Por Clément Paule
Traducción: Daniel Del Castillo
Passage au crible n°104
Source: Chaos International
El 12 de enero de 2014, la República de Haití conmemoró el cuarto aniversario del sismo destructor que devastó el área metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores. No obstante, otra catástrofe, de tipo sanitario esta vez, sobrevino en el país a finales del año 2010. Se trata de la epidemia del cólera, la cual habría provocado hasta hoy el deceso de cerca de nueve mil personas. A pesar de los esfuerzos conjuntos de los operadores de la ayuda internacional y las autoridades haitianas desde hace más de tres años, los nichos de vibrio cholerae permanecen activos en unas veinte localidades, según el más reciente comunicado del Ministerio de la Salud Pública de la Población (MSPP). Mientras se organizaba una lucha incierta contra esta toxiinfección mortal, la controversia sobre el origen de la contaminación tomó una amplitud considerable cuando las sospechas se orientaron hacia un contingente nepalés de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH); fuerza multilateral de mantenimiento de la paz presente en el país desde el 2004. La responsabilidad de las Naciones Unidas constituye a partir de ahora un debate mayor, en el detonante de la peor crisis epidémica contemporánea de cólera.
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> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
La crisis sanitaria comenzó durante el otoño de 2010 en el departamento del Centro, no muy lejos de Mirebalais, barrio situado a unos sesenta kilómetros al noreste de Puerto Príncipe. Hasta entonces desconocida en Haití, la enfermedad se propagó muy rápidamente; al punto que, un oficial del MSPP evocó, en noviembre de 2010, un desafío mayor de la seguridad nacional. La respuesta humanitaria de los actores de la asistencia internacional se agrupó bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Médicos Sin Fronteras (MSF); con el despliegue de centros y unidades de tratamiento en todo el país. Las autoridades parecían además desbordadas frente a las urgencias continuas; sobre todo que el paso del huracán Tomás por la isla a principios de noviembre, dificultó aún más la situación, que de por sí ya era precaria. Cientos de miles de personas, clasificadas como Internally Displaced People (IDP), aún vivían en carpas en el centro de la capital traumatizada por el seísmo del 12 de enero. Al respecto, la plaga se dispersó muy rápido sobre todo el territorio haitiano, para luego manifestarse en República Dominicana – dónde se presentaron centenares de miles de casos – y en menor medida, en Cuba.
Pero la cuestión de la introducción del vibrio cholerae fue inmediatamente objeto de rumores persistentes, designando a la base militar de la MINUSTAH situada en la región de Mirebalais. Las investigaciones desarrolladas sobre la cepa patógena de la bacteria permitieron determinar su origen asiático – de serotipo O1 El Tor Ogawa – que fue por lo tanto importada. Desde el mes de diciembre de 2010, la publicación de una encuesta epidemiológica realizada por un médico francés, confirma la pista del campamento de los cascos azules, cuyo defectuoso sistema de evacuación de las aguas negras – otorgado a un contratista haitiano – habría acarreado la contaminación de un afluente del Río Artibonito, el más grande de Haití. Después de muchos meses de polémica, otros estudios consolidaron esta hipótesis y descartaron las tesis alternativas de una propagación desde la costa debida a la coyuntura climática.
Hasta el momento, más del 6% de la población haitiana habría sido afectada por la epidemia – ya sea cerca de 700 000 casos, un impacto probablemente sub-valorado. Esta continúa matando por olas recurrentes, en particular en las zonas más alejadas, dónde el personal médico sigue siendo insuficiente y el acceso al agua potable, inexistente. En lo que a esto concierne, citemos las estadísticas del MSPP en la tercera semana de enero de 2014: 75 personas fueron hospitalizadas, tres de las cuales perecieron a causa del vibrión colérico. Si bien parece que ahora la amenaza ha sido relativamente contenida, el país permanece en estado de alerta permanente y la erradicación debería extenderse a varios años, incluso décadas; siendo que los programas internacionales de urgencia ya están cerrando, a falta de financiación.
1. La irresponsabilidad de una organización internacional. Si bien al principio el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) ignoró la polémica, sus portavoces desarrollaron progresivamente una comunicación basada en la tecnicidad del problema y el rechazo implícito de cualquier forma de rendición de cuentas (accountability).
2. La mediación timorata de un Estado excedido. Durante largo tiempo, el gobierno haitiano permaneció inerte frente a esta controversia socio-técnica. Pero recientemente trató de retomar el liderazgo, proponiendo un conjunto de medidas cuyo objetivo es encontrar una solución política a la crisis sanitaria.
En el contexto nacional, que ya era muy sensible frente a la presencia de tropas extranjeras desde el 2004, las movilizaciones de las víctimas se organizaron alrededor de movimientos como el Colectivo de Movilizaciones por la Indemnización de las Víctimas del Cólera (COMODEVIC) y el Moun Viktim Kolera (MOVIK). Numerosas manifestaciones se dieron en el país – pero igualmente en Nueva York – con la finalidad de reclamar a las Naciones Unidas las respectivas reparaciones simbólicas – bajo la forma de excusas públicas – y materiales, es decir indemnizaciones para las familias en duelo. Observamos que estas actividades protestatarias tuvieron continuidad a nivel jurídico, sobre todo con la queja interpuesta por dos organizaciones gemelas, en noviembre de 2011, en representación de cinco mil personas: el Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH), ONG fundada por un abogado norteamericano especialista de los Derechos Humanos. Así como Advocates International, su contraparte a nivel local. Dos años más tarde, un nuevo proceso contra la ONU fue emprendido por los juristas haitianos en Nueva York, con el objetivo de exigir compensaciones para la población. Citemos finalmente la publicación, a finales de 2013, de un reporte alarmante elaborado por investigadores de la Universidad de Yale, en el cual se incrimina a la MINUSTAH, tanto a nivel de la salud pública, como del derecho.
A pesar de esto, los responsables de la ONU se atrincheraron durante las primeras semanas de la epidemia en la estrategia sistemática de desmentir lo sucedido: incluso, los altos representantes de la OMS y de los CDC, quiénes optaron por el tratamiento técnico de un problema sanitario, afirmaron que la investigación sobre el origen de la epidemia no constituía una prioridad. Recordemos que el país se encontraba entonces en período electoral, y los administradores de fondos habían apoyado fuertemente la organización precipitada de un escrutinio presidencial, considerado como indispensable para el proceso de reconstrucción. No obstante, la sucesión de experticias que ponen en duda a la MINUSTAH, indujo a las Naciones Unidas a llevar a cabo una contra-ofensiva mediática y jurídica. Para rechazar las reclamaciones de los abogados haitianos que invocaban el acuerdo Status of Forces Agreement (SOFA) de 2004, firmado entre la ONU y el gobierno haitiano – que preveía especialmente el establecimiento de una comisión de reclamaciones – la Organización Internacional recurrió, en febrero de 2013, a la sección 29 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de 1946. En este sentido, las solicitudes de indemnización fueron consideradas como improcedentes: recalquemos que el Secretario General Ban Ki-moon se expresó al respecto, insistiendo en los 140 millones de dólares de fondos multilaterales invertidos en la lucha contra el cólera; al mismo tiempo que se rehusó implícitamente a reconocer cualquier responsabilidad en la crisis sanitaria.
Frente a la amplitud de la controversia, el Estado haitiano se ha resguardado en el silencio durante largos meses, lo que demuestra su dependencia en relación a lo internacional, pero igualmente los conflictos incesantes entre el nuevo Presidente y el Parlamento. El Ministro de Asuntos Exteriores incluso declaró, en octubre de 2012, que no tenía ninguna prueba que implicara al pie de fuerza de la ONU en la propagación del vibrio cholerae. En el otoño de 2013, el Primer Ministro haitiano inició un viraje al evocar la responsabilidad moral de la ONU y propuso, en la Asamblea General de las Naciones Unidas No. 68, la creación de una estructura mixta encargada de encontrar un compromiso. Esta tímida vía de salida se apoya sobre todo en un plan decenal de erradicación de 2,2 miles de millones de dólares, que tiene como objetivo construir una red eficaz de tuberías y saneamiento, al mismo tiempo que frena la epidemia gracias a las campañas de vacunación oral. Sin embargo, esta iniciativa tardía será financiada por las Naciones Unidas únicamente en un 1%, ya que prefirieron lanzar una licitación al sector privado y la filantropía capitalista. Esto a pesar de que la estrategia escogida por la ONU, implícita de impunidad, costó a la Organización Internacional su mayor desprestigio. El escándalo del cólera en Haití demuestra de este modo los límites de un enfoque centrado en una población a la cual hay que atender, en detrimento del imperativo de responsabilidad frente al pueblo.
Paule Clément, « La gestion capitaliste d’une catastrophe naturelle. Le deuxième anniversaire du séisme haïtien, 12 janvier 2012 », Fil d’Ariane, Chaos International, febrero de 2012, consultable sur le site de Chaos International : http://www.chaos-international.org.
Transnational Development Clinic, Jerome N. Frank Legal Services Organization, Yale Law School, Global Health Justice Partnership of the Yale Law School and the Yale School of Public Health, Association Haïtienne de Droit de l’Environnement, « Peacekeeping Without Accountability. The United Nations’ Responsibility for the Haitian Cholera Epidemic », agosto de 2013, Disponible en la dirección Web siguiente: http://www.yaleghjp.org [11 de enero de 2014].
