a la posibilidad de eludir fases, sin tener que administrar infraestructuras pesadas que dependan fuertemente de energías fósiles. Estos pasos diferenciados supondrían el apoyarse sobre actores públicos pero también no estatales, con la condición de beneficiar financiamientos ad hoc no reducibles a transferencias de fondos acaparados por Estados rentistas. La COP22 debe permitir afrontar todas estas situaciones.
Referencias
Hugon Philippe, Afriques entre puissance et vulnérabilité, Paris, Armand Colin, 2016.
Nations Unies Commission économique pour l’Afrique, Vers une industrialisation verte en Afrique, New York, 2016.
Stern Nicholas, Why Are we waiting? The Logic Urgency and Process of Tackling Climate Change, Cambridge, (Mass.) MIT Press, 2015.
Apr 3, 2017 | Bienes públicos mundiales, Comercio internacional, Derecho internacional público, Passage au crible (espagnol)
Por Valérie Le Brenne
Traducción : Duly Albarracín
Passage au crible n°146
Source: Pixabay
Del 10 al 15 de octubre de 2016, se llevó a cabo la Cumbre de la Unión Africana sobre la Seguridad y la Protección Marítimas, y el Desarrollo en Lomé (Togo). Al término de este encuentro, treinta y un Estados adoptaron una Carta para luchar contra la piratería y la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
África Occidental es una de las regiones más azotadas en el mundo por causa de la pesca ilegal. Vale la pena señalar que esta práctica se distingue de la pesca no declarada, así como de aquella que no está reglamentada. Frecuentemente confundidas de forma errónea, la primera constituye un crímen perpetrado a escala internacional, mientras que la segunda incluye tanto delitos de caza furtiva local, como infracciones relacionadas con las normas nacionales vigentes.
La magnitud de este fenómeno permanece difícil de examinar, especialmente a causa de: 1) poderes coercitivos débiles conferidos a las organizaciones regionales de pesca (ORP), 2) la ausencia de cooperación regional entre los Estados, 3) el gran déficit de dispositivos de control nacionales, 4) la falta de coordinación de las autoridades portuarias en este ámbito, 5) la dimensión transnacional de las operaciones y, dado el caso, de las redes criminales implicadas y, 6) la sofisticación de los mecanismos de blanqueo utilizados. No obstante, se estima que este tipo de extracción representa entre un tercio y la mitad de las extracciones anuales realizadas en aguas occidentales africanas, por un monto aproximado de unos 1,3 miles de millones de dólares. En 2013, un equipo de investigadores del proyecto Sea around us – un programa desarrollado por la Universidad de Columbia Británica en Canadá, el cual elabora un vasto conjunto de datos con respecto a la pesca mundial – ha cuantificado el impacto de este fenómeno en Senegal. Según las conclusiones comunicadas al gobierno, el lucro cesante ascendía alrededor de unos 300 millones de dólares anuales.
Desde mediados de los años noventa, los recursos pesqueros sufren una disminución continua. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la proporción de reservas sobre explotadas pasó entre 1973 y 2013, del 10% al 31,4%. A pesar de esto, la lucha contra la pesca ilegal se ha convertido en un desafío mayor, con el fin de orientar a las compañías pesqueras mundiales hacia un modelo de explotación sostenible. Asimismo, se trata de un reto para los países costeros en desarrollo, en materia de seguridad alimentaria.
Actualmente, esta cuestión figura entre las grandes prioridades de la agenda internacional en materia de protección oceánica. En septiembre de 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fijó nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales, el décimo cuarto, consagrado a la “Vida Submarina”, dispone la eliminación de esta práctica. Por otra parte, en junio de 2016, se realizó un avance significativo con la entrada en vigor del acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado rector del Puerto (PMS en sus siglas en inglés), el cual aspira a prevenir, obstaculizar y eliminar la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada. Adoptado en 2009, este tratado obliga a los países afiliados al mismo a: 1) “establecer medidas en materia de control portuario de buques pesqueros”, 2) “prohibir el acceso a puertos o el uso de sus infraestructuras a los buques que hayan participado en actividades ilícitas” 3) “prever el intercambio de información de estos buques entre los Estados”.
Marco teórico
1. Las deficiencias de la gobernanza marítima. Adoptada en 1982 en Bahía Montego (Jamaica) y entrada en vigor en 1994, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) regula el uso de las aguas interiores y del océano. Más específicamente, este documento estableció la soberanía de los Estados costeros sobre sus aguas nacionales. Todo país que haga la petición oficial puede así disponer de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas, en la cual está exclusivamente habilitado para determinar las actividades que allí se realizarán (exploración y extracción de minerales, energías marítimas renovables, pesca, turismo, etc.). Pero, a pesar de este avance jurídico, los países de África occidental – cuyos abundantes recursos pesqueros suscitan numerosas codicias – enfrentan serias dificultades para hacer respetar este derecho. Por falta de medios de control marítimo, las autoridades no consiguen interceptar los buques de pesca que operan ilegalmente en sus ZEE usando todo tipo de estrategias para escapar a los dispositivos de localización.
2. El crimen transnacional. La pesca INDNR es practicada en diferentes países de la región – principalmente en África Occidental, el Sudeste Asiático y la Antártida – e implica a una buena cantidad de Estados, especialmente aquellos que ofrecen corredores de indulgencia. Basada en redes organizadas, esta modalidad constituye hoy en día una nueva forma de crímen transnacional. Así las cosas, asistimos en respuesta a la ejecución de nuevos instrumentos (acuerdos, cartas, programas de vigilancia, etc.), que resultan de la convergencia de múltiples instituciones (organizaciones internacionales, organizaciones regionales, Estados, ONG, universidades) alrededor de esta problemática. Sin embargo, estas iniciativas se muestran muy dispares y les cuesta derivar en una cooperación funcional, ya que no logran concretar las obligaciones contraídas por los Estados involucrados.
Análisis
La adopción de la CNUDM en 1982 fue precedida por tres reuniones internacionales, siendo la primera de ellas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Ginebra en 1958, que desembocó en la firma de cuatro convenciones. No obstante, estas reglas fueron rápidamente cuestionadas por los países en desarrollo que venían accediendo a la independencia. En este sentido, cabe recordar que a partir de los años cincuenta, las navieras europeas (españolas, francesas y portuguesas), enfrentadas a la disminución de ciertas especies en el Atlántico Norte, comenzaron a operar en África Occidental. En esa misma época, múltiples estudios científicos determinaron la abundancia de reservas en la región, lo que aceleró la expansión de barcos pesqueros hacia las aguas del Golfo de Guinea. A raíz de estas controversias, se convocó una segunda conferencia en 1960, pero esta fue concluida sin llegar a acuerdo alguno. Una tercera conferencia fue abierta en 1972 y se reunió hasta 1982.
Al haber asignado el principio de respeto de la ZEE, el tratado autoriza a los Estados que presentan un fuerte potencial de recursos pesqueros, para que puedan protegerlos de buques extranjeros y privilegiar sus propias flotas. Además, la convención en Bahía Montego prevé que los Estados que no estuviesen en capacidad de explotar la totalidad de sus existencias, pueden firmar convenios con otros países para que ellos accedan a este excedente, a cambio de una compensación financiera. Faltos de las infraestructuras suficientes y de los medios para invertir en la construcción de nuevas unidades; de los datos y de la experticia que permitan contradecir las evaluaciones realizadas por los científicos extranjeros, la mayoría de los Estados concluyó este tipo de acuerdos y, en este sentido, recaudaron impuestos sobre el valor de la extracción.
Sin embargo, este proceso no vino acompañado por un refuerzo de la seguridad marítima en África Occidental. Un número creciente de barcos extranjeros – europeos en primer lugar, luego, a partir de los años noventa, rusos, chinos y originarios de Asia suroriental – comenzó a operar ilegalmente en estas aguas, en detrimento de los pescadores locales. En algunas décadas, el fenómeno ha tomado una magnitud inédita, al punto que amenaza, en lo sucesivo, a los ecosistemas ya frágiles, los equilibrios socioeconómicos de las comunidades litorales, todo ello representando un riesgo sustancial para la seguridad alimentaria. Además de eso, con la escasez de recursos pesqueros se incitó a algunos armadores asiáticos a disminuir sus costos de producción, aumentando de este modo la trata de personas, al embarcar por ejemplo a exiliados birmanos.
De esta forma, la lucha contra el crimen transnacional se ha convertido en una de las prioridades de la agenda internacional. Se han identificado diversas formas de operar en África Occidental. Una de las primeras estrategias consiste en burlar los dispositivos de vigilancia, ya sea: 1) desactivando los sistemas de identificación automática (SIA) y/o de vigilancia de navíos por satélite (VMS), o 2) transmitiendo datos erróneos, o aun 3) modificando las marcas que permiten reconocer un barco. Un segundo método se apoya en el transbordo de cargamentos ilícitos, es decir, la transferencia de extracciones en uno o varios buques de carga refrigerada a fin de blanquearlos y mezclarlos con las extracciones legales. Esta maniobra puede efectuarse en el puerto, cerca de las costas o en alta mar. Otra técnica puede ser la de recurrir a una falsa matrícula, como fue el caso del cazador furtivo Thunder (PAC 126). Al fin y al cabo, el grave déficit de transparencia en materia de asignación de licencias en los países de África Occidental facilita y estimula los usos fraudulentos.
A fin de detener estas prácticas, la FAO – principal organización internacional que interviene en el sector de las pescas marítimas – elaboró el acuerdo Port State Measures Agreement (PMS) que propone vigilar más estrictamente las actividades portuarias. En este caso, este tratado prevé reforzar los intercambios de información entre Estados, organizaciones internacionales y las ORP con el objetivo de: 1) mejorar la identificación y el seguimiento a los contrabandistas y, 2) capturar más eficazmente a las unidades implicadas en las actividades ilícitas y/o los transbordos ilegales. Al respecto, el desarrollo reciente de tecnologías avanzadas – por ejemplo, la herramienta de seguimiento en tiempo real, Global Fishing Watch, que resulta de la cooperación entre Google, SkyTruth, Océana y diversas universidades – representa un avance sustancial en materia de localización. Con todo ello, no se contabilizan sino 47 Estados parte en el acuerdo PSM, entre los cuales sólo hay siete países de África Occidental (Angola, Benín, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea y Sierra Leona). Hoy en día ninguno de ellos lo ha ratificado aún. Lo mismo ocurre en la carta de Lomé, que cuenta con dos grandes ausencias: la de Camerún y la de Senegal, cuyas economías se ven muy afectadas por las incursiones extranjeras en sus aguas marítimas. Cabe señalar que el texto tan sólo enuncia grandes principios rectores – particularmente en materia de intercambio de información entre los Estados – pero no contempla la ejecución de ningún mecanismo específico.
Basta con afirmar que con la ausencia de compromisos concretos por parte de los países involucrados, la lucha contra la pesca ilegal no sabrá producir resultados concluyentes. Este tipo de avances se muestran, sin embargo, indispensables si se considera que las especies situadas en aguas ecuatoriales, aparte de ser sobre explotadas, ya padecen las consecuencias del cambio climático.
Referencias
Daniels Alfonso et al., Western Africa’s Missing Fish: The Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Under-reporting Catches by Foreign Fleets, Overseas Development Institute, Londres, juin 2016.
Interpol, Sous-direction de la sécurité environnementale (Projet Scale), Étude sur la pêche illégale au large des côtes d’Afrique de l’Ouest, Lyon, sept. 2014.
Le Manach Frédéric et al., « Who gets whats ? Developing a more equitable framework for EU fishing agreements », Marine Policy, 38, 2013, pp.257-266.
Pauly Daniel, « La pêche illégale le long de la côte ouest-africaine », Diplomatie magazine, numéro spécial, octobre 2016, pp. 68-71. (Non diffusé)
Portal oficial de la Cumbre de Lomé sobre la Seguridad y la Protección Marítimas, y el Desarollo, disponible en: https://www.sommetdelome.org/ (Consultado el 20 de octubre de 2016).
